El ex concejal marbellí Carlos Fernández, investigado en el caso Malaya y huido de la Justicia desde hace 11 años, se ha entregado en el país en el que se encuentra escondido en un intento de acelerar la declaración de prescripción que se le imputaban. La pista del antiguo edil del Partido Andalucista (PA) se perdió en Argentina, donde testigos aseguran haberlo visto años atrás. No ha trascendido en qué país se encuentra.
La entrega se produce después de que un hermano, abogado de profesión, se personara en el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella para conocer si debido al tiempo transcurrido -más de 10 años- la responsabilidad penal quedaría extinguida, pero no se le permitió la personación al no presentar poderes.
El órgano instructor desestimó, mediante una providencia dictada el pasado mes de abril, la personación de los profesionales en nombre de Carlos Fernández, rechazo que fue reiterado en mayo en contestación de un recurso de reforma del letrado. No obstante, el abogado presentó un recurso de queja ante la Audiencia de Málaga, que la Fiscalía pidió que se desestimara y que se mantuviera la inadmisión de la personación, al recordar que el ex edil estaba en busca y captura sin estar a disposición del juez o del Tribunal encargado del caso Malaya, ya en fase de ejecución de sentencia.
Personación sin éxito
La Audiencia de Málaga se ha pronunciado ahora al respecto, desestimando las pretensiones del letrado en cuanto a la personación, declarando la firmeza de las resoluciones impugnadas al considerarlas -al igual que la Fiscalía- ajustadas a derecho. El tribunal, coincidiendo con el instructor, entiende que Fernández está desde el principio del caso Malaya huido de la actuación de la Justicia, por lo que no se sostiene que pida la personación de estos profesionales sin haberse puesto a disposición del tribunal para poder ratificar ambos nombramientos.
Carlos Fernández no se llegó a sentar en el banquillo de los acusados porque antes de que comenzara el juicio huyó de España. Al concejal se le imputaban delitos continuados de prevaricación, cohecho, malversación, fraude y contra la ordenación del territorio, presuntamente cometidos entre 2003 y 2005. Sobre él pesaban cuatro órdenes de busca y captura dictadas por los juzgados marbellíes de Instruccion 1, 3, 4 y 5.
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