El PP aprieta y aprieta, pero Pedro Sánchez no piensa ceder. Para Alberto Núñez Feijóo, el apagón masivo del lunes es un incentivo más que rema a favor de la prolongación de la vida de las centrales nucleares. Pero para el Gobierno nada cambia, porque ni siquiera probaron ser una tecnología "más resiliente", y el colapso no se produjo por un "exceso de renovables".

La crisis de electricidad vivida en la península ibérica este 28 de abril, aunque ya superada, no solo plantea la gran pregunta de por qué se llegó al cero energético a las 12.33 —el Ejecutivo pretende llegar "hasta el fondo" de lo ocurrido y apunta con nitidez a las eléctricas—, sino que resitúa en primer plano el debate sobre las nucleares. El Gobierno, sin embargo, hace valer su posición: España no puede dar pasos atrás en la transición ecológica ni apostar por fuentes que no contaminan, cierto, pero que no son verdes, porque sus residuos perviven miles y miles de años, ni son baratas. Una postura que ya estaba esgrimiendo frente al PP en la negociación del plan de respuesta a los aranceles de Donald Trump: los conservadores exigen extender la vida de las plantas atómicas que operan en España —hay siete reactores activos—, cancelar el calendario de cierre que se extiende desde 2027 hasta 2035, para dar su apoyo al decreto ley. El texto se convalida la semana que viene en el Congreso y si el PP no le da su respaldo, quedará en manos de Podemos.

El presidente recalca que las nucleares, "lejos de ser una solución", fueron un "problema", y demostraron no ser "resilientes", ya que se desconectaron de la red, igual que el resto de tecnologías

El Gobierno ya había respondido a Feijóo que no habría cambios, que no podía poner como condición una cuestión que supera el marco del decreto de respuesta a la guerra comercial de EEUU, porque eso sería una mera "excusa". Pero la caída total del sistema ha servido al PP para aferrarse a su demanda. De ahí que el presidente enhebrara una defensa de su apuesta política durante su rueda de prensa posterior a las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional y del Consejo de Ministros de este martes. Antes incluso de las preguntas de los periodistas.

Sánchez recordó primero que a las 12.33 la demanda era de 25.180 megavatios, una cifra "relativamente baja y normal", por lo que no había una falta de disponibilidad. "Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares mienten o demuestran su ignorancia", sostuvo. La recuperación del suministro fue posible por la ayuda de las interconexiones con Francia y Marruecos y la activación de las centrales hidroeléctricas y de ciclo combinado. "Durante esta crisis, lejos de ser una solución, las centrales nucleares han sido un problema porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables". El jefe del Ejecutivo lanzó un reproche a las empresas al remarcar que cinco de los siete reactores estaban parados, por decisión de las operadoras, "que afirman que no son competitivas en precio" con las renovables. Además, las plantas atómicas no aguantaron el colapso: la generación nuclear "se desconectó, igual que el resto de tecnologías", "no fue más resiliente". Y encima, agregó, su reposición estaba llevando más tiempo. "Con mayor dependencia nuclear, la recuperación no hubiera sido tan rápida", habría sido "más lenta", adujo.

Un informe de Redeia del pasado febrero señalaba que el aumento de las renovables "implica una mayor incertidumbre" asociada al "desconocimiento de su producción de energía"

El presidente salía al paso de las acusaciones del PP y de algunos análisis que situaron el origen del apagón en el desequilibrio entre oferta y demanda a las 12.33 del lunes, a un "exceso" de renovables. Una conclusión que en absoluto valida el Gobierno. El Ministerio para la Transición Ecológica, el que lidera la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y al que el Consejo de Seguridad Nacional ha encargado una investigación interna para saber qué ocurrió y por qué, sí tuvo que defenderse del informe que en febrero publicó Redeia, la matriz de Red Eléctrica, que preside la exministra socialista Beatriz Corredor. Entonces, el documento analizaba el impacto y los riesgos de las políticas de mitigación del cambio climático. Y advertía de que el incremento de la generación renovable instalada en el sistema —el 60% de la producción en España procede ya de energías limpias— "exige la adaptación de los procesos de gestión y sistemas a requerimientos más exigentes de monitorización y control". A juicio de la compañía, participada en un 20% por la SEPI, el aumento de instalaciones de pequeña potencia, principalmente instalaciones de autoconsumo, "implica una mayor incertidumbre asociada al desconocimiento de su producción de energía, que supone un riesgo para la operación segura del sistema eléctrico". Un riesgo que "se identifica tanto para el medio como para el largo plazo". No identificaba "efectos financieros significativos" asociados a ese riesgo.

