En marzo de 2017 las calles de Madrid y de decenas de ciudades españolas se llenaron de mujeres. Había de todo tipo, de todas las clases sociales, todas las razas y todas las edades; incluso de todas las ideologías. Aquella fue una manifestación histórica por número y por hartazgo. Y así se mantuvo algunos años, aunque aquel éxito absoluto no volvió a repetirse y en 2022 sufrió un verdadero quiebro.

La división entre las feministas fue total en aquella jornada del 8 de marzo y la causa fue la Ley Trans. Unas consideraban que aquella ley borraba el concepto de mujer y otras que formaba parte de la lucha por los derechos de todos. Aquel día salieron dos manifestaciones distintas en Madrid y en otras tantas ciudades y sus cabeceras no han vuelto a juntarse.

Este 8 de marzo llega con la misma polémica y justo después de una semana repleta de informaciones sobre militares, guardias civiles y otros ciudadanos que han cambiado su sexo en el registro de hombre a mujer pero siguen teniendo aspecto masculino, no han modificado su nombre y que en algunos casos lo han hecho buscando ciertos beneficios.

"Ahora como mujer trans espero que se dejen de pisotear mis derechos y me entreguen a mi hijo"

EL CABO ROBERTO

Uno de los más llamativos ha sido el del cabo Roberto que aunque aseguraba que no quería conseguir beneficios profesionales ni personales acabó confesando que quizás de esta manera, como madre no gestante en vez de como padre biológico, podría recuperar la custodia de su hijo al que lleva sin ver 10 años.

''Yo no me he aprovechado ni he hecho nada como mujer. Llevo un año siéndolo y no he hecho nada. Y si hubiera beneficios no sería cosa mía, sino de las leyes. ¿Por qué tiene que haber beneficios para unos y no para otros? Yo voy a seguir con mi vida'', expresaba pero añadía que espera "que ahora como mujer trans se dejen de pisotear" sus derechos y le entreguen "a su hijo".

No es el único hombre que ahora es mujer legalmente aunque físicamente haya mantenido sus atributos masculinos y no se haya cambiado el nombre. Como él, en la ciudad de Ceuta se han visto 49 peticiones de cambio de sexo de hombre a mujer de las cuales 37 involucran a personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas, que ni han modificado sus nombres ni su estado civil.

Desde Alianza contra el borrado de las mujeres, asociación que nació en cuanto se empezó a saber cómo iba a ser el texto de la Ley Trans, su portavoz asegura que "todos los militares, policías y guardias civiles que están haciendo el cambio de sexo tienen características en común: se cambian el dato del sexo pero no se cambian el nombre, que parece bastante significativo, y viven en el mundo como hombres pero cuando les interesa sacan el DNI diciendo que son mujeres". "¿Qué beneficios tienen? Pues los que ellos mismos han declarado. Van a tener más facilidad para ascensos y van a poderse beneficiar de ayudas económicas como madres. Lo que buscan clarísimamente son ventajas en sus profesiones, porque en este ámbito ellos han estudiado muy bien que hay medidas de acción positiva para las mujeres", añade.

Y quiere hacer hincapié en otros casos en los que no sólo podemos hablar de beneficios para ellos sino de perjuicios hacia las mujeres. "Tenemos a algún maltratador que se ha cambiado el dato del sexo en su documentación y que si sigue reincidiendo ya no podrá ser juzgado bajo la Ley de la Violencia de Género. No solo le beneficia sino que perjudica a la víctima porque lo sería de violencia doméstica de manera que esas protecciones como la orden de alejamiento, la pulsera de proximidad del maltratador, ayudas de tipo económico o de acceso a algunas medidas de ayuda activa... Las pierde todas. Ya conocemos algún caso en Coruña", asegura.

Se refiere a la publicada por el Ideal Gallego y firmada por su periodista de tribunales en la que asegura que un acusado, una acusada en ese momento, de agresión a su pareja que "tenía en su haber varios delitos por violencia de género antes de su cambiar su identidad sexual en el registro en junio del año pasado, gracias a las nuevas facilidades que otorga la conocida como Ley Trans". Y que según confirmaban fuentes policiales, el único cambio registral fue el de sexo. "No se cambió el nombre. Tampoco mudó su aspecto, dado que no es obligatorio". "La agresión por la que la detenida había acabado en el juzgado era maltrato doméstico, no violencia de género. El juzgado de Violencia contra la Mujer se declaró inhábil, por lo que tendrá que ocuparse otra instancia", añadía el periodista.

