El necesario debate sobre las pensiones o la sensación de que los ciudadanos-votantes somos unos ignorantes

Hace unos días alguien del PP dijo algo así como que el sistema de pensiones está a punto de “petar”. Las críticas llovieron de todos lados: desde su partido al sacar un tema conflictivo en periodo electoral, hasta el PSOE que se frota las manos convencido de que los 9 millones de pensionistas le van a votar masivamente. Seguimos con la inveterada costumbre de no debatir nada, ni siquiera cuestiones trascendentales como ésta. Es la sensación tan poco democrática de que los ciudadanos-votantes somos unos ignorantes menores de edad.

Para ver la sostenibilidad del sistema español de pensiones, nos vamos a fijar solo en las llamadas contributivas, que son las que paga la Seguridad Social a aquellos trabajadores por cuenta ajena que hayan contribuido al régimen general. La AIReF publica unos informes en los que se centra en dos parámetros.

1. Tasa de reemplazo, que calcula la relación entre el último salario y la primera pensión. Hay gran disparidad de resultados entre la OCDE y Eurostat. Según este, la tasa de España es de las más altas, el 76%, en línea con Italia (74%) y muy lejos de Francia (60%) o Alemania (48%). Lo que no dice la AIReF es la otra parte de la ecuación: las contribuciones, que en España para la jubilación son el 21% de la base, es decir, del salario.
2. TIR (tasa interna de retorno), que sí tiene en cuenta cotizaciones y prestaciones. Sin entrar en profundidades matemáticas, el resultado es 5,7%. Para empezar, esta cifra es positiva, lo que quiere decir que las prestaciones son más altas que las cotizaciones. Pero para ver la “generosidad” del sistema, habría que comparar esta cifra con la suma de la inflación promedio y la tasa de crecimiento de la economía española, que podemos estimar que está por debajo del 4%. Claramente el 5,7% es muy superior, lo que se agrava porque la TIR es más alta en el caso de trabajadores de sueldos bajos, al haber pensiones mínimas y de las mujeres por su mayor longevidad. Esto quiere decir que cada vez más parte del PIB va a pagar a los jubilados, que es un estamento no productivo. Además, la llegada masiva de inmigrantes de baja cualificación aumenta el problema.

La TIR es la demostración matemática de que nuestras pensiones son excesivas, lo que ya intuíamos al leer el déficit permanente de la Seguridad Social, que necesita de transferencias continuas de Hacienda para sobrevivir. Hace mucho que esa “hucha” de pensiones que se creó en época de Aznar se agotó.

Cuando se habla de crisis de la Seguridad Social o de las pensiones se alude a la insuficiencia de las contribuciones de los trabajadores activos para pagar las pensiones de los jubilados, como si fueran los primeros los obligados a pagar a los segundos. Esto es absurdo: el pago de las contribuciones genera un derecho a prestaciones futuras y el obligado es el Estado, que es quien cobra las prestaciones, que no son más que otro impuesto.

La llamada reforma Escrivá introdujo medidas para aumentar las contribuciones, con el mecanismo de equidad intergeneracional, el aumento de las bases máximas de cotización y las modificaciones del régimen especial de los trabajadores autónomos. Es decir, aumentó la llamada cuña fiscal del empleo (contribuciones más IRPF) que estaba en el 41,4% del coste laboral para el salario más habitual, frente al 35,1% de la OCDE.

La sostenibilidad no consiste solamente en conseguir ingresos suficientes para pagar las pensiones, sino en hacerlo sin debilitar excesivamente el empleo, los salarios disponibles y la base productiva que los sostiene. Toda reforma tiene que conseguir bajar esa TIR del 5,7% para llegar al 4%, respetando los derechos adquiridos de los jubilados y actuando con justicia y trasparencia con los trabajadores activos, que tienen que saber lo que pueden esperar cuando les llegue la jubilación. Se necesita una reforma y su ejecución será un proceso largo, con periodos transitorios y necesariamente introducirá mayores tensiones presupuestarias en las fases intermedias. Deberá tener el máximo consenso social y político. Y si se trata a los ciudadanos como mayores de edad, deberían acabar teniendo la posibilidad de elegir entre pensiones públicas y privadas. Pero por manifestaciones recientes de los políticos de todos los colores, me temo que juegan al juego del avestruz, escondiendo la cabeza como si no fuera con ellos, pasando el problema a los siguientes.