La directora general de Trabajo, Concepción Pascual, que autorizó la constitución del sindicato de trabajadoras del sexo OTRAS ha presentado su dimisión días después de que la ministra del ramo, Magdalena Valerio, se mostrara contraria a esta decisión y anunciara que el Gobierno ha puesto en manos de la Abogacía del Estado la cuestión para que estudie vías para corregir la situación.
Trabajo ha informado en un escueto comunicado que Valerio ha aceptado su dimisión, a lo que ha añadido que "la decisión de Concepción Pascual se produce al asumir voluntariamente todas las responsabilidades del registro de los estatutos de OTRAS, la Organización de Trabajadoras Sexuales". "Este registro se ha efectuado ante la dirección de la que Concepción Pascual era la máxima responsable", concluye.
La dimisión se produce después del revuelo que ha provocado la legitimación de la OTRAS en el seno del PSOE. La reacción del Gobierno tuvo lugar poco después de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díez, asegurara que era una "manera encubierta de querer legalizar la prostitución y la explotación de las mujeres” y de “tapar” lo que está siendo “mucho negocio para traficantes y proxenetas”.
Por otro lado, Valario dio alas a la polémica cuando, en sede parlamentaria, aseguró que le habían "metido un gol por la escuadra" dentro de su propio ministerio. Según dijo, para ella fue “una sorpresa” conocer la publicación en el BOE de la resolución sobre el sindicato y ya avanzó entonces que preguntaría a la persona encargada de dicho expediente por qué no se le informó de su tramitación.
“No pueden imaginar ustedes los sentimientos que tengo en este momento, el disgusto que me pillé ayer cuando me enteré es uno de los más gordos que me he pillado a lo largo de mi vida profesional y política y llevo ya un cierto rodaje”, dijo.
Mientras tanto, la Abogacía del Estado ya ha iniciado todos los trámites pertinentes para declarar esta resolución nula de pleno derecho. Según se explica en el BOE, el visto bueno al citado sindicato se ha producido tras comprobarse “que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Real Decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales”. El sindicato cuenta con los correspondientes estatutos y con el acta de constitución y tiene su domicilio en la plaza del Fénix de Barcelona, aunque su ámbito es estatal.
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