Ante esta situación hemos consultado con Verónica Ponte García, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 y miembro del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco de Victoria, que asegura que no es la primera vez que escuchan un caso similar a este y que una condena por violencia de género no está impidiendo un cambio de sexo en registro.

Y desde la asociación nos mencionan otro caso, publicado este jueves por el El Mundo en el que un hombre ha cambiado su sexo en el registro para conseguir la custodia de su hijo. "El palentino Francisco Javier Avellaneda, conocido por el enfrentamiento con su exmujer por la custodia del hijo de ambos que acabó con ella encarcelada por sustracción de menores tras un largo proceso judicial, se ha registrado como mujer y reclama los derechos sobre su hijo", dice el artículo que recoge una cita del protagonista. "Espero que ahora como mujer trans se dejen de pisotear mis derechos y me entreguen a mi hijo"', aseguraba tras llevar ocho años intentando recuperar a su hijo de 15, del que tiene la patria potestad.

El abogado especialista en derecho LGTBI, Saúl Castro, asegura que aunque se haya cambiado de sexo en el registro esto no es posible. "La valoración de la guarda y custodia se establece por el interés del menor y las circunstancias de la crisis de pareja que ha determinado la ruptura. También por la preferencia de una custodia compartida o integra y eso es absolutamente independiente de la identidad de género de cualquiera de los dos", asegura.

En la misma línea, Ponte García que confirma que "lo esencial es el interés del menor y cuando ya se ha resuelto ese interés que un progenitor cambie de sexo no afecta". "Asumen que se va a dar a la madre porque tienen todavía en la cabeza el rol de género de cuidado", asegura. A lo que Castro añade que "lo que esto pone de manifiesto es el sesgo misógino que tienen estos hombres que hacen fraude de ley para intentar conseguir unos derechos de visitas favorables a ellos porque parten de la premisa de que los jueces siguen considerando a las mujeres como cuidadoras y no a los hombres".

¿Fraude de ley u oportunismo?

El debate tras analizar algunos de los casos nos lleva a si estos hombres, ahora mujeres ante la ley, están aprovechándose de ella o haciendo un fraude de ley. Aquí las opiniones se dividen. Tanto Castro como abogado como Ponte García como jueza aseguran que está claro que se trata de un fraude de ley.

"La clave está en que se comprueben desde cuándo surge esa necesidad de sentirse con otra identidad. Claramente en ese caso es un fraude de ley y sus derechos no se han pisoteado porque ha tenido un juicio donde se habrán pedido las pruebas oportunas, habrán trabajado con psicólogos... Y después de todo eso se ha decidido que la persona que debe tener la custodia es una u otra pero nada tiene que ver el sexo", asegura la magistrada.

"No se están cometiendo fraudes, el fraude es la ley, está montada para promover todo esto"

Y Castro pone un ejemplo, el de un matrimonio simulado para conseguir la nacionalidad. "¿Implica eso que para cualquier persona que se quiera casar el notario tenga que hacer una investigación o que la ley esté mal? Se presume la buena fe de las personas que solicitan sus derechos pero si hay indicios suficientes de que se está haciendo con otra intención entonces a través de una denuncia ante el Ministerio Fiscal o una denuncia de oficio se puede abrir un procedimiento y se podría anular su cambio. ¿Cuáles pueden ser esos indicios? Pues los que estamos viendo, si reconoce que lo ha hecho para tener beneficios en un pleito en la custodia de su hijo, no ha cambiado el nombre, tiene una representación masculina...", explica.

En cambio, para Alianza contra el borrado de las mujeres, "lo que se está es malinterpretando lo que está pasando". "No se están cometiendo fraudes, el fraude es la ley, está montada para promover todo esto. Es esta la que dice que vale la palabra y que no tienes que demostrar nada, no tienes que justificar nada", sentencian. Algo en lo que está totalmente de acuerdo Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular y su portavoz en el Congreso, que asegura a este periódico que "la ley se lo permite". "Los que digan que todo es un fraude de ley es que no quieren reconocer su gran error y lo estamos viendo en estos casos que son muy claros y nos abren los ojos a todos. Esto no es una cuestión ideológica, mucha gente de izquierdas piensa lo mismo que yo", añade y considera que "se están conociendo unos casos lo suficientemente alarmantes para evidenciar lo que ya se estuvo denunciando por asociaciones, por feministas, por defensoras de la mujer..."

A lo que Ponte García matiza algo su respuesta y asegura que aunque están de acuerdo con cualquier ley que proteja a un colectivo vulnerable consideran que "tenían que tener unas garantías y esta ley nos preocupa porque afecta también a violencia de género".

