La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha remitido este martes un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que solicita, ante la crisis de la epidemia del coronavirus que ha obligado al Gobierno a paralizar la actividad lectiva en Madrid, Vitoria y Labastida (Álava) que adopte «medidas eficaces para evitar que la enfermedad se extienda entre los fiscales, obligados en su quehacer diario a relacionarse con multitud de personas».

Entre tales medidas, los fiscales sugieren a la máxima responsable de la Fiscalía General, Dolores Delgado, cuyas competencias incluyen la prevención de riesgos laborales, «la suspensión de todos los juicios y diligencias que no tengan carácter urgente» equiparándolos a unos servicios mínimos coordinándose la Fiscalía con el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha dirigido la misma recomendación al servicio de prevención del Consejo General del Poder Judicial, a quien pide información sobre si va a adoptar alguna medida relacionada con la clausura de las sedes judiciales. La asociación traslada la posibilidad de que se acuerde «la suspensión de las vistas o que se celebren a puerta cerrada». En el documento remitido, la asociación judicial recomienda «la suspensión de aquellas en que deba intervenir personal con alto riesgo como pudiera ser personas de edad avanzada o con padecimientos crónicos, como testigos o peritos. E incluso en aquellos casos en que deban practicarse algún tipo de diligencias de exploración en centros sanitarios o de tercera edad, o autorizaciones judiciales de internamientos, que precise el desplazamiento al lugar donde se encuentra el interno, que se está solventando al menos de momento acudiendo al sistema de videoconferencia».

La asociación de jueces alerta de que «en Madrid, en los juzgados penales se producen aglomeraciones de gente hacinadas esperando la celebración de sus vistas durante horas, en espacios cerrados y con mala ventilación. Igual situación se produce en los Juzgados de Guardia, donde según las últimas informaciones existe personal que está haciendo uso de mascarillas y guantes».

Por su parte, la asociación de fiscales también sugieren instaurar el teletrabajo durante 15 días (incluido para las declaraciones por videoconferencia) y establecer un sistema de transporte para enviar las causas de los juzgados a los domicilios de los fiscales.

Guardias de quienes tengan «menos cargas familiares»

Puesto que el ministro de Sanidad anunció este lunes la suspensión del colegio en Madrid y en previsión de que ésta se extienda a más comunidades, los fiscales también trasladan a la Fiscalía General del Estado la sugerencia de que se establezca un «sistema de voluntariado en cuanto a la realización de las guardias apelando a la solidaridad de quienes tengan menos cargas familiares».

También piden «ordenar a fiscales jefes, y exhortar a Salas de Gobierno u órganos de poder gubernativo en el poder judicial a que se limite la entrada en Juzgados y Fiscalías exclusivamente a las personas que tuvieren alguna actuación que cumplimentar sin acompañantes salvo causa justificada, que se restrinja el uso de ascensores al público, que la atención al público se limite con un número de funcionarios y que las vistas ordinarias -incluidas las necesarias en las Guardias- que sean precisas se celebren en las salas más grandes disponibles, a efectos de reducir en todo lo posible los riesgos para los trabajadores».

Justicia aplaza el examen de acceso a la Abogacía

También este martes el Ministerio de Justicia ha anunciado la suspensión del examen para el acceso a la abogacía convocada para el próximo 28 de marzo en todo el territorio nacional y a la que estaban llamados miles de licenciados en derecho, como medida extraordinaria de prevención y contención del coronavirus.

Justicia ha explicado en una nota que «se atiende así a la recomendación realizada por el Ministerio de Sanidad de evitar los eventos multitudinarios de cualquier tipo, con alta presencia de personas procedentes de zonas en las que se ha constatado la trasmisión del COVID-19, como ocurre con la prueba de acceso a la abogacía».

Una decisión que se ha notificado ya al Consejo General de la Abogacía Española y a todas las universidades con alumnos de máster matriculados en el examen, según informan las fuentes oficiales, que deja la nueva fecha del examen abierta, indicando únicamente que se comunicará con tres semanas de antelación.