El vídeo de un grupo de policías haciendo practicas de tiro con dianas de los principales responsables del Gobierno, y la fulminante reacción de la Fiscalía, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de los símbolos, la violencia contra esos símbolos y su interpretación como un ejercicio de libertad de expresión. Es lo que entendió la Justicia en el caso del muñeco fusilado de Puigdemont, o el intento de quemar la imagen de Xavier García Albiol.

La justicia española fue fulminante, por contra, ante las quemas de imágenes del Rey, con las que grupos independentistas concluían sus concentraciones. Hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sancionó a España por esas decisiones y estableció una nueva jurisprudencia, según la cual no puede ser delito quemar la foto de ningún rey. Tras esa sentencia, de 2018, la Fiscalía ha variado su criterio y ha dejado de acusar a los responsables de esas quemas.

El TEDH zanjó el debate jurídico, pero no el uso político de estos incidentes. El ejemplo más claro lo daban ayer las redes sociales. La publicación del vídeo tuvo como resultado que Carles Puigdemont volviera a ser trending topic en Barcelona. El motivo, el aluvión de comentarios recordando la quema de la imagen del ex president fugado desde perfiles independentistas, siguiendo la línea avanzada por el propio Puigdemont.

En abril de 2019 vecinos del pueblo de Coripe (Sevilla) realizaron un fusilamiento simulado de Puigdemont coincidiendo con la Semana Santa, y lo equipararon a Judas. Los vecinos iban provistos de armas de fuego, y munición de fogueo. No prosperó ninguna investigación de los hechos, porqué la Fiscalia no vió ningún delito de odio ni ninguna discriminación de ninguna ideología.

«Cuando fusilaron al muñeco de Puigdemont en un pueblo, el poder judicial fue concluyente: no hay delito. Ahora a no distraer» apuntaba el ex candidato de la CUP Antonio Baños acompañando el vídeo de los fusilamientos de Pablo Echenique, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero o Fernando Grande-Marlaska. También se ha recordado la imagen de dos civiles que en 2018 se subieron a un tanque del ejército desde el que se grabaron amenazando a Puigdemont y Pablo Iglesias, entonces todavía dirigente de la oposición como líder de Podemos.

La indignación de Puigdemont ante estos incidentes fue recordada por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, cuando una entidad próxima a la CUP promovió la quema de su imagen en las fiestas infantiles de su ciudad, Badalona.

El Ayuntamiento, entonces en manos de Dolor Sabater (CUP) con el apoyo de PSC, ERC, JxCat y los comunes en una alianza de todos contra Albiol, exigió finalmente que se retirara la fotografía del anterior alcalde antes de que el muñeco fuera quemado en las fiestas de Sant Anastasi. La figura, cuya quema forma parte de las celebraciones infantiles de la fiesta mayor de la ciudad, estaba decorada además con símbolos falangistas.

El gobierno municipal argumentó que era «totalmente ajeno a esta acción» y defendió el derecho a la libertad de expresión y la sátira política en una sociedad democrática que ya cuenta con unos límites que marca la ley. Pero «atendiendo a que en este caso la sátira se ha personalizado, el Ayuntamiento ha decidido retirar los elementos que se pueden considerar ofensivos y puedan vincular esta figura con una persona identificable».

Las fiestas de Sant Anastasi de Badalona fueron escenario de otro debate de simbolos un año antes, cuando la UP aprovechó la presentación del «dimoni» ganador, una marioneta-diablesa que se liberaba de sus hilos, para ensalzar a los titiriteros detenidos por lanzar mensajes de supuesto apoyo a ETA en una obra infantil incluida en los actos organizados por el Ayuntamiento para celebrar el Carnaval. Los dos titiriteros fueron procesados por enaltecimiento del terrorismo tras exhibir en un espectáculo supuestamente infantil una pancarta con el lema «Gora Alka ETA».

No han sido los únicos condenados por enaltecimiento del terrorismo a los que la izquierda defiende como víctimas de la legislación antiterrorista aprobada por el Gobierno del PP. Igualmente paradigmáticos han sido los casos del los raperos Pablo Hasel y Valtónic. El primero fue condenado por enaltecimiento del terrorismo por sus letras. Valtónic huyó a Bruselas para esquivar a la justicia española, que lo persigue también por desear en sus letras atentados contra dirigentes del PP, fuerzas policiales y la familia real.