En los últimos años ha sido una constante. Lo fue en el último Gobierno de Mariano Rajoy y se ha intentado reconducir con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El cruce de recursos ante el Tribunal Constitucional ha sido reiterado y en una doble dirección. Tanto por parte del Ejecutivo central contra normas aprobadas por el Parlamento Vasco como de la Administración vasca contra leyes del Gobierno central por considerar que vulneraban el autogobierno vasco o competencias exclusivas del País Vasco. Ahora, socialistas y nacionalistas han acordado un mecanismo que intente frenar esa dinámica y evitar la “judicialización constitucional” en la que consideran que se habían instalado. Ese reproche constitucional de las normas que unos y otros aprueban había provocado “un riesgo” de reducir el peso del autogobierno en Euskadi a consecuencia de las interpretaciones que del marco competencial vasco venían haciendo los jueces.

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