El ex presidente de la Generalitat Artur Mas ha reconocido este martes en el Tribunal Supremo que asistió a algunas de las reuniones que aparecen reflejadas en la agenda de Josep María Jové ya que en calidad de presidente del PdeCat ejercía una “función representativa” en las mismas y asesoraba a Carles Puigdemont.
El ex líder de CIU, que se encuentra imputado en el procés y pendiente de que el Alto Tribunal confirme su condena por la consulta del 9-N, ha explicado que se trataban de “reuniones políticas” y ha negado ante el juez Pablo Llarena formar parte del denominado comité estratégico para obtener la independencia.
Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, Mas ha explicado que en aquellas reuniones él se mostró favorable a apostar por el impulso bilateral para lograr la independencia de Cataluña ya que entendía que si el proyecto soberanista iba ganando votos al Ejecutivo de Mariano Rajoy le sería más difícil frenarlo, mientras que si se acudía a la declaración de un referéndum de forma unilateral el Gobierno podría anularlo. El ex president ha señalado que sus ideas estaban en minoría en aquellas reuniones y que él alertó al propio Puigdemont de incurrir en un delito de desobediencia si convocaban una consulta no pactada.
Asimismo, el acusado ha reconocido que hubo un cambio en la hoja de ruta del independentismo y que, cuando se dieron cuenta que las negociaciones con el Gobierno central no daban sus frutos, decidieron apostar por la vía unilateral.
De la misma forma, el imputado ha hecho una distinción entre el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre -que ha calificado de real- y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
Además, Artur Mas ha puesto en conocimiento del juez Llarena que antes de la convocatoria del referéndum participativo del 9 de noviembre de 2014, a propuesta suya, se estableció un comité discreto “a tres” entre un emisario del presidente Mariano Rajoy, otro del entonces líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el ex presidente del Parlament Joan Rigol como su intermediario. Dichos contactos duraron año y medio y dieron escasos frutos, según la versión dada por el acusado, aunque con ello se trató de dar una salida al proceso soberanista.
El acusado ha quedado en libertad sin medidas cautelares pese a que la Fiscalía pidió libertad bajo fianza para el mismo. Además, la acusación ejercida por VOX solicitó que esa fianza fuera de 60.000 euros. El instructor decidió no imponer medidas cautelares al ex presidente catalán por su compromiso de comparecer ante el Supremo cuando sea llamado por la Justicia.
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