Los despachos de abogados reciben estos días multitud de peticiones de información para iniciar preconcursos y concursos de acreedores, lo que indica que el tejido empresarial sufre, o prevé sufrir muy próximamente, una situación de insolvencia difícil de asumir por la crisis económica que traerá consigo la pandemia del coronavirus.

El Ministerio de Justicia anunció este martes un plan de actuación nada más revertirse el estado de alarma para agilizar, entre otros, los juzgados mercantiles y contribuir a una «rápida recuperación económica». Precisamente estos juzgados serán los que asuman el esperado aluvión de procedimientos de concurso de acreedores en cuanto el Gobierno levante las restricciones económicas.

El concurso es una medida global y el ERTE puntual. Dentro del concurso de acreedores se puede plantear un ERTE y un ERE

Uno de los abogados expertos en Derecho Concursal que atiende estos días ese tipo de solicitudes, Ignacio Brágimo Abejón, socio de Fuster-Fabra Abogados, explica a El Independiente que el procedimiento legal del concurso de acreedores no es incompatible con otros dirigidos al plano laboral de la empresa como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). «El concurso es una medida global y el ERTE puntual. Dentro del concurso de acreedores se puede plantear un ERTE y un ERE e iniciado un ERTE, una empresa puede concursar», puntualiza.

El letrado considera que a pesar de que el concurso (amparado en la Ley 22/2003) «se concibe en nuestra sociedad como algo negativo y se atribuye a un fracaso en la gestión del órgano de administración, con un correcto asesoramiento puede salvar a empresas inmersas en dificultades económicas como las que acontecen con la crisis del Covid-19», así como afirma que «es un procedimiento más utilizado en países europeos vecinos que en España».

En 2019, en España se tramitaron 4.464 concursos de acreedores, mientras que en Francia, Alemania e Italia fueron 52.002, 19.400 y 12.039

En 2019, en España se tramitaron 4.464 concursos de acreedores, mientras que en Francia, Alemania e Italia fueron 52.002, 19.400 y 12.039, respectivamente, según los datos que maneja el despacho. Asimismo, cree que es «preferible que sea la propia empresa deudora la que inste el concurso de acreedores y no un acreedor» porque, en el primero de los casos, la compañía conserva el control de la administración.

Altos costes de mantenimiento

El Consejo de Ministros prohibió el pasado viernes los despidos durante la crisis del coronavirus y anunció que revisará los ERTE tramitados hasta ahora para comprobar que tras éstos no hay fraudes. Entre las medidas económicas aprobadas por el Ejecutivo de Sánchez también se encuentra la moratoria del pago de los impuestos de IVA, IRPF e impuesto de sociedades para pymes y autónomos, no así para grandes empresas.

Sin embargo, las compañías alegan tener un alto número de costes de mantenimiento con este parón, sobre todo las que han perdido toda su actividad.

De ahí que los despachos de abogados estén listos ya para recibir una montaña de solicitudes de preconcursos. Brágimo explica el presupuesto previsto en la ley para acogerse a éste: «La situación de insolvencia del deudor, lo que conlleva la imposibilidad de hacer frente a sus acreedores de forma puntual y regular. Este estado de insolvencia puede ser actual o inminente».

El letrado también traslada que el fin legal de dichos procesos es «aliviar la situación global de la empresa y tratar de preservar la misma para su viabilidad». Para ello, como prevé la Ley Concursal, se puede acordar una quita y/o un aplazamiento de los pagos a los acreedores, así como instar a la liquidación de la empresa mediante la enajenación o venta de sus bienes para satisfacer los créditos.