Ildefonso Salillas, alcalde de Sijena, ha asegurado esta mañana, en el programa de Antena3 Espejo Público, que a la Generalitat le tuvieron que reclamar las monjas el dinero por las dos primeras ventas de estos bienes, la de 1984 (10 millones de pesetas) y la de 1992 (25 millones de pesetas).  «La carta que envía la priora de Valldoreix a Jordi Pujol, entonces president de la Generalitat, no sólo es para hablarle de la importancia de las obras también para reclamarme el dinero por esas dos primeras ventas, que aún no habían pagado», ha asegurado.

Como informa El Independiente, basándose en el auto de la juez de primera instancia de Huesca de abril de 2015,  fue la priora catalana, no la aragonesa, la que firmó los contratos de compra-venta de estos bienes.

«No fue la priora de Sijena quien interesó dichas enajenaciones, pues quien las interesó y firmó fue la priora de Valldoreix sin jurisdicción sobre el Monasterio de Sijena», explica este documento. Además, añade que una de las razones que llevan a la priora de Valldoreix a vender estos bienes es “la penuria económica y necesidad de realizar obras en su monasterio».

Por lo que, la venta no sólo fue hecha vulnerando la legislación, que protegía el patrimonio de Sijena desde su declaración como Monumento Nacional en 1923, sino que fue ejecutada por una persona que no tenía título para hacerlo.