Cultura SGAE

La SGAE blinda con 360.000€ al nuevo Director General, mano derecha de Lassalle

La entidad firma el mayor blindaje de su historia; el directivo cobrará una elevada indemnización si es despedido en sus cuatro primeros años

José María Lassalle, ex secretario de Estado de Cultura, y Miguel Ángel Recio, actual director de la SGAE. SGAE

La SGAE sigue viviendo momentos de convulsión. La caída del gaitero José Ángel Hevia y la llegada a la Presidencia de Pilar Jurado prometía aires de cambio, pero una de sus primeras decisiones ha despertado polémica en el seno de la entidad. En su segunda Junta Directiva como presidenta, la soprano propuso una renovación completa de los puestos de gestión y nombró como Director General a Miguel Ángel Recio, un alto cargo del PP que fue mano derecha del secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, impulsor de la polémica reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que rebeló a todo el sector de gestión de derechos de autor. Sin embargo, lo excepcional del fichaje no son tanto sus antecedentes laborales como las condiciones del contrato: la SGAE ha firmado con él un blindaje de cuatro años como Director General, de manera que si es despedido en este plazo la entidad tendrá que indemnizarle. Se trata del blindaje más fuerte que ha firmado la SGAE en su historia.

Recio cobrará como director general 180.000 euros anuales fijos y 40.000 euros variables, un sueldo estipulado que se sometió a votación de la dirección hace años y que se ha ido actualizando. Sin embargo, su contrato presenta unas características extremadamente particulares que no han sido trasladas a los miembros de su dirección. Y es que gracias al blindaje, si despiden al directivo en los dos primeros años, tendrán que indemnizarle con dos anualidades de sueldo, es decir, 360.000 euros. Si la salida se produce en el tercer año, será año y medio (270.000€) y en caso de que se produjera en el cuarto año, sólo se le indemnizaría con 90.000 euros.

Fuentes oficiales de la SGAE aseguran a este periódico que «el contrato que se firmó fue una negociación llevada a cabo entre el Director de Recursos Humanos y el Director General» y que se trata de «negociaciones habituales en contratos de alta dirección con cláusulas de indemnización graduales». Sin embargo, otras fuentes de la entidad rechazan lo «habitual» de estas negociaciones. Es la primera vez, aseguran, que se firma un contrato de estas características con un blindaje económico tan elevado.

La práctica del blindaje de los contratos se ha empleado en situaciones excepcionales en esta sociedad, y algunos de sus directores generales anteriores consiguieron blindajes que en ninguno de los casos superaba los dos años, con una indemnización máxima de una anualidad. Los términos del contrato pactados en esta ocasión duplican el coste económico de un eventual despido. En la mayor parte de los casos, estos blindajes se producen cuando el nuevo alto cargo procede de una empresa privada en la que perdería derechos de antigüedad; el blindaje es una forma de asegurar el lucro cesante en caso de despido. No es el caso de Recio, cuya trayectoria se ha desarrollado siempre en el ámbito público.

Acusaciones de ocultación

El pasado viernes 15 de marzo, Jurado convocó de urgencia a su Junta Directiva con varios puntos en el orden del día, entre ellos una moción de confianza al director general, Gerardo Rodríguez, y el nombramiento de un nuevo directivo. En el orden del día no aparecía el nombre de Recio, que fue presentado por Jurado como un «amigo» a lo largo de la reunión, una vez que ya se había depuesto al directivo anterior. Algunos miembros de la dirección señalan que no tenían conocimiento de quién ocuparía el nuevo cargo, y que fue durante la Junta cuando la presidenta les entregó una «copia a papel de su currículum».

Fuentes oficiales de la SGAE niegan este extremo, aunque evitan detallar qué ocurrió exactamente en la Junta amparándose en la confidencialidad. «Quien haya dado esa información, que además es falsa, está incurriendo en una irregularidad porque existe un compromiso de confidencialidad sobre lo que se trata en los órganos de gestión», detallan. Para la entidad «el resultado de la votación, con 28 votos a favor [de la elección de Recio] demuestra la falsedad de esa información», apuntan.

Según relatan algunos de los asistentes, durante el debate de su nombramiento, en el que Jurado le presentó como un «amigo» con el que ya había trabajado, algunos miembros de la dirección le preguntaron por las condiciones del contrato, a lo que la presidenta de la SGAE habría respondido que «estamos negociando». Un extremo que para algunos implica una ocultación por parte de la máxima responsable de la entidad.

Hombre de confianza de Lassalle y del PP

La trayectoria de Recio se desarrolla enteramente en el sector público, desde su cargo de consejero en el Hipódromo la Zarzuela a su labor como vocal asesor en la Dirección del Tesoro del Ministerio de Economía pasando como secretario general del Delegado de Gobierno -nombrado por el PP- en la Comunidad de Madrid. Perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ha gestionado distintas áreas gubernamentales e instituciones culturales públicas, en una carrera donde Lassalle ha sido su principal valedor.

En 2011 el entonces secretario de Cultura, dependiente del ministerio de José Ignacio Wert, le nombró director general del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM), dependiente de la secretaría de Cultura. Más tarde Lassalle hizo una reestructuración y le situó como director general de Bellas Artes, Bienes Culturales y Archivos y Bibliotecas, un puesto del que fue cesado en septiembre tras los nombramientos del ministro socialista José Guirao.

Es llamativa la relación de Recio con Lassalle, considerado precisamente una de las bestias negras de los derechos de propiedad intelectual. Una de sus medidas estrella fue la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que rebeló al sector. Durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, Lasalle eliminó los derechos de copia privada en España, de modo que las obras digitales, las copias de obras alquiladas, prestadas o regaladas quedaban excluidas del concepto de copia privada, lo que costó al sector cultural más de 100 millones al año entre 2012 y 2015. Sus medidas fueron rechazadas por todo el sector que aún hoy paga las consecuencias.

La conocida como Ley Lassalle puso en pie de guerra a todo el mundo cultural, y varios colectivos de artistas no dudaron en manifestarse frente al ministerio de Cultura en protesta por esta ley. La propia SGAE lanzó en su día un comunicado -hoy retirado de la web- en el que avanzaba que esta reforma «perjudicará gravemente a los ciudadanos y beneficiará considerablemente a las multinacionales tecnológicas».

Comentar ()