La decisión de las Juntas de Tratamiento, que ayer rechazaron la excarcelación y confinamiento domiciliario de los nueve condenados por el 1-O ha encendido a los familiares de los lideres independentistas presos. Con la hermana de Dolors Bassa a la cabeza, quien este viernes aseguraba en twitter que «tenemos al enemigo en casa» en referencia a la decisión de la administración penitenciaria catalana. Una puya especialmente hiriente en el caso de Montse Bassa -que se dio a conocer en la investidura advirtiendo al PSOE que «me importa un comino» la estabilidad del Gobierno-. Bassa es diputada por ERC en el Congreso, el mismo partido de la consellera de Justicia, Ester Capella, quien hasta hace poco ocupaba el escaño republicano en la Cámara.

Bassa ha asegurado además que su hermana «tenía el permiso firmado y a la madre avisada» para dejar la prisión de Mas d’Enric el pasado miércoles, al amparo del permiso concedido por el artículo 100.2 precisamente para cuidar a su madre, mayor y dependiente. «Casualmente se aplazó la Junta» denuncia su hermana, que concluye «Que tenemos el enemigo en Madrid ya lo sabía. Lo que no sabía es que también lo tenemos en casa».

Ya no solo será culpa del Supremo

El hijo de la ex consellera de Bienestar va más allá y advierte de que «a partir de hoy, si le pasa alguna cosa a mi madre (por el coronavirus o por la situación de las prisiones catalanas) o si no puede abrazar a la abuela (a la que cuidaba con un 100.2 aprobado por el juez)…. Ya no solo será culpa del Supremo».

La pareja de Jordi Turull, Blanca Bragulat, que ya fue muy crítica con la Conselleria de Justicia de la Generalitat la semana pasada, apuntaba tras hacerse pública la decisión de los servicios penitenciarios: «A partir de ahora quizá que cuando les mencionen hablen de políticos presos» tras referirse a la negativa a excarcelar a los «presos políticos» y el resto de los presidiarios que se beneficiaban del 100.2 en la prisión de Lledoners.

Carles Puigdemont ha entrado también en el debate desde sus redes sociales, para señalar también al actual ejecutivo catalán. «¿Qué parte de las instrucciones de la ONU no han entendido?» se preguntaba el jueves Puigdemont tras hacerse pública la decisión de la Generalitat. «los presos políticos deben ser excarcelados, no por ningún capricho ni favor sino porque en un sistema democrático se siguen las ordenes de la ONU, sobre todo en materia de Derechos Humanos».

En respuesta a estas criticas, que han crecido a lo largo de las horas, Quim Torra ha hecho pública una carta a la comisionada de la ONU Michele Bachelet en la que señala como responsable al Tribunal Constitucional, al que acusa de haber coartado la libertad de los funcionarios de prisiones con sus «amenazas». Horas antes, el propio Torra respondía en las redes las quejas de Jordi Cuixart, señalando al alto tribunal como único responsable de la decisión.

Y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, también recluido en Lledoners cumpliendo la mayor condean por el 1-O ha intentado desviar las críticas de Justicia de la Generalitat in centrarlas en el Tribunal Supremo. Lo ha hecho con una nueva petición de amparo a la ONU y al Consejo de Europa para que adopten medidas «para que se adopten las recomendaciones que ellos mismos han hecho».