La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo investiga ya al magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, por un delito de violencia contra su mujer.

Valdés fue detenido el pasado 11 de agosto por la Guardia Civil en Majadahonda (Madrid), donde reside, tras la presentación de una denuncia por violencia de género contra él. Fue trasladado al juzgado de Primera Instancia número 7 de dicho municipio al frente del que se encuentra una jueza especializada en Violencia de Género. Después de escucharle a él, a su esposa y a dos testigos presenciales de los hechos, que manifestaron que escucharon los gritos de la mujer y vieron cómo el magistrado la introducía en la vivienda, elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo, ante el que Valdés está aforado, pidiendo que se le investigara.

La jueza trasladó indicios de un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar contra su esposa recogido en artículo 153 del Código Penal. Precisamente la Sala Penal ha decidido abrir una causa al magistrado del Alto Tribunal por este presunto delito del artículo 153.1 y 3. El instructor será el magistrado Andrés Martínez Arrieta.

En un auto notificado este martes, la Sala afirma que en la exposición razonada elevada por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Majadahonda, tras sintetizarse el contenido de las diligencias, se expresa que de ellas resultan indicios de la eventual comisión por parte del investigado de hechos que pudieran encajar en dicho delito, criterio que es asumido por la Fiscalía.  

La Sala comparte esa valoración y añade que pese a las manifestaciones del investigado y de su cónyuge, el examen de las declaraciones prestadas por dos testigos y las referencias de uno de los agentes actuantes «conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias con nombramiento de instructor, conforme al turno previamente establecido, para que el  mismo, con libertad de criterio, acuerde las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y resuelva en su momento conforme previene la Ley Procesal penal».