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La gestión de la Diada enturbia el septiembre caliente de Torra

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La gestión de la Diada enturbia el septiembre caliente de Torra
Plaza de España de Barcelona durante La Diada.

Plaza de España de Barcelona durante La Diada. EFE

Resumen:

Noventa concentraciones «reducidas» en edificios representativos del Estado en Cataluña. Esta es la propuesta avanzada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para una celebración del Onze de Setembre necesariamente marcada por el coronavirus que no convence a nadie. Ni siquiera al president Quim Torra, que este lunes se alineaba con el decano del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, advirtiendo contra las concentraciones en pleno rebrote del virus en Cataluña. Pero ni Torra ni el Govern pueden desmarcase de su discurso oficial de «defensa del derecho de manifestación» por encima de todo. Ha sido el argumentario que ha sostenido un lustro de procés del que no será fácil descabalgarse ahora.

Josep Maria Argimon, secretario de Salud Pública, insistía este martes en la necesidad limitar al máximo los contactos personales. El máximo responsable de la estrategia catalana contra el coronavirus ya había advertido de que «no es oportuno» hacer concentraciones en la actual situación sanitaria. «Por mucho que se adopten todas las medidas” de seguridad y protección como la mascarilla o la distancia “también se tiene que evitar toda la movilidad que comportan las concentraciones” señaló en declaraciones a TV3.

Celebración enlatada y sin ofrenda floral

Las instituciones han asumido la advertencia, presentando una celebración sin público, que será grabada y emitida por la televisión autonómica. Pero la tradicional ofrenda floral ante el monumento a Rafael Casanovas divide a Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, explicó en la presentación de los actos institucionales que «no se ha decidido todavía» qué hacer.

Budó aseguró que las tres instituciones valorarán «si es conveniente» mantener o cancelar este acto -eje central de la reivindicación independentista durante la Diada en su vertiente institucional- en función de cómo evolucionen los datos epidemiológicos, y ha avisado de que, si se acaba haciendo, será sin público.

La Diada se presenta así como el primer obstáculo de un setiembre que será especialmente complejo para Quim Torra. El presidente catalán tiene este mes dos citas determinantes con la justicia. El 17 ya ha confirmado que asistirá en Madrid a la vista en el Tribunal Supremo sobre el recurso contra su inhabilitación, una condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un delito de desobediencia. Una semana más tarde, Torra comparecerá de nuevo ante el TSJC para responder por otra acusación de desobediencia.

Inhabilitación de Torra

En el ínterin, Torra protagonizará el debate de política general que abre el curso político catalán, en el que previsiblemente empezará a dar pistas de cómo piensa hacer efectiva la nueva desobediencia con la que ya amenazó este lunes, si se confirma su inhabilitación. El pleno estaba previsto para el 23 y 24 de septiembre, pero Torra ha pedido avanzarlo para «preparar su defensa» ante el TSJC, ha explicado la portavoz, Meritxell Budó.

Ese segundo juicio tendrá, sin embargo, escasa repercusión si como todo el mundo espera -incluido Torra- el Supremo confirma la inhabilitación del president. La decisión judicial se convertirá en la primera pieza de una larga precampaña catalana, porque Torra se resiste pese a todo a convocar elecciones. El president ha reclamado además a los partidos independentistas que no presenten ningún candidato alternativo a la presidencia de la Generalitat.

Una petición que ya ha aceptado el número dos de ERC y vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, que asumiría en este contexto las funciones de Torra. Sobre la mesa, la posibilidad de que el presidente catalán intente sin embargo seguir ejerciendo todas las funciones presidenciales, lo que involucraría al conjunto del Govern. Una posibilidad que Torra no habría trasladado a sus consellers en la reunión del Consell Executiu, asegura Budó.

Cada uno de esos envites, judiciales y políticos, se convertirá en todo caso en armas electorales en manos del nuevo partido de Carles Puigdemont, que ya ha impuesto su voluntad de posponer las elecciones para completar el lanzamiento de Junts al margen de la dirección del PDeCat. Elementos de esa «confrontación» que Puigdemont seguía exigiendo este agosto para mantener viva la tensión que le ha permitido ganar elecciones durante tres años.

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