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El abogado expulsado de Podemos denunció que le exigieron con "presión desmedida" documentación electoral

José Manuel Calvente acusa a la formación de supuesta financiación irregular y declarará ante el juez del 'caso Villarejo' para aclarar por qué dijo que la denuncia por el robo del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias fue un "montaje"

Pablo Iglesias junto a su secretario de Organización, Alberto Rodríguez EFE

El abogado José Manuel Calvente, exresponsable de Protección de Datos de Podemos que ha demandado a dicho partido por presunta financiación irregular, afirmó en octubre de 2019 que el secretario de Organización, Alberto Rodríguez, le exigió con «presión desmedida» información sobre «casuística de derecho electoral» y «pasados procesos electorales».

Así lo afirmó en un burofax enviado al propio Rodríguez y en el que también se refirió a las «relaciones íntimas» que según él había entre Marta Flor Núñez, abogada del partido y de Pablo Iglesias en la pieza Dina del caso Villarejo, y el fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa que consideró podía poner en peligro la estrategia de Podemos como acusación popular de la causa.

En dicho escrito al que tuvo acceso El Independiente, el letrado despedido de Podemos se quejaba de la insistencia de la dirección para que entregara «archivos del partido sobre casuística de derecho electoral y pasados procesos electorales» que aseguraba nunca manejó. Calvente se expresó en los siguientes términos ante Rodríguez, al que el partido dio la responsabilidad de supervisar al equipo legal de la formación morada: «En lo tocante a los archivos del partido sobre casuística de derecho electoral y pasados
procesos electorales, te vuelvo a responder que jamás ha existido una base documental en
el Equipo Legal sobre esta materia».

El abogado mencionó a otros trabajadores del partido que, según él, sí participaron en las elecciones. «¿Les has consultado a ellos con tanta exigencia y presión desmedida como lo haces conmigo? Hazlo por favor y saldrás de dudas», dijo al secretario de Organización, al que acusó de «hostigamiento y acoso laboral» en el mismo escrito.

«No es justo ni está justificado que pretendas derivarme responsabilidades de la Secretaría de Organización. Y te lo digo porque todo el partido es testigo de quién ha organizado y organiza actualmente las elecciones. Lo único que ha tramitado el Equipo Legal es algún recurso por sanciones de cartelería. La existencia de abogados trabajando para las elecciones no convierte al Equipo Legal en responsable de la organización de los procesos electorales. En cualquier caso, lo que de verdad sorprende es que a fecha de hoy no haya llegado ni una sola consulta jurídica, ni una sola, dirigida a mí sobre materia electoral estatal. Por eso no entiendo tus acusaciones y que me pidas una base de documentos que no me consta», lanzó en el documento, tratando de desvincularse así de cualquier gestión sobre consultas legales de las campañas electorales de Podemos.

La denuncia por financiación irregular

Calvente presentó una denuncia por financiación irregular contra Podemos que tramita el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. El juez Juan José Escalonilla le citó a declarar como testigo el pasado 22 de julio y ha abierto unas diligenecias y acordado citaciones para ver si investiga al partido de Pablo Iglesias por los delitos de malversación y adminisitración desleal.

El abogado ya ha protagonizado un enfrentamiento en los tribunales que se ha saldado a su favor con la abogada de Iglesias hasta hace pocas semanas, Marta Flor Núñez. Ésta se querelló contra él por presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones. La jueza madrileña Rosa María Freire acordó recientemente el sobreseimiento provisional de las diligencias al considerar que «no ha resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos», como consideró también la Fiscalía.

Calvente ha afirmado en declaraciones a distintos medios de comunicación que el partido tomó represalias contra él después de apuntar a presuntas irregularidades y por afirmar que la denuncia del robo del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, para apuntar a las cloacas policiales y al comisario Villarejo como quienes estuvieron detrás de éste fue un «montaje».

Precisamente el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, le ha citado a declarar como testigo el próximo 2 de septiembre en el marco de la pieza Dina para que aclare esta afirmación. El abogado expulsado del partido podría aportar datos que apunten a un presunto delito de denuncia falsa cometida por el vicepresidente del Gobierno, que se presentó ante el juez como perjudicado por la presunta «mafia policial» de Villarejo y de las cloacas del Estado, que según él buscaron desprestigiarle con la filtración a la prensa de mensajes contenidos en el móvil de su asesora en el momento que mejor le situaban las encuestas. Un relato que explotó en la última campaña electoral.

Después de darle la condición de perjudicado, el juez se la retiró y reúne ahora indicios contra él para pedir al Tribunal Supremo -ante el que está aforado- que le investigue tras saber que él mismo recibió una copia del volcado del móvil de su asesora antes que Villarejo y que la propia Bousselham también envió los pantallazos de las conversaciones publicadas en prensa a terceras personas, lo que para el instructor desdibuja la posibilidad de que fuera el comisario en prisión preventiva el que las filtrara, o al menos que él fuera el único que pudo hacerlo.

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