El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por presunta prevaricación administrativa tras la denuncia contra él por permitir la manifestación feminista del 8 de marzo y otras 76 a pesar de los avisos sanitarios del coronavirus, declarará ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel cinco días más tarde de lo previsto, el próximo 10 de junio.

La instructora ha accedido a la petición de posponer la declaración cinco días que ha hecho la Abogacía del Estado, que en esta causa actúa en representación legal de Franco. Sin embargo, en una providencia, la jueza reprocha a la representación legal del Gobierno que haga esta petición cuando ha tenido un mes para recoger las actuaciones y no lo ha hecho: "Resulta sorprendente la alegación de la Abogacía del Estado relativa a que necesita tiempo para instruirse pues, tal y como consta en autos, se le notificó que quedaban las actuaciones a su disposición para realizar la correspondiente copia de la documentación aportada tanto el 21 de abril como el 21 de mayo no siendo hasta que se ha ordenado por resolución judicial que comparezca el 26 de mayo que efectivamente ha comparecido la Abogacía del Estado para obtener copia, y sin perjuicio de poner de manifiesto también que dispone - desde esa fecha- de ocho días para el estudio de las actuaciones, a fin de favorecer la preparación de su defensa", se puede leer en la citada resolución.

La declaración de Franco y los otros dos testigos citados para ese mismo día se hará de manera presencial en los Juzgados de Plaza de Castilla pues, según expone la jueza también en su resolución, ha habido problemas en los últimos días para tomar declaraciones a través del sistema de videoconferencia Zoom.

Tras el recurso de la Abogacía

La providencia de la jueza lleva fecha de este miércoles, mismo día que la Abogacía del Estado presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra la investigación abierta por Rodríguez-Medel al considerarla una "causa general".

En el recurso, también denunció la Abogacía que la investigación abierta al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, vulnera su presunción de inocencia al considerar que la instructora "ha iniciado el proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino meras sospechas e hipótesis".

El informe de la Guardia Civil

Precisamente el jueves 21 de mayo, fecha en que la jueza recuerda que ofreció a la Abogacía del Estado acceder a las actuaciones practicadas en la investigación, fue cuando la Guardia Civil presentó el ya polémico informe de investigación sobre la manifestación feminista del 8 de marzo y otras por las mismas fechas en el que los investigadores sostienen ante la jueza que la Delegación del Gobierno trata de ocultar que instó a desconvocar otras manifestaciones mientras permitió la del 8-M.

Según fuentes de la Guardia Civil, el interés por el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska por conocer dicho informe llevó a la destitución del jefe de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, puesto que dijo a la directora de la Guardia Civil que no conocía los extremos del informe y, en caso de conocerlos, no se los podía trasladar por ser información reservada al estar investigándose en un juzgado. Esta negativa le costó el puesto.

La decisión, que desde Interior niegan atribuyendo el cese de De los Cobos a una "pérdida de confianza", ha provocado una crisis sin precedentes en el seno de la Guardia Civil, con la dimisión de su número dos, Laurentino Ceña, esta misma semana.