Política

Sin alternativa al estado de alarma: el Gobierno incumple su primera promesa a Cs

El Gobierno eleva la presión sobre los líderes territoriales, encargados de asumir los rebrotes sin un paraguas jurídico alternativo y con una legislación ambigua y obsoleta para hacer frente a la situación pandémica actual

EFE

Granada, Barcelona, Murcia, Badajoz, Madrid… el mapa de rebrotes de Covid-19 en España crece a un ritmo casi tan vertiginoso como el número de contagios, lo que para muchos es un síntoma claro de estar ya al menos a las puertas de la segunda oleada de coronavirus, esta vez con los jóvenes como protagonistas.

El incremento de positivos ha venido acompañado de una realidad tácita que ha dejado escenas inverosímiles en territorios como Cataluña, donde el confinamiento de contagiados llegó a convertirse en toda una carrera de obstáculos hasta lograr el aval de un juez mientras el virus se propaga sin descanso. Es una de las implicaciones de haber pasado de un estado de alarma con legislación extraordinaria a una ‘nueva normalidad’ en que se ha entregado definitivamente el mando a los líderes territoriales sin haber definido un paraguas jurídico nacional para hacer frente a situaciones precisamente como la actual sin tener que recurrir de nuevo al estado de alarma.

Fue el pasado 13 de mayo cuando la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció que el Ejecutivo trabajaba ya en una batería de reformas legislativas para atajar posibles rebrotes de cara al verano y al otoño. «Salir de la alarma significa darnos a nosotros mismos los instrumentos para poder navegar ante cualquier situación que vuelva a perturbarnos», pronunciaba Calvo ante el Senado. La definición de un ‘plan B’ era además una de las principales patas del acuerdo suscrito entre el Gobierno y Ciudadanos, por el que los liberales votaron a favor tanto de las sucesivas prórrogas del estado de alarma como de decretos posteriores, como el de ‘nueva normalidad’. Pero la realidad es que su desarrollo se ha retrasado.

El dirigente de Ciudadanos en ausencia de Inés Arrimadas, Edmundo Bal, llegó a expresar en una entrevista para El Independiente su preocupación por la ausencia de medidas en esta cuestión de parte del Gobierno. Fuentes de la dirección confirman además que la segunda cita presencial prevista en Moncloa para este mes de julio continúa sin fecha y, por el momento, no hay visos de que vaya si quiera a celebrarse. El objetivo principal de la reunión era, precisamente, la definición y concreción de un plan jurídico que ya debería haberse desarrollado y que sigue sin estar encima de la mesa mientras los casos se multiplican.

El marco normativo actual no cuenta con un soporte jurídico suficiente para proceder a un confinamiento «localizado, rápido, urgente y eficaz», como exige la oposición. La Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (1986); la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud; y la Ley General de Salud Pública de 2011 son las normas que operan tras el fin del estado de alarma. En concreto, la de Medidas Especiales de 1986 es la que ampara a las autoridades competentes a adoptar las «acciones preventivas» oportunas para el control de los enfermos, pero la ausencia de una ley orgánica que modifique y amplíe el catálogo de excepciones de la citada ley hace que quede obsoleta ante una situación como lo actual.

La breve redacción de la citada norma -solo cuatro artículos- no ampara la limitación de la movilidad de las personas sanas que no hayan estado en contacto con positivos -por ejemplo, las autonomías no pueden aplicarla para evitar los movimientos entre provincias- y resulta muy ambigua e interpretable en el caso de los enfermos o personas en riesgo, ya que, por ejemplo, estipula en su artículo tercero el «control» de los contagiados de parte de las autoridades sanitarias, pero no especifica si ese control puede conllevar la limitación del derecho fundamental a la circulación, si las medidas a adoptar deberían ser más livianas o qué condiciones deben darse para endurecer las prohibiciones.

«Las comunidades autónomas tienen instrumentos, con esta legislación, para confinar», subrayó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el caos que han venido denunciando líderes autonómicos como el catalán, Quim Torra; el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco; o la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que exigen coordinación y «claridad» con la administración central y el desarrollo de una legislación que permita a las regiones aplicar confinamientos sin permiso judicial previo.

Primer precedente: Torra y la Justicia

El primer precedente del caos jurídico y competencial se produjo en la comarca del Segrià. Desbordado por el mayor repunte registrado en España desde el fin del confinamiento, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, decretó el pasado 13 de julio el confinamiento de Lleida y siete municipios más del Segrià para frenar el aumento de contagios.

Pero se topó con un juez que paralizó el decretazo al considerar la actuación del líder soberanista desproporcionada y, en todo caso, de «competencia estatal» que debe ejercerse, además, «con la garantía de la intervención del Congreso», en un ejemplo claro de que la falta de desarrollo de la actual legislación sanitaria amplía su margen de interpretación y, por tanto, resta competencias a las comunidades autónomas para la limitación de derechos ciudadanos incluso en situación de emergencia.

Mientras Justicia y Generalitat libraban su batalla, el Gobierno se ponía de perfil y el virus avanzaba sin descanso. Y la situación sanitaria sigue descontrolada en Cataluña, que lleva rozando varios días los 2.000 contagios y la decena de muertos, con otros tantos ingresados de gravedad.

Tras meses de estado de alarma y de mando único, las comunidades autónomas son ahora las cabezas gestoras de la crisis con una legislación ambigua y con las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, que se han mantenido tras la desescalada, como única herramienta de conexión y coordinación entre Gobierno y autonomías.

Mientras los partidos de la oposición exigen la redacción y tramitación del ‘plan B’ prometido hace meses para dotar a la actuación de los gestores territoriales de certezas jurídicas, el Ejecutivo tantea la idea de decretar estados de alarma zonales si la situación se agrava y los casos se disparan, aunque evitan especificar el umbral sobre el que aplicarían de nuevo las medidas excepcionales de confinamiento. Los brotes activos no paran de crecer y llegan casi a los 300 en todo el país, con todas las comunidades autónomas notificando focos de al menos 5.000 casos. La denominada como ‘segunda ola’ no para de crecer.

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