Los ceses ejecutados en Renfe y Adif por el retraso de dos años en la fabricación de 31 trenes de ancho métrico para regiones como Cantabria y Asturias eran salidas ya previstas por otros motivos. Los cargos intermedios apartados de sus funciones por ambas compañías públicas tenían previsto dejar esos puestos próximamente, según ha informado el diario ABC.
Ninguna de las dos empresas comunicó el nombre de los afectados por las destituciones en sendas notas de prensa hechas públicas a media tarde del pasado lunes.
En el caso de Renfe, el presidente Isaías Táboas ejecutó el cese de su actual responsabilidad en Gestión de Material en la Dirección Técnica y de Operaciones al que era gerente de Área de Gestión de Material de Renfe Viajeros en el momento de la gestación del proyecto para renovar la flota de trenes de vía estrecha. El afectado tiene 67 años y estaba previsto que se jubilase este mismo año, explica ABC citando fuentes internas de la empresa.
Por su parte, la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, ordenó el cese "preventivo", al titular de su jefatura de Inspección y Tecnología de vía. Según el diario de Vocento, ya estaba previsto que abandonase el cargo por otros motivos no especificados y seguirá en otro puesto de la empresa. Adif niega que este cese estuviese decidido con anterioridad.
En este sentido, cunde la sensación de que han su destitución ha sido empleada para aplacar el ruido generado en las dos regiones afectadas y evitar responsabilidades políticas. Tras el revuelo político al conocerse que la causa del retraso eran unas medidas equivocadas, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció el fin de semana "ceses inminentes" para depurar responsabilidades.
La titular de Transportes no quiso esperar al resultado de la auditoría interna que ordenó poner en marcha en ambas compañías para esclarecer qué ha podido pasar para que durante dos años haya estado bloqueada la fabricación de los convoyes por un error en los cálculos del gálibo.
El fabricante vasco CAF recibió el encargo a finales de 2020 y detectó en las fases iniciales del diseño que la referencia a los gálibos que le suministró Renfe podían provocar que los trenes no pasaran por los túneles de los trazados de las regiones afectadas.
En marzo de 2021 se constituyó un grupo de trabajo entre el fabricante, Renfe, Adif y la Agencia de Seguridad Ferroviaria para buscar una solución al problema. En esa época ya se puso encima de la mesa la solución que finalmente se usará para construir los nuevos convoyes. Esta pasa por el denominado método comparativo, que consiste en usar trenes ya existentes como base para el diseño de los nuevos.
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