Podemos afronta un otoño con dos frentes judiciales que pueden complicar el papel de su líder, Pablo Iglesias, como vicepresidente segundo del Gobierno.

En los próximos días, cinco magistrados de la Sala de Admisión del Tribunal Supremo debe decidir si abren una investigación o no al aforado Iglesias tras solicitarlo el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón. El pasado miércoles, el magistrado solicitó a la Sala Segunda del alto tribunal que le abra una causa por presuntos delitos de denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género y daños informáticos por su actuación en el caso Dina.

El instructor sospecha que el líder de Podemos instrumentalizó la causa abierta en su Juzgado por el robo del móvil de su exasesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, y la aparición de una copia del volcado del dispositivo en casa del comisario Villarejo para sacar una "ventaja electoral" y presentarse como víctima de la presunta red mafiosa del policía.

Iglesias se mostró seguro esta semana de que el Supremo no le imputará, pero lo cierto es que la Fiscalía debe presentar un informe ante los magistrados de la Sala Segunda para informar sobre si deben o no abrir una causa al líder de Podemos a partir de los indicios presentados por el juez de la Audiencia Nacional contra él. Tras recibir dicho informe, que no es vinculante, los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo deben decidir al respecto. Iglesias también puede declarar de manera voluntaria ante la Sala sin necesidad de que éstos le citen como investigado, aunque por sus propias declaraciones en la última semana, no parece que baraje dicha opción.

La investigación del Juzgado 42

Esto ocurre mientras un juez de Madrid, Juan José Escalonilla, investiga también a la cúpula de la formación por la financiación de los gastos de su campaña electoral de abril de 2019. Concretamente, el titular del Juzgado número 42 de Madrid abrió una causa contra Juan Manuel del Olmo, responsable de las dos últimas campañas electorales de Podemos y director de Estrategia y Comunicación de Vicepresidencia del Gobierno y la gerente y el tesorero del partido, así como contra Unidas Podemos como persona jurídica por presuntos delitos de malversación y administración desleal.

Dicha investigación se inició después de denunciar el abogado expulsado de Podemos, José Manuel Calvente, presuntas irregularidades de financiación y gastos internos en el partido.

Pagos a Neurona Consulting

El juez de Madrid investiga -como pidió también la Fiscalía al ver indicios de delito- los pagos del partido de Iglesias a la consultora mexicana Neurona que supuestamente realizó trabajos para la campaña electoral del partido.

Sin embargo, tanto el juez como el Tribunal de Cuentas (según un reciente informe) consideran que el partido morado pudo simular los contratos de trabajo con el fin de financiar irregularmente gastos no permitidos por la ley de su campaña. Uno de los datos que alertó tanto al órgano fiscalizador como la Justicia es que la compañía Neurona no creó su filial en España que prestó servicios a Podemos hasta que prácticamente había finalizado la campaña electoral.

Calvente, el abogado expulsado de Podemos, afirmó en su declaración como testigo en sede judicial que los trabajadores de Podemos se alarmaron de que el partido contratara servicios de campaña con una consultora de la órbita chavista mientras había "trabajadores de Podemos cruzados de brazos".

El próximo 28 de octubre, la abogada Mónica Carmona que también fue expulsada de Podemos a la vez que Calvente presuntamente por denunciar irregularidades en el seno del partido, según afirma él, declarará en el Juzgado número 42 de Madrid. Su primera declaración se suspendió por razones técnicas. Su testimonio será clave para la investigación del Juzgado que ya ha solicitado distinta información a Podemos, como que justifique todos los trabajos prestados por la compañía Neurona Consulting para la campaña electoral de abril de 2019.