La Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han anunciado que el Gobierno impulsará una reforma legal para que las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos puedan acordar medidas, incluso las que sean «limitativas de derechos fundamentales», contra los rebrotes de coronavirus con mayor seguridad jurídica.

A través de una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, propondrán al resto de grupos parlamentarios una reforma de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con cuatro objetivos: Atribuir la competencia de esta cuestión a los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma, en lugar de los Juzgados de los Contencioso-administrativo para las medidas de carácter general; establecer la tramitación preferente de estas autorizaciones o ratificaciones; establecer un plazo máximo de tres días naturales para agilizar aún más su tramitación e incorporar la participación del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos, según informan desde el Ministerio de Justicia.

De esta manera, de la breve nota remitida por Justicia se entiende que se busca poner en manos de los Gobiernos regionales la decisión de adoptar medidas como el confinamiento parcial de la población, la limitación del número de personas en reuniones sociales o la restricción de horarios para el ocio nocturno u otras actividades. También que no haya contradicciones entre unos juzgados y otros a la hora de ratificarlas, sino que sea el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad el que lo haga.

El ofrecimiento de la reforma de Justicia y Vicepresidencia, para el que esperan conseguir el apoyo del resto de fuerzas políticas, persiguen «dotar de la mayor seguridad jurídica posible a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, así como a las vías de control e impugnación de las mismas en beneficio de la ciudadanía y el interés común. Asimismo, pretende dotar a CC.AA., y demás administraciones públicas con competencias sanitarias, de todas las herramientas que necesiten para gestionar la situación de la forma más adecuada en función de las concretas circunstancias que se den en su territorio».

Desde el Gobierno explican que «esta propuesta normativa se articularía, previo acuerdo con los Grupos Parlamentarios, mediante una enmienda al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Dicho proyecto se encuentra ahora mismo en trámite de enmiendas en el Senado y tras su aprobación en esta Cámara, pasará al Congreso para ser ratificado, lo que permitiría su entrada en vigor en un plazo muy breve».