Política

El jefe de gabinete de Iglesias participó en la decisión de sustituir a la Guardia Civil por la Policía en Galapagar

El vicepresidente segundo fuerza ante Interior el relevo del instituto armado en las labores de seguridad de su chalé / Julio Rodríguez supervisó el pasado viernes los detalles del nuevo dispositivo de protección, que iba a comenzar este lunes

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El jefe de gabinete de Iglesias participó en la decisión de sustituir a la Guardia Civil por la Policía en Galapagar
Pablo Iglesias y su jefe de gabinete, Julio Rodríguez, el pasado mes de abril en el Senado.

Pablo Iglesias y su jefe de gabinete, Julio Rodríguez, el pasado mes de abril en el Senado. EP

Resumen:

Pablo Iglesias mandó el pasado viernes a su director de gabinete, el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) Julio Rodríguez, a una reunión en el Ministerio del Interior para supervisar los detalles de cómo será el nuevo servicio de seguridad que se le brindará a las puertas de su chalé en Galapagar (Madrid) tras la decisión de retirar a los efectivos de la Guardia Civil y que sea la Policía Nacional el Cuerpo que se encargue de realizar la protección estática.

Desde septiembre de 2018, tres meses después de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, patrullas de la Guardia Civil venían realizando servicio de vigilancia a las puertas de la vivienda en la que residen el hoy vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra Irene Montero. La presencia policial se había reforzado en los últimos meses a raíz de las concentraciones de vecinos que protestan por la gestión de la crisis derivada de la covid-19 realizada por el Ejecutivo.

En las últimas semanas, Iglesias ha forzado ante el Ministerio del Interior el cambio de Cuerpo que se encargue de asegurar la protección en su domicilio particular, lo que está a punto de materializarse. La seguridad de la vivienda se ha convertido en una obsesión para el vicepresidente segundo del Gobierno, para el que no se han escatimado recursos policiales.

En este contexto, Julio Rodríguez asistió el pasado viernes a una reunión en la que mandos de la Policía y Guardia Civil le explicaron cómo se desarrollará a partir de ahora el dispositivo de seguridad en torno a la casa de Iglesias. En principio, serán funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía los que garanticen la seguridad del exterior de la vivienda, salvo que haya concentraciones de ciudadanos o se prevea que pueda haber manifestaciones. En ese caso, los agentes requerirán el apoyo del puesto de la Guardia Civil de Galapagar, que es la fuerza policial que tiene competencias en seguridad ciudadana en ese área territorial.

Dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional dispone de una Unidad Central de Protección, encargada de prestar servicio de seguridad a altas personalidades. Dicha unidad cuenta con una Brigada Central de Escoltas y una Brigada Central de Protecciones Especiales, dedicada a dar cobertura a los mandatarios extranjeros cuando vienen a España en viajes oficiales.

Protección estática

Las fuentes consultadas aseguran que el cambio se ha decidido al constatarse que ha bajado la intensidad de las protestas en las últimas semanas, por lo que ya no estaría tan justificada la presencia de efectivos de Guardia Civil en labores de seguridad ciudadana. La determinación es que sean agentes de la Policía Nacional los que se encarguen de la protección estática, salvo que las circunstancias cambien y requieran otras necesidades.

Otras fuentes, sin embargo, atribuyen el cambio al «descontento» de Pablo Iglesias con el servicio que venía prestando la Guardia Civil. El desencuentro final tuvo lugar la noche en que se celebraron las elecciones vascas y gallegas, cuando el líder de Podemos sorprendió a un vecino en la parte trasera de la casa grabándoles. Como informó Okdiario, el ciudadano fue detenido.

Sea como fuere, la decisión ha causado un profundo malestar en el seno del instituto armado, al entender que supone una invasión en sus competencias al ser Galapagar demarcación de la Guardia Civil. En su artículo 11, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece que la Policía Nacional ejercerá sus funciones «en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine», mientras que la Guardia Civil lo hará «en el resto del territorio nacional y su mar territorial».

Iglesias fuerza ante Interior el relevo de la Guardia Civil en las labores de seguridad de su vivienda

De esta forma, la decisión adoptada por Interior supone atribuir competencias en materia de seguridad a la Policía Nacional en un área territorial que le corresponde a la Guardia Civil.

A preguntas de El Independiente, fuentes del Ministerio del Interior han indicado que no hay discusión sobre la demarcación y han negado que se haya decidido una «permuta», si bien han excusado ofrecer explicaciones por tratarse de «cuestiones de seguridad» que atañen a una personalidad. «Se siguen criterios técnico-policiales que se van actualizando constantemente», se han limitado a decir.

Las fuentes consultadas han señalado que la idea inicial era que la Policía Nacional comenzara a realizar el servicio de protección estática este mismo lunes. Sin embargo, la polémica que se ha generado ha motivado que se haya suspendido por ahora, ante el temor de que se haya podido generar un ‘efecto llamada’ que reactive las protestas ante la casa de Iglesias y Montero.

En un documento interno fechado el pasado 13 de marzo, la Comandancia de Madrid instruyó a los guardias que participan en el dispositivo de protección del chalé del vicepresidente y la ministra de Igualdad para evitar que alguien pueda entrar en la propiedad o lanzar cualquier objeto por encima del muro perimetral.

Evitar banderas y pintadas

También debían procurar que no se dañe la finca con «pintadas» o con «la colocación de cualquier otro elemento en el vallado/muro exterior, calles circundantes o aledañas (pancartas, cartelería, banderas o cualquier otro elemento físico que contenga simbología, reivindicaciones, reclamaciones, etc)», así como impedir que personas puedan concentrarse «en el tramo de las calles que circundan» la vivienda.

Amparado por el artículo 17 de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, cuya derogación reclama Podemos desde hace años, la Guardia Civil llegó a restringir el pasado mes de mayo los accesos a la calle en la que residen el vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad para evitar que ciudadanos pudieran acercarse hasta las puertas de la vivienda para hacer sonar sus cacerolas y mostrar su malestar con la actuación del Ejecutivo.

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