El Gobierno todavía no ha decidido si autorizará o no la inversión del grupo saudí STC en Telefónica. La operación está aún bajo la lupa del Ejecutivo, pero este promete que se procurará en todo momento que queden a salvo "la defensa y la seguridad nacional". La "protección de los intereses nacionales".
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, aún no se había pronunciado sobre la entrada saudí en el gigante español de las telecomunicaciones, porque cuando se conoció enfermó de covid y no viajó a la cumbre del G-20 el pasado fin de semana en Nueva Delhi (India). Este viernes sí hizo referencia a ello en su vuelta a la actividad pública tras dar ya negativo, y fue en el foro Resilient EU2030 organizado por la CEOE.
Primero, Sánchez celebró el "interés de grandes inversores internacionales" por las empresas españolas, por lo que supone de "inyección de recursos" en la economía y porque muestra que el país "avanza en la dirección adecuada", "ofrece confianza y seguridad" y cuenta con un potente tejido empresarial.
Sánchez también celebra el "interés de grandes inversores internacionales", porque prueba que el país "avanza en la dirección adecuada", ofrece "confianza y seguridad" y cuenta con un potente tejido empresarial
Pero el Gobierno también cuenta, aseguró con los "instrumentos necesarios para proteger su soberanía nacional y sus intereses estratégicos", como lo es por ejemplo el acceso a las tecnologías críticas, en particular en el ámbito de la seguridad y la defensa. El presidente recordó que la legislación española es de las "más rigurosas de Europa". Se reformó durante la pandemia, para impedir que fondos extranjeros se hicieran con empresas estratégicas españolas cuyo valor había caído por el confinamiento, y también se modificó este verano, aumentando los "mecanismos de control", siempre en línea con lo requerido por la Unión Europea.
El jefe del Ejecutivo aseguró entonces que su Gabinete ya está "analizando detenidamente" la operación de inversión saudí, que cuenta con "los mecanismos adecuados para ejercer los controles necesarios" y que garantizará que "en todo momento esté a salvo la defensa y la seguridad nacional, entendida en un sentido amplio". Y se asegurará, continuó, que "cualquier inversión extranjera no trascienda los límites que supongan una influencia indebida sobre empresas estratégicas o comporte el acceso a tecnologías críticas".
Él mismo resumió qué directriz seguirá el Gobierno: "El límite que existe para la inversión extranjera es la protección de nuestros legítimos intereses nacionales".
2.100 millones de euros
El grupo saudí STC anunció el pasado 5 de septiembre por la tarde, al cierre de los mercados, que había adquirido por 2.100 millones de euros una participación del 9,9% en Telefónica. En concreto, un 4,9% en acciones y un 5% en instrumentos financieros. Ese 9,9% total coloca a la compañía saudí como primer accionista de la empresa española, por delante de BBVA (4,87%), la gestora estadounidense BlackRock (4,48%) y CaixaBank (3,5%).
El límite que existe para la inversión extranjera es la protección de nuestros legítimos intereses nacionales", asevera
El artículo 18 del real decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, dispone que los inversores foráneos que compren más del 5% de empresas relacionadas con la defensa nacional, caso de Telefónica, están obligados a solicitar la autorización previa del Ministerio de Defensa siempre que no renuncien a su derecho de voto o a formar parte de los órganos de administración.
STC, informa Europa Press, aún no ha hecho público si ha trasladado al departamento que dirige Margarita Robles la petición formal para poder materializar los derechos de voto ligados al 5% de los instrumentos financieros adquiridos. En esa comunicación se prevé que la compañía saudí indicará si solicitará o no un sillón en el consejo de administración de la compañía de telecomunicaciones española.
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