El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) han pedido la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las palabras del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. El general José Manuel Santiago, quien ha afirmado que, en la lucha contra los bulos, en el marco de la pandemia, se trabaja en dos direcciones: «por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno«.

Casado no ha tardado en publicar en Twitter su queja ante esta polémica: «La Guardia Civil no está “para minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. Sánchez debe explicar si ha ordenado a los Cuerpos de Seguridad coartar la libertad de expresión de los ciudadanos en redes sociales para tapar sus errores. Sería gravísimo.

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha anunciado a través de Twitter que el Grupo Parlamentario Popular (GPP) va a pedir la comparecencia urgente del ministro por las declaraciones realizadas por el general este domingo en rueda de prensa. Álvarez de Toledo ha añadido que también solicitarán la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad y de la directora general de la Guardia Civil.

Según ha señalado, las declaraciones del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil demuestran, a su juicio, la capacidad del Gobierno de Pedro Sánchez «para pudrir las instituciones».

«Si el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil lee lo que dice, tenemos un problema; si el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil no rectifica, tiene y tenemos un problema», ha añadido por su parte el portavoz adjunto del GPP, Mario Garcés.

También a través de esta red social, Cs ha exigido la comparecencia del ministro del Interior, así como del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil tras su declaración. «Es una declaración gravísima y muy preocupante», ha valorado el diputado ‘naranja’ Edmundo Bal.

Por su parte, Vox ha anunciado, también en Twitter, que interpondrá «acciones judiciales urgentes» contra el ministro y contra el general que ha realizado estas declaraciones, pues en su opinión «ha reconocido públicamente un delito gravísimo contra la libertad de expresión que es un derecho fundamental». «Esto es, de hecho, el inicio de un golpe de Estado del propio Gobierno, que ordena al Instituto Armado que vulnere la Constitución», señala el partido.

También afirma que interpondrá «acciones judiciales urgentes contra los que han dado esas órdenes y contra cualquier funcionario que las acate», ya que, según asegura, son «ilegales» al tratar de «proscribir e ilegalizar de facto la oposición democrática y la crítica al Gobierno». «No se puede obedecer órdenes manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales y al pluralismo político consagrados en nuestra Constitución», dice Vox, que advierte de que con esa orden el Gobierno «ha traspasado todos los límites».

«Todo ello demuestra que no nos habíamos equivocado en nuestro análisis: al menos una parte del gobierno (y desde luego todos sus socios) están trabajando en destruir la democracia y arruinar a la nación para implantar una dictadura chavista», continúa el partido liderado por Santiago Abascal.

Por ello, insisten en pedir la dimisión del Gobierno, al que califica de «mentiroso y despótico». «El Gobierno quiere matar la libertad de expresión usando una institución querida por los españoles, la Benemérita. Están dinamitando la Constitución y la democracia», zanjan, acusando al Ejecutivo de haber «dejado morir a miles de personas por su negligencia y sectarismo» y de no tener un «plan» para los españoles.