Similar a la opinión de la histórica socialista Elena Valenciano, que recuerda que muchas mujeres avisaron de que "había agujeros en la ley". "Existen estos que has mencionado y los relativos al deporte. Si hablas con las mujeres deportistas... Te dicen que los podios van a acabar estando ocupados por hombres o mujeres trans, como queramos llamarlo", asegura.

"Francamente creo que la autodeterminación de género es algo que uno puede hacer en su vida personal pero no legalmente"

Aunque añade que sabe que es algo minoritario pero no por eso menos importante. "Si de repente un tío dice que para tener mayores beneficios se declara mujer en el trabajo y fuera del trabajo sigue siendo hombre, con su nombre, con su aspecto... Francamente creo que la autodeterminación de género es algo que uno puede hacer en su vida personal pero no legalmente. Cada cual que se declare lo que quiera pero si vas al Registro Civil la voluntad no puede ser suficiente. Esto es como la autodeterminación de Cataluña, que unos quieren pero no se permite por ley. Hay países que legislaron en un primer momento como nosotros, muy laxos, y que están rectificando", sentencia.

"En Reino Unido, Canadá, y algunos estados de Estados Unidos se produjeron casos y dijimos que se iban a replicar aquí. Ahora lo estamos viendo", dicen desde la asociación. "Nosotras, desde que surgió esta plataforma, hemos enviado de una manera sistemática análisis, documentación y casuísticas sobre este tema sobre todo refiriéndonos a países diferentes a España que llevan años teniendo estos problemas. Hemos solicitado reuniones con el gobierno anterior y con este gobierno, les hemos pasado nuestras preocupaciones sobre lo que iba a ocurrir y sus consecuencias a los derechos de las mujeres y nos han ignorado. También lo han ignorado los medios de comunicación y ahora todo el mundo se sorprende y se escandaliza mucho sobre lo que ya habíamos avisado", añade.

Por su parte Gamarra defiende la existencia de una Ley Trans para defender los derechos de este colectivo pero dice que esta es un retroceso enorme para la sociedad y para las mujeres. "Lamento decir que también lo advertimos. Esto no es una cuestión ideológica, hemos retrocedido porque este cambio del sexo al género ha conllevado a un borrado de las mujeres y de unas políticas que son necesarias para que estas mujeres puedan avanzar", continúa y asegura que en vez de centrarnos en lo que necesitan las mujeres nos hemos ido por las ramas.

"La diversidad es muy importante pero la desigualdad radical es la discriminación a las mujeres respecto a los hombres"

Y Valenciano comparte esta visión y afirma que esto ha sido un problema que no sólo ha traído las consecuencias antes mencionadas sino que ha desviado el foco. "La diversidad es muy importante pero la desigualdad radical es la discriminación a las mujeres respecto a los hombres. La agenda feminista debe ocuparse de los problemas mayoritarios de la mujeres: el empleo, la brecha digital, los cuidados... No que la agenda esté marcada por la agenda de los colectivos", denuncia.

Y añade que "el sujeto del feminismo son las mujeres". "Creo que en los últimos años nos hemos olvidado de la realidad del conjunto de las mujeres para centrarnos en problemas más específicos. La ministra anterior saca del foco el problema real, radical y fundamental. Si cada cual puede definirse como hombre o mujer en función de su voluntad vamos a tener muchos problemas para saber cuál es verdaderamente la realidad de las mujeres", alerta.

Actual ministra de Igualdad

A la pregunta de si creen que la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, va a ir por el mismo camino que su predecesora Irene Montero ya que ha asumido la Ley Trans como propia, Gamarra confiesa que vio algunas señales "positivas" al comienzo de su mandato pero que "los hechos no la han llevado por este camino durante los tres meses que lleva al cargo".

Para Valenciano, Redondo no podía hacer otra cosa que asumir esta ley como suya. "Pero creo que ella tiene la voluntad de escuchar más, quiere unir al movimiento. Es que el movimiento feminista tiene que tener unos mínimos pactados, nos hemos llegado a poner de acuerdo con la derecha en violencia de género, por ejemplo", apunta y añade que "una agenda común es fundamental para avanzar, mientras en este país siga habiendo el volumen de violencia que hay, las brechas entre hombres y mujeres y veamos cómo los jóvenes aún no saben de lo que les hablamos tenemos hay que seguir trabajando todos en la misma dirección".

Y Gamarra sentencia que si llegan al gobierno se comprometen a acabar con esta ley "pero también con las personas transexuales en darles una ley que les proteja, que les dé seguridad jurídica".