Los "riesgos" que apreció Redeia

A su vez, el texto señalaba que el cierre de centrales de generación convencional (carbón, ciclo combinado y nuclear) supone "una reducción de la potencia firme y las capacidades de balance del sistema eléctrico, así como su fortaleza e inercia". "Esto podría aumentar el riesgo de incidentes operacionales que puedan afectar el suministro y la reputación de la empresa. Esta incidencia supone un riesgo, con un horizonte temporal a corto y medio plazo".

La matriz de REE también indicaba que el cierre de centrales de generación convencional supone una "reducción de la potencia firme". El Ejecutivo responde que la empresa hace un "ejercicio teórico", un mapa de riesgos que no se refiere a cuestiones de demanda

¿Y qué hacer frente a ese "riesgo"? Redeia planteó el fortalecimiento de las interconexiones internacionales —muy débiles todavía—, puesta en servicio de sistemas de almacenamiento, desarrollo tecnológico de los convertidores de electrónica de potencia y otras tecnologías que permitan que las necesidades del sistema de inercia y su fortaleza puedan ser provistas por la propia generación renovable o el impulso de mecanismos de flexibilidad y de redes inteligentes". La empresa alegaba que la adaptación a ese impacto no dependía solo de ella misma, sino también de "desarrollos normativos o avances tecnológicos".

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica respondieron que el informe de sostenibilidad de Redeia —que se debe enviar a la CNMV junto a las cuentas anuales— incluye un "mapa de riesgos que no se refiere específicamente a la cobertura de demanda, sino a cuestiones más amplias". Es decir, que lo que hizo la matriz de Red Eléctrica de España (REE) fue un mero "ejercicio teórico", recogió "un catálogo de amenazas hipotéticas, susceptibles de afectar al sector", y que no estaban planteadas como "inmediatas". Dicho de otro modo, que el consejo de administración de la compañía tiene que contemplar aquello que, si se produce, "puede ser relevante para la compañía en los ámbitos operativo, financiero y reputacional", al margen de la probabilidad de que ocurran. De hecho, recordaron, el texto también apunta la posibilidad de un ciberataque. Sin que, por cierto, identifique "efectos financieros significativos asociados a estos riesgos".

El malestar del Gobierno con Redeia es evidente. El presidente, durante su rueda de prensa, se quejó de que había conocido las conclusiones de REE "por los medios". Es decir, que pese a que se había desplazado el lunes hasta en dos ocasiones a la sede del operador —por la mañana, al poco de producirse el apagón y ya en la madrugada del lunes al martes—, no se le había trasladado que descartaban la posibilidad del ciberataque. El presidente también dijo no tener información "concluyente" que apunte a esa opción, pero no quiere descartarla del todo hasta tener todos los datos sobre la mesa. También porque REE ha podido hacer su análisis, pero falta cerrar el círculo con la información proporcionada por las empresas de generación. La intención del Ejecutivo es que el episodio del lunes no vuelva a ocurrir "jamás".

Sánchez, por tanto, prefiere disponer de su propia versión de lo sucedido, a partir de las conclusiones de la investigación interna que dirige Transición Ecológica —con la aportación de organismos como la CNMC—, del informe que elaboren Bruselas y los reguladores independientes, y del examen de los registros que hagan el Incibe y el Centro Criptológico Nacional. El presidente garantizó en su comparecencia que exigiría las "responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados", entre los que incluye a Redeia, porque su capital público es del 20%. Por eso se reunió con Corredor y representantes de las grandes eléctricas (Iberdrola, Naturgy, EDP, Acciona y Endesa) con el fin de demandarles "colaboración" para identificar las causas del cero energético. La posición de Corredor, a quien el líder socialista aupó a la presidencia de Redeia en 2020, como relevo del exministro Jordi Sevilla, es ahora muy delicada.

