El Gobierno británico tiene previsto activar el próximo 29 de marzo el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el equivalente a los papeles de divorcio con la UE. Aunque las negociaciones entre Londres y Bruselas para fijar las condiciones de este Brexit aún tardarán en arrancar previsiblemente un par de meses, las partes se han apresurado a delimitar lo que es de cada uno. Y las diferencias son milmillonarias. El problema es que, en este caso, quienes tendrán que pagar la separación serán los ciudadanos a un lado u otro del Canal de la Mancha.

El canciller austríaco Christian Kern ya avanzó en el mes de febrero que la UE prevé exigir al gobierno británico 60.000 millones de euros por el Brexit, una cantidad nada desdeñable, pues supone un 2,3% del PIB del país, además de un golpe al orgullo británico y un aviso para aquellos países que se estén pensando seguir su camino.

La UE prevé exigir al gobierno británico 60.000 millones de euros por el Brexit

Sin embargo, el Reino Unido cree que este coste es desmesurado. Al margen de las cifras que se han reproducido en medios de comunicación, el agregado económico y financiero de la Embajada Británica en España, William Murray, aseguraba esta semana en unas jornadas sobre las consecuencias del Brexit organizadas por el CES Cardenal Cisneros que el Reino Unido aún no había cuantificado cuál sería el precio a pagar.

Sin embargo, precisaba que los 60.000 millones fijados por la UE incluyen todas las contribuciones de Gran Bretaña hasta el final del periodo dentro del presupuesto europeo hasta 2021, y anticipaba que, de acuerdo con el criterio de Londres, esas partidas no deberían incluirse en el cálculo sobre el que negociar.

El Reino Unido asegura que si las negociaciones se van a prolongar durante varios años, seguirá haciendo la aportación a la UE que le corresponde como Estado miembro, que asciende a unos 9.000 millones de euros (el doble que Francia en términos per cápita, puntualizó Murray), con lo que en el momento en que se complete la escisión habrá que descontar de los 60.000 millones exigidos alrededor de 25.000 millones de euros. Esto supone dejar la deuda, antes de sentarse a negociar, en menos de la mitad de los exigido por la UE.

Londres quiere descontar 25.000 millones por aportaciones ordinarias hasta su salida

La cuestión no es baladí. Lo que deje de pagar el Reino Unido lo tendrá que pagar la UE. “Es una cuestión de suma cero”, señalaba hace unos días el secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo, en una jornada organizada por la IE Business School y Volvo Car.

Un acuerdo comercial ambicioso

Además de las cifras sobre la deuda en juego, Murray también ofreció otras pinceladas sobre las condiciones en las que quiere operar el Reino Unido una vez se separe definitivamente de la UE. El gobierno de Theresa May es consciente de que el Brexit puede dejar al país en una situación de aislamiento en términos comerciales. La propia primera ministra admitía recientemente que el proceso desembocaría en su salida del mercado común, pero los británicos son conscientes, al mismo tiempo, de que casi la mitad de sus exportaciones tienen como destino la UE.

Por eso, Murray no escondió que el Reino Unido persigue un “acuerdo comercial ambicioso”, con unas condiciones de libre intercambio de bienes y servicios que impacten lo mínimo en su economía. Para ello, Londres se compromete a preservar todo el acervo normativo europeo y transponerlo a la legislación británica. “Gran Bretaña es un país que cumple la normativa europea y el compromiso es seguir cumpliéndola”, aseguró Murray.

Los británicos se comprometen a mantener las normas europeas

Pero la UE no lo pondrá fácil. De hecho, existen divergencias respecto al momento en el que abordar la negociación de las cuestiones arancelarias. Del lado británico, la idea es poder acordar estas cuestiones en paralelo a los términos de salida de la UE. Según el agregado británico, las empresas de uno y otro lado del Canal de la Mancha quieren que así sea para reducir la incertidumbre. Pero las instituciones comunitarias quieren ir paso a paso y antes de definir el futuro de las relaciones comerciales, quieren negociar la separación.

El status de los europeos en Londres

Otra de las cuestiones que ya separan a británicos y UE es también una cuestión de tiempos. Mientras que los primeros quieren llegar al inicio de las conversaciones sobre su salida de la Unión con el status que tendrán los ciudadanos europeos que trabajen en el Reino Unido clarificado, con la idea de simplificar las negociaciones, los Estados europeos quieren abordar todos los aspectos del Brexit de forma conjunta.

Inmigración sí, pero solo como mano de obra

También peliaguda es la limitación o no de los flujos migratorios. Muchos consideran que el referéndum sobre el Brexit perseguía fundamentalmente cerrar las fronteras a la inmigración. Sin embargo, Murray lo niega y asegura que esto no va a ocurrir porque “el Reino Unido va a seguir necesitando gente”.

El Reino Unido mantendrá abiertas sus fronteras para recibir mano de obra

La razón es que la economía británica crece con fuerza y va a necesitar en el futuro mano de obra extranjera. Ahora bien, Londres quiere habla de introducir a trabajadores y de evitar que la inmigración se instale en el país “en niveles insoportables”, en palabras del agregado.

Según las cifras que maneja el Gobierno británico, los flujos de entrada de personas han alcanzado a estas alturas las 350.000 personas al año.

Nada de cambios sustanciales en Gibraltar

Finalmente, está por ver también de qué manera afectará el Brexit a la situación de Gibraltar, que, en consecuencia, también saldrá de la UE. Sin embargo, este territorio de 27.000 habitantes es el lugar de trabajo de 9.000 españoles que se desplazan allí cada día, de acuerdo con la cifras de la Embajada británica en España. En consecuencia, “a nadie le interesa que haya cambios importantes” en Gibraltar, sentenció Murray.