El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, a quien la fiscal general del Estado encomendó abordar el informe sobre las querellas y denuncias contra el Gobierno por la gestión del coronavirus, denuncia intentos por parte de compañeros suyos, fiscales de Sala, de tratar de influirle políticamente contra el equipo de Pedro Sánchez.

Navajas ha puesto nombre a una de esas fiscales «de altísima consideración pero que en este asunto están contaminados ideológicamente y no pueden tener opinión» durante una entrevista en Onda Cero. Afirma que una de ellas fue la fiscal de Sala del Tribunal Supremo que intervino en el juicio del procés, Consuelo Madrigal. Denuncia que ella y otro fiscal más fueron a visitarle en su despacho para influirle antes incluso de conocer el contenido de las querellas, porque «estaban en manos del Tribunal Supremo». Además, Navajas ha recordado que Madrigal fue la autora de un artículo de prensa en el que criticó la gestión del Gobierno, motivo que, según considera, habría sido suficiente para abrirle un expediente puesto que los fiscales no pueden pronunciarse a favor o en contra de decisiones políticas. Navajas ha alertado de que precisamente dicho artículo se incluyó en alguna de las querellas presentadas contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo.

Dice que quienes trataron de influirle son los mismos que «van llorando por las esquinas» quejándose de que el Tribunal Supremo no aceptara condenar a los líderes del procés por rebelión, como ellos solicitaron, y que «critican las decisiones del Supremo».

El teniente fiscal ha adelantado durante la entrevista que también solicitará que las denuncias presentadas contra el Gobierno socialista se archiven por los mismos motivos que las querellas.

«Con esa tropa no puedo ir a la guerra»

Navajas, que se jubilará el próximo diciembre, sale así al paso de las críticas que sus propios compañeros de carrera han vertido en los medios de comunicación contra el informe en el que solicitó a la Sala de lo Penal del alto tribunal archivar todas las querellas contra Sánchez y sus ministros porque su actuación no merece reproche penal, ha insistido: «Seguramente cometieron errores de bulto, de falta de previsión…No se si tengo la razón, el Supremo me la dará o me la quitará. Pero esos errores tendrán una sanción política, en las urnas, se ha abierto una comisión de investigación en el Congreso, pero no responsabilidad penal».

Navajas afirma tener identificados a los fiscales que bajo «entrecomillados» han acudido a los medios a criticar su informe. Afirma que son aquellos que están «contaminados ideológicamente» y no pueden tener una opinión respecto a los asuntos contra el Gobierno. Por eso dice que no se convocó a la Junta de Fiscales de Sala (los 30 más antiguos de la carrera) para decidir acerca de las querellas y denuncias contra el Gobierno. «Yo con esa tropa no podía entrar a debatir. Con esa tropa no puedo ir a la guerra. Me rodee de los dos fiscales más antiguos y prestigiosos del Supremo (Juan Ignacio Campos y Pilar Fernández Valcarce) y de la Secretaría General Técnica», ha afirmado.

Opina sobre el fiscal Stampa

Preguntado por el fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa, contra el que Vox presentó una querella que ahora investiga la Fiscalía de Madrid para ver si pide abrir una causa contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su relación «íntima», según los querellantes, con la abogada de Pablo Iglesias y Dina Bousselham, Navajas ha afirmado que él «lo habría apartado». Ha calificado su relación con la abogada Marta Flor de «escandalosa».

«Como está en comisión de servicio y es algo realmente frecuente, lo que yo hubiese hecho si eso era posible es removido la comisión de servicio y haberle mandado a su lugar de origen, a Canarias», ha dicho Navajas. Tanto Vox como Villarejo, principal investigado en la pieza Dina del caso Tándem, consideran que hubo una connivencia entre este fiscal, Iglesias y Dina Bousselham para presentar el robo del móvil de la última y la publicación de conversaciones entre miembros de Podemos que contenía en su interior en la prensa como una maniobra de las cloacas del Estado. Una maniobra política, consideran y también sospecha el juez Manuel García-Castellón, para presentarse como víctimas de Villarejo.