La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión para el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por idear presuntamente un plan corrupto como presidente del ente público Canal de Isabel II para adquirir la compañía brasileña Emissao y repartirse 5,4 millones de dólares -aproximadamente 4 millones de euros- en comisiones ilegales con cargo al sobreprecio que se pagó por la citada empresa con otras personas .

La Fiscalía acaba de presentar su escrito de acusación contra González y otros seis acusados por la primera pieza del denominado caso Lezo, que se investiga en el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional.

Denuncia de Cifuentes

Precisamente González fue detenido por la Guardia Civil el 19 de abril de 2017 en el marco de una investigación sobre el desvío de fondos del Canal de Isabel II, organismo que él presidió entre 2003 y 2012, antes de llegar a la presidencia madrileña. Precisamente fue la Comunidad de Madrid, con la también popular Cristina Cifuentes al frente, quien presentó una denuncia por operaciones irregulares en el extranjero del Canal de Isabel II que desató la investigación del entonces instructor Eloy Velasco en la Audiencia Nacional.

Dos días después de la detención por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, González ingresó en prisión preventiva, lo que supuso un duro golpe para la imagen del Partido Popular madrileño. Cinco meses después, el 8 de noviembre, González abandonó la prisión provisional tras depositar una fianza de 400.000 euros. El pasado noviembre, el ahora instructor del caso Lezo, Manuel García Castellón, procesó a Ignacio González por los presuntos delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos por su gestión al frente del Canal de Isabel II y como presidente madrileño.

«Proceso plagado de ilicitudes»

Ahora, la Fiscalía presenta su escrito de acusación, en el que solicita ocho años de prisión para González por enriquecerse con la extensión internacional del Canal de Isabel II. Según el Ministerio Público, el proceso de compra de la compañía Emissa desde el Canal de Isabel II se llevó a cabo entre los años 2012 y 2014 y «estuvo plagado de ilicitudes».

Según el Ministerio Público, «la operación supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la Administración autonómica por un importe entre 6,8 y 9,7 millones de euros, debido al sobreprecio pagado por su adquisición, de acuerdo con el plan ideado por los acusados Ignacio González, presidente del ente público Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012 y de la Comunidad de Madrid entre los años 2012 y 2015; Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente Ejecutivo de Inassa entre los años 2006 y 2016; Diego Fernando García Arias, director gerente de nuevos negocios de Inassa entre los años 2011 y 2015; Luis Vicente Moro, delegado del Gobierno de Ceuta vinculado a la mercantil Essentium SA y Ramón Navarro Pereira, director Gerente de Triple A, quienes habían pactado repartirse 5,4 millones de dólares ‒aproximadamente 4 millones de euros‒ en comisiones ilegales con cargo a dicho sobreprecio».

Para ello, según la Fiscalía, «contaron con la colaboración esencial del acusado Sebastiao Cristovam, propietario de Emissao, quien se avino a incrementar el precio de la venta con el solo fin de facilitar el reparto de los fondos públicos».

Relación entre las compañías

El Ministerio Público explica de la siguiente manera la relación entre las compañías internacionales a las que pertenecían los principales acusados y la manera en que el Canal de Isabel II adquirió la brasileña Emissao, para la que presuntamente se habrían desviado fondos públicos:

«Canal Gestión es propietaria de la sociedad Canal Extensia SA, constituida el 5 de diciembre de 2001, cuya única actividad es la gestión de las sociedades en las que participa. Entre ellas se encuentra la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios SA (INASSA), en la que posee una participación del 81,24%, la cual desarrolla su actividad en distintos países de Latinoamérica, como Colombia, República Dominicana y Brasil. El principal activo de INASSA es la sociedad pública colombiana Triple A Barranquilla -en adelante TRIPLE A-, que se nutre de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla (Colombia).

El 14 de noviembre de 2013 Canal Extensia SA e Inassa adquirieron conjuntamente el 75% de la brasileña Emissao Enghenaria e Construcoes SA ‒en adelante Emissao‒, para lo cual compraron la sociedad uruguaya Soluciones Andinas del Agua SRL ‒en adelante SAA‒, participada en un 50% por cada una de ellas. El objeto social de Emissao abarca la prestación de servicios relacionados con el ciclo integral del agua. En la fecha de los hechos el 80% de su facturación procedía de la brasileña Companhia Estadual de Águas e Esgotos ‒en adelante CEDAE‒».