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La fusión de Caixabank evidencia la irrelevancia de un Govern que se enteró por la prensa

El presidente la Fundación Bancaria La Caixa, Isidre Fainé , y el presidente de Caixabank, Jordi Gual durante su comparecencia en el Parlament. EFE

Si la fusión de La Caixa y Caja Madrid se hubiera producido a principios de este siglo, hubiera sido impensable que Isidre Fainé diera el paso sin pasar primero a capítulo por el Palau de la Generalitat frente a Jordi Pujol. En 2012, cuando se produjeron los primeros intentos de fusión desde las torres de la Diagonal, Artur Mas no solo estuvo puntualmente informado, sino que hizo todo lo posible para que la operación fracasara.

Fainé no olvida, de hecho, que por aquel entonces Artur Mas intentó definir en su Ley de cajas catalana el futuro de La Caixa con la jubilación de Josep Vilarasau y el veto a una dirección bicéfala con Fainé y Antoni Brufau -que acabaría en la segregada Gas Natural-, una decisión que rompió ya en 2012 muchos puentes entre el Palau y las torres de la Diagonal. Vilarasau reconocería años más tarde que «parecía una ley hecha expresamente para mí» mientras las hagiografías de Mas señalaban el momento en que, ante Pujol, se plantó frente al presidente de La Caixa en defensa de su Ley de cajas.

En 2017, cuando el 1-O y la declaración unilateral de independencia llevaron a La Caixa –junto a Banc Sabadell y 4.000 empresas más– a huir de Cataluña, desde el independentismo se señaló al Gobierno de Mariano Rajoy y a la Casa Real, aduciendo una retirada de fondos estatales para justificar la decisión. Una versión que tanto Fainé como Josep Oliu rechazaron rotundamente ante el Parlament. Aunque las declaraciones públicas de los dos financieros más poderosos de Cataluña no consiguieron que JxCat, ERC o la CUP cambiaran ni una coma de su versión de los hechos.

Ahora, con la sede trasladada desde 2017 a Valencia y una relación inexistente con el actual inquilino de la Casa dels Canonges, Fainé optó este agosto por avanzar sus propósitos a la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño. Fainé obvió en sus gestiones tanto a Quim Torra como a su vicepresidente económico Pere Aragonés, llamado según las encuestas a sustituirlo al frente de la Generalitat cuando desde Waterloo se autorice a Torra a convocar elecciones autonómicas.

Nadie discute en Cataluña el desprecio al gobierno catalán de la dirección de la Fundación la Caixa que preside Isidre Fainé. Especialmente tras la salida de Jaume Giró y la fecha de caducidad al mandato de Jordi Gual, principales valedores del independentismo en la cúpula de la entidad. De hecho, hay quien apunta que la asiduidad con la que Gual participaba en cenáculos independentistas ha dado el toque de gracia a su presidencia en CaixaBank.

Orquestado desde Madrid

Ni siquiera el independentismo ha sido capaz de estructurar un discurso que encubra la irrelevancia de Torra y Aragonés. Pero las opiniones se dividen ahora entre los independentistas que acusan al «Estado opresor» de una nueva operación movida desde la política para debilitar a Cataluña, y quienes, incluso desde órbitas muy próximas al independentismo, señalan que esa irrelevancia es fruto de los años de procés y al uso puramente electoralista de las instituciones.

Frente al discreto silencio de Foment del Treball o el Círculo de Economía, la muy independentista Cámara de Comercio de Barcelona -o de Joan Canadell– denuncia la operación al tiempo que recuerda su papel de socio fundador de la entidad hace 113 años. «Si se confirma la fusión será un paso más para concentrar el poder en Madrid», lamentaba Canadell en un largo hilo de twitter.

Tatxo Benet, socio fundador de Mediapro junto a Jaume Roures y agit prop del independentismo reclamba a las «élites barcelonesas» que «reflexionen» sobre la fusión. «La operación es una derrota estrepitosa de Barcelona en la dura lucha competitiva que la ciudad de Madrid le lleva planteando desde hace años. Madrid, con la ayuda del Estado, no se frenará hasta quedárselo todo».

Y por su puesto, Carles Puigdemont ha hecho suyas las quejas, trasladándolas al Parlamento Europeo. Allí, Puigdemont ha registrado tres preguntas a la Comisión Europea, enmarcadas eso sí en cuestiones de competencia comunitaria: qué consecuencias tendrá la fusión para la competencia en el sistema bancario español, las barreras para la entrada de entidades extranjeras en España o la participación del Estado en el capital de Bankia.

Los críticos

Sin embargo, otras voces muestran el hartazgo ante este tipo de argumentos y denuncian que la principal responsable de la irrelevancia de la Generalitat es la propia Generalitat. Así, el Director de Comunicación de la Generalitat durante el mandato de Artur Mas, Josep Martí Blanc, ha sido probablemente el más acerado, comparando la nula incidencia de la política catalana en la operación financiera con las salas del Teatre Nacional de Catalunya (TNC). «Lo nuestro es puro teatro», concluye Martí para ejemplicar la vacuidad del gobierno independentista de Quim Torra.

Salvador Sostres, quien fuera en su momento alumno aventajado de Francesc Marc Alvaro y comensal habitual en la mesa de Lluís Prenafeta, aseguraba en ABC que esto no le habría pasado a Jordi Pujol y Macià Alavedra. Torra y Aragonés «se enteraron de la fusión por la prensa porque en su extravío y en su insignificancia, a nadie se le ocurrió que fuera una buena idea -ni siquiera necesario- consultarles», asegura el articulista.

El presidente de la patronal Foment del Treball y ex portavoz de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, se limitó a confiar en que la operación «sirva para mejorar la financiación de los ciudadanos, de las familias y de las empresas y para la seguridad de sus ahorros», pero evitó lecturas políticas, en uno u otro sentido. «Son muchos» los factores que han influido en la pérdida de peso económico de Cataluña frente a Madrid, argumentaba este lunes, optando por por centrarse en el futuro. «Cataluña debe crecer en la industria».

Desde el Govern, sin embargo, la apuesta sigue siendo por el discurso del agravio, en el que Pere Aragonés ha contado estos días con la ayuda de Podemos. Unos y otros coinciden en rechazar la operación en base a la participación pública en Bankia. Aunque Podemos lo hace en defensa de su proyecto de una banca pública, mientras ERC lo hace para denunciar la futura influencia del Gobierno en la primera entidad financiera de España, número uno además de la banca en Cataluña.

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