El DAO de la Guardia Civil se juega su puesto con el cambio de Gobierno

El adelanto electoral abre una incógnita añadida en la cúpula de la Guardia Civil sobre el futuro del director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas. La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre abre la puerta a un eventual cambio de Gobierno y, con él, a una posible renovación de los principales puestos de Interior. Llamas, que ocupa el segundo escalón operativo del Instituto Armado, afronta este escenario además como investigado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por su actuación en el marco de la causa que trata de esclarecer las presuntas presiones sobre la Unidad Central Operativa (UCO).

La clave está en la naturaleza del puesto. La Dirección Adjunta Operativa tiene rango de subdirección general y está ocupada por un teniente general en servicio activo. Es el primer auxiliar de la Dirección General de la Guardia Civil y entre sus funciones figura planificar y coordinar la actividad de las unidades dependientes de ella de acuerdo con las directrices de la persona titular de la Dirección General. De la DAO dependen, entre otros órganos, el Estado Mayor y la Jefatura de Información.

La llegada de Llamas

Llamas llegó al cargo en diciembre de 2023, con Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior. Su nombramiento se produjo mediante una orden ministerial a propuesta del entonces director general de la Guardia Civil y con la conformidad del secretario de Estado de Seguridad.

Por eso, aunque el resultado electoral no implica automáticamente la salida del DAO, un eventual cambio de Ejecutivo coloca su continuidad ante una nueva decisión política. El nuevo ministro del Interior tendrá que decidir si mantiene la actual estructura de mando o acomete cambios en los puestos de confianza de la dirección del Cuerpo.

El escenario llega, además, después de unos meses especialmente complicados para Llamas. El teniente general está investigado en la Audiencia Nacional junto a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en una causa en la que Pedraz trata de determinar si desde la cúpula del Instituto Armado se utilizaron las facultades disciplinarias y administrativas de la Guardia Civil para presionar o condicionar el trabajo de agentes de la UCO.

"Ponerse de perfil"

Llamas declaró ante el magistrado el pasado mes de julio y negó haber ordenado a los investigadores que se "pusieran de perfil" o que dejaran de ser proactivos en determinadas investigaciones. También defendió ante el juez que las actuaciones internas abiertas a agentes respondían a las competencias propias de la Guardia Civil y no a una estrategia para obstaculizar sus pesquisas.

Su versión quedó enfrentada, sin embargo, a la de varios mandos que habían declarado previamente en la causa. Entre ellos se encuentran el general Alfonso López Malo y el entonces jefe de la UCO, Rafael Vicente Yuste, que atribuyeron a miembros de la cúpula de la Guardia Civil indicaciones para rebajar la iniciativa de los investigadores en asuntos con "afectación política". La existencia y alcance de esas supuestas instrucciones forman parte precisamente de lo que el juez está tratando de esclarecer.

Las elecciones del 29 de noviembre

La causa ha colocado así en una situación inédita al máximo responsable operativo de la Guardia Civil. Llamas continúa ejerciendo sus funciones mientras figura como investigado en un procedimiento que afecta directamente al funcionamiento de una de las unidades que dependen de la estructura operativa del Cuerpo.

Y esa situación adquiere una nueva dimensión con el adelanto electoral. El BOE publicó este martes el real decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre. Las nuevas Cámaras se constituirán el 23 de diciembre.

Si de las elecciones sale un nuevo Ejecutivo, el relevo político en Interior abrirá previsiblemente una revisión de la estructura de mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que dependen del departamento. En el caso de la Guardia Civil, el DAO constituye uno de los puestos centrales de esa estructura. No se trata, por tanto, de que las elecciones impliquen por sí mismas el cese de Llamas, sino de que su continuidad quedará sometida a la decisión de una nueva dirección política si se produce una alternancia.

La UCO se queda

El otro elemento de la ecuación es la UCO. La unidad que está en el centro de la causa judicial contra Llamas no queda vinculada a su permanencia personal en el cargo. Sus investigadores continúan desarrollando las pesquisas que tienen encomendadas y la actividad de la unidad no se paraliza por la eventual renovación de la cúpula de la Guardia Civil.

De hecho, la investigación judicial sobre las presuntas presiones a la UCO continúa generando nuevas diligencias. Este mismo martes, Pedraz ha reclamado a la Guardia Civil información sobre expedientes e informaciones reservadas abiertas a agentes que no pertenecían a la UCO, así como documentación relativa a quién ordenó su apertura, cuándo se incoaron y si los hechos investigados guardaban relación con investigaciones judiciales en las que los agentes actuaban como policía judicial. En el caso de los expedientes relativos a miembros de la UCO, el juez también ha pedido información sobre los mandos que ordenaron su apertura y sobre su eventual relación con investigaciones judiciales.

La causa avanza

La petición del magistrado pone de manifiesto que la causa sigue avanzando mientras la Guardia Civil afronta un escenario de posible relevo político. Y añade una paradoja al momento que atraviesa la institución ya que la persona situada en la cúspide de la cadena operativa puede cambiar después de las elecciones, pero las investigaciones que han provocado el choque entre determinados mandos y la UCO siguen su curso.

La continuidad de los investigadores tampoco depende de que permanezca un determinado DAO. La UCO es una unidad integrada en la estructura de la Guardia Civil y sus agentes mantienen sus funciones de policía judicial bajo la dirección de los jueces y fiscales cuando actúan en investigaciones judicializadas. El eventual cambio de Llamas no supone, por tanto, el cierre ni la modificación automática de las causas que actualmente tramita la unidad.

Ese contraste resulta especialmente relevante en el caso que instruye Pedraz. El juez investiga precisamente si determinados responsables de la Guardia Civil utilizaron sus competencias jerárquicas para condicionar el trabajo de agentes que participaban en investigaciones sensibles. La causa ha convertido las relaciones entre la cadena de mando y la UCO en uno de los principales focos de tensión interna del Instituto Armado.