Los médicos de familia, que se encargan de conceder las altas y las bajas, son quienes más sometidos están a las amenazas de aquellos pacientes que buscan adulterar los informes sanitarios para ausentarse de sus puestos de trabajo temporalmente. Esta situación, que se da en mayor medida en los Centros de Salud Públicos de la Comunidad de Madrid, obliga a los médicos a examinar a conciencia el historial clínico de los trabajadores para desvelar si están o no mintiendo acerca de su incapacidad.

"Muchos pacientes fingen para intentar prolongar su baja cuando ya no da más de sí", señala Marta Barrio Rufino, estudiante de Derecho y Administración de Empresas de la Universidad CEU San Pablo en su Trabajo de Fin de Grado sobre 'La baja laboral fraudulenta', y añade que para los médicos y para los empleados que cometen este fraude "hay consecuencias más allá del nivel administrativo, que pueden llegar a ser penales".

El absentismo y las bajas laborales fraudulentas hacen perder a las empresas españolas unos 7.000 millones de euros al año, según un informe de Adecco que destaca un repunte en 2018 con respecto a años anteriores. Muchas compañías toman la iniciativa y, más allá de los datos que pueda recabar la Inspección de Trabajo como organismo público, deciden contratar a detectives privados para que sigan a los empleados de los que sospechan, y fomentan además entre la plantilla que los compañeros alerten de los posibles casos de fraude laboral, a través de la instalación de buzones propios para este cometido.

En 2017, los inspectores de Trabajo experimentaron un pico de controles cuando comenzaron a investigar a unas 1.390 personas al día, de las cuales acabaron sancionando a 234. "Los ciudadanos no estamos nada concienciados de la cifra tan disparada de personas que fingen la baja laboral", denuncia Barrio, que proviene de una familia de médicos.