El jefe del Ejecutivo sitúa la responsabilidad claramente en los operadores "privados", entre los que incluye a REE. Se reúne con ellos tras la rueda de prensa y les pide "colaboración" en el esclarecimiento del cero energético

Respecto a la prórroga de la vida de las nucleares, en el departamento de Aagesen precisan que el calendario de cierre se pactó en 2019 entre las compañías dueñas de las plantas y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), por lo que "nada les impide ampliar esos plazos si quisieran". Lo que ocurre es que las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa, EDP y Naturgy) rechazan seguir operando en las actuales condiciones: se quejan de la elevada carga fiscal y, en especial, del aumento de la llamada tasa Enresa aprobada por Consejo de Ministros el 25 de junio de 2024, y persiguen que se les garantice un hueco fijo en el mercado (en torno al 20% de la producción de energía).

Defensa de la 'tasa Enresa'

"Lo que quieren las empresas es un préstamo para un negocio ruinoso, subvenciones del Estado para mantener vivas las plantas", justifican en Transición Ecológica. Aagesen ya aseguró el pasado 4 de febrero que la tasa Enresa "no es un impuesto, es el coste de la gestión de los residuos radioactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares". "Hablamos de 20.000 millones de euros que tienen que poner encima de la mesa las empresas propietarias. De no ser así, los tenemos que pagar la ciudadanía en su conjunto y eso no cumple con el principio de quien contamina paga", adujo. El 20 de mayo las compañías dueñas de los dos reactores de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) se reunirán para analizar la solicitud de prórroga. La central extremeña es la que primero tiene programado su cierre, para noviembre de 2027 (Almaraz I) y octubre de 2028 (Almaraz II). Luego vendrán Ascó I y Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, y Vandellòs II y Trillo en febrero y mayo de 2035.

Transición recuerda que el calendario de cierre fue pactado entre las empresas propietarias y Enresa en 2019, y que si quieren cambiarlo tendrán que asumir las condiciones actuales, que ellas rechazan

En el equipo de Aagesen señalan que la clausura escalonada, prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, va acompañada de garantías de suministro. Es decir, que la salida de las nucleares del mix energético será compensada por el resto de tecnologías. "Y no ocurrió lo mismo cuando el PP cerró Santa María de Garoña en Burgos, que lo hizo a capón, en lugar de velar por una transición justa", reprochan. También apuntan a la lista de 17 minerales estratégicos que ha elaborado la UE, entre los que no está el uranio, la materia prima fundamental que alimenta las plantas atómicas.

En los ministerios de Economía y Transición remarcan que si el PP no respalda el decreto antiaranceles la próxima semana por la negativa a la prórroga de las nucleares estará dando una simple "excusa", porque "nada tiene que ver" este asunto con la respuesta a la guerra comercial de Trump y la protección a las empresas exportadoras. En cualquier caso, la disposición de los populares se comprobará en las próximas horas. El titular de Economía, Carlos Cuerpo, retoma este miércoles las reuniones con todos los grupos parlamentarios para analizar el decreto ley y posibles nuevas medidas. La única cita presencial prevista es con el PP, pero la asistencia de su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, no está confirmada. "Hay que prorrogar las centrales nucleares y es algo que hemos planteado en nuestra propuesta de competitividad para la economía española", volvió a sostener Feijóo este martes. "Es mezclar churras con merinas —responden en el Gobierno—. Los aranceles de EEUU requieren una respuesta inmediata, mientras que la extensión de vida de las centrales tiene otro calendario que empieza en 2027 y llega hasta 2035".

En el Ejecutivo creen que si el PP no da su respaldo al decreto antiaranceles porque no se prorroga la vida de las plantas atómicas estará poniendo una "excusa", porque son dos temas que "nada tienen que ver"

El apagón se cruza en un momento clave en las relaciones de Ejecutivo y PP. Y no ha hecho sino afianzar las posiciones de las dos partes. Sánchez no piensa renunciar a su apuesta por la transición ecológica y el crecimiento de las renovables, que viven su edad de oro en España.