La Fiscalía Provincial de Madrid se ha pronunciado por primera vez sobre la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 42 contra Podemos como persona jurídica y miembros de su cúpula por presuntos delitos de malversación y administración desleal. Pide que se investigue al partido únicamente por el contrato suscrito con la consultora mexicana Neurona Consulting, a la que se contrató para realizar trabajos para la campaña electoral del 28 de abril y que, según consideró el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en sendos informes, no está debidamente justificado y pudo ser «simulado».

Sobre el resto de presuntas irregularidades denunciadas por el abogado expulsado del partido, José Manuel Calvente, ante la Guardia Civil y un juzgado de Barcelona y que dieron origen a la investigación del juez Juan José Escalonilla, el Ministerio Público reseña que algunas de ellas son “rumores, sospechas o suspicacias” mientras que para el resto no existen indicios que demuestren la existencia hechos delictivos.

Calvente, que además de formar parte del equipo jurídico de Podemos era el responsable de Protección de Datos, denunció que el precio de la reforma de la sede central de Podemos se infló y se adjudicó «a dedo» a una empresa afín a altos cargos del partido; el destino de 50.000 euros de la denominada ‘Caja de solidaridad’ de Podemos a la asociación #404 comunicación popular y que dicha caja habría servido para pagar gastos de miembros de la formación injustificados y el acceso “inconsentido” al contenido del disco duro del partido de una de las trabajadoras de la formación a la abogada de Pablo Iglesias, Marta Flor Núñez.

«Indicios suficientes de hecho delictivo»

Donde la Fiscalía sí ve «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo» es en el contrato con la consultora de la órbita chavista Neurona Consulting, a cuyos dueños puso en contacto con Podemos el fundador del partido, Juan Carlos Monedero, sobre quien Calvente vertió sospechas de que fuera posible comisionista de la operación.

El fiscal aprecia respecto al contrato suscrito por 363.0000 euros la existencia de “indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo”. Como primera conclusión rechaza el carácter “prospectivo” del hecho investigado porque “existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto resultando además que es una empresa creada “ad hoc” para la prestación del servicio”. En este sentido, el Tribunal de Cuentas ya alertó de que la filial española de Neurona se dio de alta en el registro mercantil una vez la campaña electoral estaba a punto de finalizar. De ahí que el juez Escalonilla haya pedido al partido de Iglesias que justifique todos los trabajos prestados por dicha compañía al partido.

Del mismo modo explica la Fiscalía que de la información bancaria remitida resulta que la empresa contratista Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a una mercantil de tecnología digital con sede en Dallas (Creative Advice Interactive)  por un importe total de 308.257,20 euros “cuando las transferencias de la coalición son  manifiestamente superiores”. Igualmente reseña que todos los gastos que figuran en sus cuentas corrientes son los normales de  prestación de servicios (Burguer King, Uber, Museo del Jamón..) así como comisiones al letrado que figura como administrador de la entidad, pero no constan “gastos de personal, medios materiales o locales” propios de una actividad empresarial.

Rechaza la nulidad planteada por Podemos

A su vez, la Fiscalía rechaza la nulidad de actuaciones planteada por Podemos por no constar en la causa la grabación completa, una circunstancia que a juicio de la formación política  le generaría indefensión, porque “si lo desea la parte ahora apelante no tiene más que solicitar una copia”. Del mismo modo descarta la obtención ilícita por parte del denunciante de la documentación aportada a la causa  dado que su relación laboral con Podemos “no ampara el secreto profesional en lo que se refiere a aportación de documentación relativa a cuestiones internas del partido”. Incluso niega que se trate de una investigación prospectiva como alega la formación política.

Calvente también se refería en su denuncia a una serie de actos preparatorios que, desde su punto de vista, servirían como indicios de la comisión de hechos delictivos. Citaba, por ejemplo, el cierre del portal de transparencia incumpliendo los Estatutos, el nombramiento de la nueva gerente, el cese del antiguo responsable de compras y el nombramiento del nuevo, la falta de aprobación del presupuesto de 2019 y presupuestos de las campañas electorales de 2019, el aumento de salarios de tesorero y gerente por encima de los límites éticos fijados por el partido así como abono de gastos desproporcionados y conceptos no autorizados y la desaparición de la auditoria externa y falta del control del gasto. La Fiscalía entiende que si bien estos hechos pueden ser “discutibles” desde el punto de vista ético o de la transparencia “es claro que no revisten caracteres de delito”.