El Ministerio de Sanidad ha denegado este jueves a la Junta de Castilla y León la posibilidad de contar con una herramienta jurídica que permita el confinamiento domiciliario de los habitantes de Burgos capital, sobre la que se aplicarán nuevas medidas restrictivas pero sin llegar al confinamiento en los hogares a partir del sábado, han informado a Efe fuentes presentes en la reunión.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, han mantenido esta tarde de jueves una reunión telemática con la secretaría de Estado de Sanidad a la que también ha asistido el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa.

Como ha asegurado posteriormente el vicepresidente en una entrevista en RNE, la reunión de esta tarde ha ido «bien». «Ellos (el Ministerio) saben hasta dónde podemos apurar, pero nuestra pregunta esencial sigue sin responder», ha expresado Igea, quien ha reconocido que desde el Ministerio se ha alegado que permitir estos confinamientos domiciliarios obligaría a reformar el decreto de estado de alarma, algo que es «complicado», ha añadido el portavoz.

«Preferimos pasarnos que no llegar con las medidas», ha continuado Igea, quien ha ejemplificado la situación epidemiológica actual a cuando «en el juego de las siete y media uno obtiene un cinco».

«No hay que volver a hacer las cosas a todo correr, hay que tener el escenario de los confinamientos domiciliarios previsto», ha añadido.

Desconocen lo que está pasando

Por todo ello, dado que «desconocen» qué es lo que está pasando en Burgos, el vicepresidente Igea ha avanzado que próximamente se reunirán con la Cámara de Comercio de Burgos para poner en marcha test masivos de antígenos en las empresas de la ciudad, porque igual ser la segunda ciudad más industrializada de España tiene que ver con esta alta incidencia, ha hipotetizado.

Entre las medidas restrictivas que se publicarán mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) se encuentra mayores restricciones de aforos en la capital burgalesa, con reuniones limitadas a tres personas y rastreos masivos a la población.

Además de las reuniones limitadas a tres personas no convivientes en todos los ámbitos, ante el aumento de casos en la ciudad, que tiene una incidencia superior a los 900 casos por 100.000 habitantes a siete días que en catorce pueden convertirse en más de 1.800, se reducen también los aforos en las celebraciones religiosas y civiles a no más de quince personas.

Finalmente, se hará un seguimiento en 215 puntos de análisis de aguas fecales de la capital burgalesa para ver si hay zonas con mayor incidencia que otras, pero «en todas está muy alta y es la única capital de la Comunidad en la que la incidencia sigue creciendo y no ha bajado», ha informado también este jueves tras el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico la consejera de Sanidad, Verónica Casado.