Cinco magistrados del Tribunal Supremo, cuatro de ellos miembros del tribunal que juzgó el procés, decidirán si abren una investigación al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, como solicitó el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, por su actuación en el denominado caso Dina.

El instructor del caso Villarejo considera que el líder de Podemos ha utilizado su juzgado para tratar de sacar «rédito político». Cree que ha instrumentalizado la investigación sobre el robo de un móvil a su exasesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, para atribuírselo al comisario investigado y presentarse como víctima de su red presuntamente mafiosa. Por eso, este miércoles envió una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo ante la que Iglesias está aforado para pedir que se le investigue por los delitos de denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género y daños informáticos.

La Sala de Admisión que decidirá –previo informe no vinculante de la Fiscalía– si abre o no una causa al vicepresidente segundo del Gobierno, está compuesta por el presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres. Los cuatro primeros formaron parte del tribunal que juzgó a los políticos independentistas catalanes. Éstos son sus perfiles según el portal de transparencia del Poder Judicial:

Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959). Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde noviembre de 2014 y ponente de la sentencia que condenó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los otros 10 líderes del proceso independentista en Cataluña.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto con la máxima calificación académica, también es doctor en Derecho. Es fiscal excedente, carrera en la que ha ejercido como fiscal del Tribunal Supremo y fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Ha sido profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Marchena no pertenece a ninguna asociación judicial.

Andrés Martínez Arrieta (Logroño, 1955). Fue el magistrado más joven (43 años) en acceder al Tribunal Supremo. Esta misma semana, propuso juzgar al magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar. En 2017, el CGPJ le designó segundo magistrado para conocer de las actividades del CNI en sustitución de ex fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en la Carrera Judicial en 1979 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Azpeitia (Guipúzcoa). Fue uno de los fundadores de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), aunque está entre los magistrados catalogados como «progresistas».

Imagen: Gaceta de Salamanca

Andrés Palomo (Salamanca, 1955). Es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde 2014. Previamente fue presidente de la Audiencia Provincial de Segovia. Ingresó en la carrera judicial en 1981 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almendralejo (Badajoz). También se le considera progresista.

Fotograma de ‘La Sexta’.

Ana Ferrer (Madrid, 1959). También formó parte del tribunal del procés e ingresó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 2014, siendo la primera mujer que lo hizo. Progresista, es miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Fue una de las juezas del tribunal que revisó la condena de los miembros de la Manada y consideró que debían ser condenados por agresión sexual y no por abuso.

Fotograma de TVE.

Eduardo de Porres (Madrid, 1957). Ingresó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 2018. Previamente, fue presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en la carrera judicial en 1986 y estuvo destinado en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Yecla (Murcia) y distintos juzgados de la provincia de Madrid. Pertenece a la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y se le considera conservador.