El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declarado este miércoles de semana santa durante más de dos horas que la contratación de la asesora de Begoña Gómez "se hizo conforme a la ley", si bien se ha desvinculado de que fuera una responsabilidad suya. El juez Juan Carlos Peinado, que mantiene imputada a la esposa del presidente del Gobierno, se ha acercado hasta la Moncloa para la testifical que consideraba esencial para esclarecer si hubo malversación de caudales públicos y ha parado la cita para que el ministro le diera el nombre del responsable de la contratación de la asesora Cristina Álvarez, que también está investigada.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tenía previsto que una coche del Ministerio le recogiera pero al llegar el vehículo, Peinado ha dictado un escrito en el que ha requerido que el policía que viajaba dentro del mismo no le acompañara en la comitiva judicial, ya que "lo que se solicitó, fue únicamente un vehículo oficial del parque móvil para el desplazamiento de la comisión judicial, con su correspondiente conductor" y, según él, "carece de sentido que dicho vehículo sea ocupado por una tercera persona cuyo objetivo en el interior del citado vehículo".

El abogado de Begoña Gómez ha llegado a la Moncloa sobre las 10:10 horas de la mañana en un coche rojo y 20 minutos más tarde lo ha hecho Peinado por la puerta trasera del complejo, por donde entran al Consejo de Ministros. El interrogatorio se ha retrasado y no ha comenzado hasta pasadas las 11:00 de la mañana porque el magistrado ha pedido una tarima para que su mesa estuviera más elevada que la de Bolaños, imitando el estrado en el que se sientan los jueces cuando toman declaración.

El juez pretendía esclarecer si la contratación de Cristina Álvarez como asesora personal de Begoña Gómez a cargo de los presupuestos públicos se hizo de forma regular y hasta dónde llegan sus funciones porque sospecha que la asesora ha podido incurrir en una ilegalidad al haber apoyado las actividades privadas de Gómez, por ejemplo, al buscar financiación para la cátedra que ella codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Bolaños ha respondido a todas las preguntas durante dos horas y 20 minutos de declaración, asegurando que no conocía a la asesora de Begoña Gómez antes de que la ficharan, que no sabía de parte de quién venía la propuesta, pero que, en cualquier caso, entre sus funciones como secretario general de la Presidencia, cargo que ocupaba en 2018, no estaba esta contratación, según informan a El Independiente fuentes presentes en la sala.

El juez, entonces, ha exigido que dijera quién era el responsable de este ámbito y Bolaños ha tenido que salir de la estancia para hacer unas llamadas. La declaración se ha suspendido momentáneamente y a su vuelta el testigo ha señalado el nombre del coordinador de la contratación y ha asegurado que Moncloa ya había enviado estos datos a la instrucción por lo que constan en el sumario.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha argumentado que el personal del complejo de la Moncloa está conformado por más de 2.000 trabajadores y todas las contrataciones se han hecho conforme a la legalidad. Además, ha defendido que todas las esposas de los presidentes de gobiernos han contado con este tipo de asesoras y la única diferencia entre Begoña Gómez y las demás, es que la esposa de Sánchez sólo tiene una.

Ha detallado las funciones que tienen estos cargos que han existido "toda la vida" para tener el control de la agenda de la persona que comparte la vida con el presidente del Ejecutivo. El nombramiento de esta asistente se hizo conforme a la ley de contratación, ha dicho, como personal eventual que se trata de un nombramiento y cese libre. Bolaños ni sabía ni tenía por qué saber a quién se contrataba para Gómez porque las competencias para tramitar esos contratos proceden de una docena de departamentos de la Moncloa, ha explicado, según citadas fuentes.

En línea con su número dos

El nombre de Bolaños salió después de la testifical del que fuera vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, Alfredo González, en julio de 2018 cuando se produjo el contrato. González, que testificó hace unas semanas en el Juzgado, explicó que todo le vino impuesto por su superior jerárquico que, en ese momento, era precisamente Bolaños.

Él, dijo, se limitó a remitir al órgano cometente los nombramientos de las propuestas de personal eventual que, como el Estatuto Básico del Empleado Público estable dice, tanto el nombramiento como el cese es libre.

El magistrado quería hoy escuchar la versión del actual ministro, precisamente, para acotar este asunto. Le tomaba declaración por su anterior puesto como secretario general de la Presidencia, antes de ser ministro, y por eso no se le ha permitido declarar por escrito como indica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para aquellos que sostienen una cartera.