Durante 2020 murieron 55.487 personas en lista de espera del sistema de atención a la dependencia. En el año del Covid fallecieron sin haber conseguido que se resolviera su situación o que, con el grado ya concedido, empezaran a recibir su prestación. La cifra supone 152 personas al día y casi el doble que el año anterior.
Son los datos del XXI Dictamen del Observatorio de la Dependencia, impulsado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, cuyo presidente ha calificado 2020 como un año "terrorífico, de muchísimo dolor y muerte". José Manuel Ramírez ha criticado también que en este año "no se ha aumentado ni un euro el presupuesto de Dependencia, generando un gran retroceso en el sistema, que tiende a la atención low cost".
Por primera vez desde 2014 el Covid ha provocado que disminuya el número de personas en situación de dependencia, en concreto 28.564 menos que a final de 2019. El virus también ha contribuido a la reducción de las listas de espera. Entre marzo y diciembre salieron de la lista de espera de resolución de prestación 35.592 personas, el 87% por haber fallecido.
El sistema de Dependencia perdió en total 248.751 personas en 2020, de las que el 20% corresponden con un exceso de la mortalidad vinculado a la pandemia. Son una de cada cinco y el 50% de ellas se concentraron en Cataluña, Andalucía y Madrid.
Precisamente en Cataluña la situación es una de las más preocupantes, a juicio de Ramírez, que ha calificado la evolución allí de "catastrófica". En Cataluña está en las listas de espera el 32% de los solicitantes.
1,3 millones de dependientes en España
En España 1,3 millones de personas tienen algún grado de dependencia reconocido, lo que supone un 3,6% de la población. A ellas hay que sumar otras 141.556 personas pendientes de valoración y 232.243 a la espera de recibir su prestación.
El 64% son mujeres y el 71,8% tiene más de 65 años. Más de la mitad supera los 80. Cuatro de cada 10 son de grado II o III, lo que implica que tienen necesidad de apoyo continuado y extenso.
El plazo medio para tramitar una prestación es de 430 días, cuatro más que el año anterior. Las desigualdades entre comunidades autónomas es muy grande y mientras en País Vasco, Navarra, Castilla y León y Ceuta y Melilla el plazo ronda los seis meses establecido por la ley, en cuatro regiones este plazo se triplica hasta más de 18 meses. En concreto, esto sucede en Canarias, Andalucía, Extremadura y Asturias.
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