Infringir las medidas de prevención frente a la COVID-19 en la Comunidad Valenciana conllevará sanciones de entre 60 euros, en el caso de faltas leves, hasta los 60.000 euros en el caso de las muy graves, según el nuevo decreto ley del Gobierno autonómico que establece el régimen sancionador en este ámbito.

El decreto ley, que se ha aprobado este viernes en el pleno del Gobierno valenciano, contempla sanciones de un máximo de 100 euros por incumplir la obligación del uso de mascarilla o hacer un uso inadecuado de la mismas, y de entre 30.000 y 60.000 euros por vulnerar de forma reiterada el deber de aislamiento domiciliario de personas que hayan dado positivo en coronavirus.

La consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, ha manifestado en una rueda de prensa que «no se puede permitir que comportamientos irresponsables e insolidarios» pongan en peligro a los valencianos y provoquen rebrotes «que pueden derivar en medidas aún más drásticas que nadie quiere ni podemos permitirnos».

Bravo ha reivindicado que esta norma no tiene «afán recaudatorio», sino una finalidad «disuasoria» y que la ciudadanía y los responsables de locales de ocio conozcan el catálogo de infracciones con el fin de «persuadir y evitar que se produzcan», y ha precisado que lo que se recaude con estas sanciones irá a luchar contra la COVID-19.