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El Congreso aprueba la Ley de Eutanasia: ¿Qué pasa ahora en las comunidades del PP?

Carcedo celebra junto a Ángel Hernández la aprobación de la ley de eutanasia

La exministra de Sanidad y actual secretaria de Sanidad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, María Luisa Carcedo, junto a Ángel Hernández que ayudó a morir a su mujer, enferma de esclerosis múltiple. Foto de ARCHIVO. Eduardo Parra / Europa Press

La eutanasia ha recibido hoy el visto bueno del pleno del Congreso de los Diputados y se se convierte en ley. Tras su aprobación y posterior publicación en el BOE se convertirá en una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud. La ley llega al Congreso para su aprobación definitiva con la modificación que obliga a cada comunidad autónoma a crear, en tres meses, la Comisión de Garantía y Evaluación necesaria para que los ciudadanos puedan ejercer su recién adquirido derecho a la eutanasia.

Durante su tramitación en el Congreso y el Senado, la ley de eutanasia ha tenido que superar los vetos presentados por PP y VOX y ha contado con el apoyo mayoritario de ambas Cámaras. La ley nace con la amenaza de Partido Popular y VOX de llevarla al Tribunal Constitucional de la mano de organizaciones provida. Pero se da la circunstancia de que la ley, si no se paraliza cautelarmente, tendrá que ser aplicada en territorios donde gobierna el Partido Popular como Castilla y León, Andalucía y Murcia, además de Madrid, que se encuentra en un proceso electoral.

Deseamos que haya lealtad al proceso democrático, pero esperamos maniobras que puedan entorpecer el ejercicio de este derecho

Fernando Marín, derecho a morir dignamente

«Deseamos que haya lealtad al proceso democrático, pero esperamos maniobras que puedan entorpecer el ejercicio de este derecho», afirma el médico malagueño, Fernando Marín, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente. «Una de ellas sería cometer el error de que las comisiones de garantía y evaluación estuvieran formadas por profesionales que están en contra de la eutanasia, sería una fuente de problemas que terminaría en los tribunales», añade.

De hacerse efectivo el temor de esta organización «nos podríamos encontrar con un escenario en el que algunas comunidades aprueban las solicitudes de eutanasia mientras que otras las rechazan todas sistemáticamente». Las solicitudes que lleguen a esas comisiones ya tienen los visados y deliberaciones de dos profesionales, el médico responsable y un médico consultor.

José Manuel Marín, senador de VOX por Murcia ha calificado la ley como contraria a la «vida y viene a implantar la cultura de la muerte en España. Es por ello, y porque toda vida es digna desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, que VOX va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, vamos a pedir que no se aplique esta ley hasta que los magistrados dicten sentencia», informa Ana Belén Ramos.

Llamamientos a la desobediencia y movilizaciones

Uno de los principales obstáculos que tiene la puesta en marcha de la ley se encuentra en organizaciones médicas como el Colegio Médico de Madrid, que tras su cambio de presidencia se ha mostrado muy beligerante con la ley. En un comunicado esta organización llamaba a lo aplicación de la ley: «Demandamos una Ley General de Cuidados Paliativos, previo diálogo con las profesiones sanitarias, y la retirada del proyecto de ley de eutanasia. En el caso de que no se produzca dicha retirada, nos reservamos el derecho de solicitar a la Comunidad de Madrid, última responsable de la sanidad en nuestro ámbito, la no aplicación de una ley injusta que va contra la ética y la deontología».

La ley contempla la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que participen en el proceso y la Organización Médico Colegial ha demandado que todos los médicos, por defecto, sean considerados objetores.

Asamblea por la Vida, que representa a unas 140 organizaciones provida de toda España también ha anunciado movilizaciones. El exministro del PP y portavoz de la Asamblea por la Vida, Jaime Mayor Oreja, ha comparado esta norma con la «socialización del miedo» que ETA propició en su «etapa en el País Vasco» y ha explicado que ahora se «socializa el mal entre los médicos, los pacientes y las personas de una familia».

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