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Pinchazos a Rodríguez Sobrino sustentan la imputación a Casals y Marhuenda por amenazas

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Pinchazos a Rodríguez Sobrino sustentan la imputación a Casals y Marhuenda por amenazas
Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. EFE

Resumen:

El juez Eloy Velasco cuenta con grabaciones telefónicas que acreditan que el director de la Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente Mauricio Casals amenazaron a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara las irregularidades del canal de Isabel II.

Fuentes de la investigación aseguran que la Guardia Civil no ha intervenido los telefónos de los periodistas que este jueves comparecen ante el juez por coacciones, amenazas y pertenencia a organización criminal.

Los periodistas querían proteger a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la Razón que ha sido detenido en esta operación junto a otras 11 personas, entre ellas el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Cinco testigos, entre ellos Cifuentes, han ratificado ante el juez las coacciones al declarar en calidad de testigos.

La imputación por amenazas al director de La Razón Francisco Marhuenda y al presidente del periódico, Mauricio Casals, se sostiene en grabaciones a Edmundo Rodríguez Sobrino en las que los directivos del diario la amenazaban con utilizar “todo el poder del grupo” si mantenían su intención de denunciar las irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II. Fuentes de la investigación aseguran que “en ningún momento” se han intervenido las líneas ni de Casals ni de Marhuenda.

Con las coacciones, los directivos tratarían de proteger a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la empresa editora de La Razón (Audiovisual Española 2000) y ex presidente ejecutivo de la filial latinoamericana del Canal de Isabel II (Inassa).

Las conversaciones son del propio Rodríguez Sobrino con Marhuenda y con Casals, entre otros. En ellas se hace referencia a reuniones con Cristina Cifuentes y con su jefa de gabinete, Marisa González, a las que en alguna ocasión se las llega a calificar de “putas’.  Según fuentes judiciales, el futuro de Marhuenda y Casals depende de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha declarado ante el juez Velasco, haya ratificado que fue amenazada por los periodistas, que declaran este jueves en la Audiencia Nacional. Además de Cifuentes, han declarado González, el portavoz de la Asamblea de Madrid, Ángel Garrido; el actual gerente del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, y el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras.

Según informa El Español, Rodríguez Sobrino pide en una de las conversaciones intervenidas que la presión sobre Cifuentes aumente. “Paco [Marhuenda] tienes que decirle: ‘Esto ha llegado muy lejos, Edmundo es uno de los nuestros y queremos una solución para él’. Están buscando en los cajones de los armarios, buscando guarrerías a la desesperada”.

El juez Eloy Velasco ha citado en calidad de investigados a Marhuenda y Casals por presuntas coacciones e intimidación y pertenencia a organización criminal -aunque este último delito tiene “poca consistencia”-, según fuentes jurídicas. Estas imputaciones se han acordado en la causa de la operación Lezo que ha desarrollado este miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

Rodríguez Sobrino fue el máximo responsable ejecutivo de la operación de compra de la empresa brasileña Emissao, en la que se investiga si parte de los 21,4 millones de euros desembolsados por el 75% del capital se desviaron a beneficio privado.

En conversación telefónica con El Independiente, Marhuenda ha eludido valorar su imputación en el caso a la espera de prestar declaración este jueves ante el juez Velasco. El director del periódico, que ha suspendido la conferencia que iba a ofrecer en la tarde de este miércoles en Tomares (Sevilla) dentro del ciclo ‘Comunicación y Justicia’, se ha limitado a afirmar que está en condiciones de demostrarle al togado que nunca ha coaccionado a Cifuentes.

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