Política

Quirón ofertó 12 plazas para rastreadores en InfoJobs antes de firmar el contrato con el Gobierno de Madrid

La Comunidad de Madrid esgrimió que firmaba un acuerdo con esta empresa privada por falta de tiempo para formar a profesionales del sector público

Profesionales de Madrid Salud hacen un test de detección a un agente de la Policía Municipal. EFE

La Comunidad de Madrid, como el resto de Gobiernos regionales, ha tenido varios meses para establecer un plan de detección y rastreo de personas contagiadas por coronavirus, con el fin de contener el aumento de casos. Desde el 14 de marzo, día en el que entró en vigor el estado de alarma, las autoridades están aplicando diferentes tipos de restricciones, primero a nivel nacional y ahora a escala local, pero no fue hasta el pasado viernes, 7 de agosto, casi cinco meses después, cuando la Consejería de Sanidad encontró una solución para el problema generado con la falta de rastreadores en la Comunidad: adjudicar por la vía de urgencia a una empresa del grupo Quirón un contrato para la «detección de contactos estrechos».

La compañía deberá aportar 20 auxiliares de enfermería y 2 médicos para cumplir con el contrato, que tiene una duración de tres meses y un importe de 194.223 euros. Estos profesionales tienen que realizar entre 190 y 220 encuestas diarias. En la resolución de este proceso, el Gobierno de Ayuso calificó como «imprescindible cubrir estas necesidades mediante la contratación de un proveedor externo», y esgrimió ciertas justificaciones por las que no tomaba la vía pública: «El tiempo de formación necesario, la eventual rapidez con la que puedan producirse cambios en la situación epidemiológica y el carácter anticipatorio que se busca».

La excusa de la falta de tiempo para formar a facultativos públicos parece tambalearse, después de que se haya conocido que Quirón, una de las empresas de salud privada más importantes del país, ya ofertó en InfoJobs 10 puestos para auxiliares de enfermería y dos para médicos el miércoles pasado, cinco días antes de que la administración hiciese pública la concesión. En sus dos ofertas se especificaba que los contratados desempeñarían funciones de rastreo de casos de Covid-19.

Ofertas de rastreadores de Quirón en InfoJobs.

Asimismo, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, la institución a la que se afilian todos los facultativos de la región, ha afirmado que envió a la Consejería de Sanidad a finales del mes de marzo un listado con 1.798 profesionales que se ofrecían para trabajar como rastreadores. En el Excel con los nombres y apellidos del personal, que se había inscrito voluntariamente -no para trabajar como voluntarios, sino por una remuneración-, estos sanitarios se ofrecieron para trabajar como rastreadores o en el campo en que les derivase Salud Pública, según adelantó la Cadena SER. Este documento estaba encriptado con una contraseña, ya que la institución quería proteger los datos de las personas que en él aparecían, y el Gobierno de Madrid jamás solicitó esa clave de acceso.

La estrategia de la presidenta madrileña y del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no ha convencido a la oposición, que ha calificado esta decisión como un intento de «privatizar un servicio esencial», bajo el pretexto de que no había tiempo para formar a profesionales del sector público en esta tarea, según afirmó el lunes el senador y portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid José Cepeda. Desde su partido, amenazaron el martes con este martes llevar adelante una moción de censura contra la dirigente del PP para paliar la «incapacidad» y la «improvisación» de la presidenta regional en la gestión del coronavirus.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, con quien la cúpula de la Sanidad madrileña ha iniciado una reciente ‘guerra’ por sus críticas hacia el bajo porcentaje de asintomáticos en la región, afirmó el lunes, preguntado por la adjudicación público-privada, que «personalmente, prefiero los servicios públicos», aunque matizó que «Madrid está en su derecho» de optar por los servicios privados. Por el contrario, la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, defendió la decisión de externalizar esta función y señaló al respecto que a la gente «le da igual si le llama una persona contratada por la Comunidad de Madrid o por otra empresa».

Enrique Ruiz Escudero anunció a principios del mes de mayo que la Comunidad de Madrid tenía la intención de contratar «a todos los residentes de Medicina Preventiva y salud Pública», con el objetivo de que se incorporan a los servicios sanitarios «para llevar las labores de control y vigilancia epidemiológica» del coronavirus en un territorio que acumula a estas alturas 83.120 contagios y 8.464 fallecidos desde el inicio de la pandemia, según recogen los datos de Sanidad de este lunes. En junio, con el fin de la desescalada y la entrada en la llamada «nueva normalidad», el Gobierno regional asumió la gestión total de las competencias sanitarias, pero todavía no ha hecho efectiva la promesa del consejero del Partido Popular.

El Ejecutivo de la Puerta del Sol se vio además envuelto en otra polémica relacionada con este asunto cuando, a través de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), comenzó a ofrecer un programa de voluntariado para licenciados o graduados de Biología, Enfermería, Farmacia, Medicina, Psicología, Trabajo Social o Veterinaria para que fuesen ellos quienes desarrollasen las labores de rastreo en la Comunidad. La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) emitió entonces un comunicado en el que defendía que las personas voluntarias «no son mano de obra gratuita» y que dejar en sus manos las tareas de rastreo de los casos de coronavirus iba contra el espíritu de la ley, que diferencia claramente «la solidaridad del trabajo remunerado». La tarea voluntaria, por tanto, «no debe sustituir jamás ningún puesto de trabajo», recalcaron.

En la misma línea, la Junta Directiva de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC) instó a los responsables de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a que reconsiderasen su propuesta de reclutar voluntarios y solicitó que las personas encargadas de realizar estos rastreos fuesen «las suficientes, estén bien formadas y sean remuneradas por su trabajo, fundamental para trazar el origen y posterior seguimiento de los nuevos contagios». Asimismo, reflejó en la nota, emitida el pasado jueves, que «el Gobierno central ha comprometido más de 1.400 millones de euros no reembolsables a la Comunidad de Madrid para hacer frente a la pandemia, por lo que no parece que la falta de recursos sea la base de esta decisión», y criticó que la UCM apoyase una iniciativa que «devalúa la  formación de sus graduados».

La Comunidad de Madrid cuenta actualmente -sin contar el convenio firmado con Quirón- con 400 rastreadores, cuando, siguiendo las recomendaciones de los estándares internacionales y la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria, debería tener, de acuerdo con su población, entre 800 y 1.200 profesionales de este tipo.

Comentar ()