El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la ‘Caja B’ del PP, ha acordado practicar nuevas diligencias de investigación tras hallar indicios de pagos en negro por parte de empresarios al Partido Popular que posterioremente habrían sido beneficiados con adjudicaciones de administraciones dependientes de dicho partido. Una línea de investigación iniciada por el juez Pablo Ruz, que trató de despejar si las anotaciones que guardaba el extesorero del PP, Luis Bárcenas, en sus agendas se correspondían con dichos pagos en B de empresarios. Tuvo que archivarla en 2015 al no encontrar indicios suficientes.

Tras encontrar nuevos indicios como la grabación de un empresario que habría donado dinero al partido, incorporada a otra investigación de la Audiencia Nacional, la pieza Lezo, De la Mata considera que «existe una indiciaria relación de causalidad entre las donaciones, las subsiguientes actuaciones establecidas para entablar los contactos (de Bárcenas y el fallecido Álvaro Lapuerta con las autoridades del PP) y las relaciones establecidas. En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario tras la negociación».

En un auto de abril de 2020 recogido por Europa Press, el magistrado acuerda requerir en primer lugar a la secretaría general de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) -dependiente de Fomento- el expediente de redacción del proyecto para la construcción y puesta a punto de una planta de tratamiento de aguas residuales ‘EDAR Monte Boyal’ en la localidad de Casarrubios del Monte (Toledo).

Contratos con Rafael Palencia

Según explica, ese proyecto fue licitado mediante resolución en noviembre de 2002 y adjudicado a la sociedad Ondeo Degrémont, del empresario Rafael Palencia, por un importe de 3,4 millones de euros. Ahora el juez quiere conocer las otras ofertas presentadas, el informe que las valora, las actas de la mesa de contratación, la resolución de adjudicación y la ejecución del contrato.

Asimismo, también requiere al Canal de Isabel II el expediente para la adjudicación de los servicios de explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Madrid, en concreto sobre la Depuradora Viveros de la Villa. Este contrato es de 2007 y fue adjudicado a la sociedad DEGRÉMONT SA por un importe de más de 7,5 millones de euros.

Sobre este contrato, también sostiene el juez que existe «una
correlación objetiva, subjetiva y temporal con una entrega de 35.000 euros registrada en la contabilidad gestionada por Bárcenas. «Es destacable que Palencia señala que cuando se produjo la adjudicación, entregó 30.000 euros», subraya el juez en relación a una conversación grabada al empresario.

El tercer contrato que pide investigar De la Mata es el de mantenimiento y conservación de la estación regeneradora de aguas residuales ‘EDAR La Gavia’. En este caso, según el auto, Bárcenas puso en contacto al empresario Rafael Palencia, «donante de fondos a la formación política», con la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid entre 2003 y 2007, Paz González, que era la entidad adjudicataria.

El empresario pretendía poder influir sobre esta adjudicación para su propio beneficio, en el sentido de que DEGRÉMONT fuera adjudicataria del servicio de mantenimiento y conservación en 2007 como lo había sido en 2006 formando una UTE con DRAGADOS.

De la Mata prorrogó a finales de agosto el periodo de instrucción del caso conocido como los ‘Papeles de Bárcenas’ o la ‘Caja B’ del PP por la presunta financiación irregular del partido. Decidió «establecer el plazo de investigación judicial en esta causa en doce meses computados desde el día 29 de julio de 2020, de modo que el plazo ordinario de investigación judicial finalizará el día 29 de julio de 2021».