Expertos y científicos de diversas disciplinas están de acuerdo: en las próximas décadas, España se enfrenta a una acusada reducción de las precipitaciones y a un aumento de las temperaturas medias y de las olas de calor. Cabría pensar que las ciudades y las zonas costeras meridionales serán las más afectadas por los efectos perniciosos del cambio climático. Pero según se desprende de un estudio del Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” es el territorio rural en proceso de despoblación, lo que en los últimos años se conoce como la España vaciada, el más vulnerable a las consecuencias de estos cambios, combinados por las consecuencias derivadas de la globalización agrícola.
El estudio, titulado Más allá de la ‘España vaciada’: cambio climático, despoblación y globalización en las zonas rurales, es el resultado de un índice socioambiental de vulnerabilidad ante el cambio climático, la despoblación y la globalización agrícola. Elaborado por investigadores del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) y de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), utiliza datos de 27 variables sociales y medioambientales que han permitido clasificar los más de 8.000 municipios españoles en cuatro clústeres o categorías territoriales: la España que resiste económicamente, pero se seca (un 13% del país); la España erosionada (un 54%), la España exportadora (un 5%, concentrada en grandes ciudades y zonas costeras) y la España vaciada y económicamente marginalizada. La primera conclusión es clara: los 2.858 municipios de este clúster, una quinta parte (exactamente el 21%) del territorio español, son los más amenazados por la actual coyuntura económica, climática y social.
Un territorio envejecido y empobrecido
Se trata de municipios situados principalmente en el centro del norte de España, especialmente en Castilla y León y parte de Aragón, caracterizados por una mayor proporción de núcleos de menos de 500 habitantes y por presentar las mayores tasas de decrecimiento natural de la población y de proporción de personas mayores por cada joven. Desde el punto de vista económico, son los territorios más afectados por la disminución de los precios pagados a los productores agrícolas, donde hay menos empresas registradas y las infraestructuras de todo tipo están en peor estado.
Para tratar de mejorar la situación de esta España vaciada, los autores del estudio consideran que las políticas activas de adaptación adaptación al cambio climático, la mitigación de la despoblación y la defensa de las rentas agrícolas deben ir acompañadas de políticas agrícolas y de un desarrollo rural más integrado desde un punto de vista socioambiental.
"Hay procesos que merece la pena seguir estudiando, como es la relación entre las olas de sequía y calor, el abandono rural, la desaparición de las explotaciones familiares, la concentración de tierras en grandes empresas, la intensificación agrícola y la desertificación", explica Sergio Villamayor-Tomas, investigador del ICTA-UAB y coautor del estudio. Pero "nuestro análisis alerta sobre la necesidad de revisar las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) desde el punto de vista de su capacidad para abordar problemas ambientales y sociales de manera integrada. El programa de incorporación de jóvenes agricultores, por ejemplo, contribuye al relevo generacional y por tanto a mitigar la despoblación, pero también promociona un modelo de explotación agrícola intensivo y mecanizado de gran escala, de dudosa capacidad adaptativa frente al cambio climático y la volatilidad de los mercados agropecuarios".
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