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La Fiscalía pide que declare el primo de Abidal para confirmar que le donó el hígado

La Organización Nacional de Trasplantes se sumó ayer como acusación particular a la Fiscalía para la reapertura del caso del trasplante al ex jugador del FC Barcelona.

Eric Abidal y Sandro Rosell.

Eric Abidal y Sandro Rosell. EP

La investigación por el presunto trasplante de hígado ilegal al ex jugador del FC Barcelona Eric Abidal avanza a petición de la Fiscalía, que solicitó el mes pasado la reapertura del caso tras la publicación de unas conversaciones privadas del entonces presidente del club, Sandro Rosell, que hablaba de la «compra de un hígado» para el jugador.

Según se hizo público en su momento, el hígado que recibió el futbolista habría sido donado por su primo, un hecho altruista que ahora se pone en cuestión. Hoy se ha conocido que la Fiscalía ha solicitado al Juzgado 28 de Barcelona que el primo del ex futbolista declare en calidad de testigo por el trasplante de hígado al exdefensa blaugrana en 2012, además de que le visite un médico forense para confirmar si fue el donante y otras diligencias por posible falsificación documental.

La Fiscalía quiere también que un médico forense visite al primo de Abidal para confirmar si fue el donante

La institución ha asegurado que pretende de este modo que «se aclaren definitivamente todos los aspectos del trasplante del señor Abidal, por considerar que el sistema de trasplantes es parte afectada en este proceso, por transparencia, compromiso con la ciudadanía y para descartar cualquier tipo de duda sobre su legalidad».

El trasplante de Abidal se realizó en 2012 por la vía pública en el Hospital Clínic de Barcelona, aunque la recuperación se llevó a cabo en las instalaciones privadas del hospital, en el BarnaClinic.

Por su parte, la ONT informaba ayer que se personaba como acusación particular junto a la Fiscalía con el objetivo de que «se aclaren definitivamente todos los aspectos del trasplante del señor Abidal, por considerar que el sistema de trasplantes es parte afectada en este proceso, por transparencia, compromiso con la ciudadanía y para descartar cualquier tipo de duda sobre su legalidad».

La ONT ha recordado que en su día realizó una completa investigación en el ámbito de sus competencias clínico-sanitarias, es decir, con respecto a la actuación del centro y del equipo asistencial, en la que no se detectó ninguna irregularidad. Al mismo tiempo, el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña realizó una inspección de urgencia en la que tampoco se identificaron indicios de actuaciones irregulares ni en la actuación del centro ni en la del equipo.

Sin embargo, precisa que, al estar limitadas sus competencias al ámbito clínico-sanitario y dada la gravedad del contenido de las escuchas telefónicas, la ONT se puso a disposición de la Fiscalía y desde el primer momento le expresó su interés por la reapertura del caso, «para evitar que se cierre en falso. Es evidente –continúa– que dicha reapertura supone investigaciones, dirigidas por la jueza, que le corresponden a la policía judicial».

La ONT reiteraba en su comunicación su «política de tolerancia cero» frente al tráfico de órganos. También considera necesario «castigar todo tipo de actuaciones que la justicia haya demostrado compatibles con el tráfico de órganos, con la dureza que establece el código penal español en su artículo 156 bis».

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