El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tomará declaración este martes al etarra Anton López Ruiz, ‘Kubati‘, tres dirigentes de Sortu y dos condenados por Gestoras pro Amnistia por la causa que investiga la organización de casi un centenar de actos de homenajes a presos de la banda terrorista ETA entre los años 2016 y 2019.

Aparte de ‘Kubati’, están citados a partir de las 10.00 horas Haimar Altuna, Oihana San Vicente y Oihana Garmendia, los tres de Sortu, y Juan Mari Olano –exparlamentario vasco de Herri Batasuna– y Julen Larrinaga, ambos condenados en 2008 por la Audiencia Nacional por integración en organización terrorista en el marco de la causa contra Gestoras.

Los cuatro primeros fueron detenidos el pasado mes de enero y todos están investigados en esta causa cuya instrucción comenzó hace más de año y medio por haberse constatado una estructura dirigida a coordinar actos de homenaje a presos de la organización terrorista. Se les imputan delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación de sus víctimas.

Las comparecencias de estos seis imputados forman parte de la segunda tanda de declaraciones que convoca el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, después de que el lunes pasaran por la Audiencia Nacional otros seis investigados.

Fueron la dirigente de Sortu en Navarra Miren Zabaleta, hija del secretario general de Aralar Patxi Zabaleta, el etarra Jorge Olaiz y otras cuatro personas que en los últimos años han sido investigadas por colaboración con ETA: Alberto Matxain, Garazi Autor, Ikerne Indakoetxea e Irati Tobar.

SÓLO DE FORMA PUNTUAL

Los seis aseguraron ante el magistrado que no conocen de ninguna estructura que esté detrás de la organización de homenajes a etarras y subrayaron que ellos sólo participaron en algunos de forma puntual por estar sensibilizados con la situación de los presos etarras y sus familias.

En todo caso, afirmaron que estuvieron en el contexto de esos homenajes, como manifestaciones o ruedas de prensa, y que tomaron la palabra en dichos actos, pero no fue porque nadie se lo encargara o porque exista una organización.

Sin embargo, los investigadores de la causa refieren 95 actos celebrados entre diciembre de 2016 y octubre de 2019 en diferentes localidades del País Vasco y Navarra, por lo que concluyen que se trata de una conducta «reiterada y sistemática» desplegada a partir de «una estructura organizativa».