Aunque el resultado de la votación que se efectuará el próximo jueves aún no está asegurada, tiene, por ahora, capacidad de salir adelante tras el giro de Podemos. Los morados anunciaron este lunes su intención de abstenerse al plan antiaranceles del Gobierno impulsado para afrontar el gravamen del 20% que el Ejecutivo estadounidense que lidera Donald Trump decretó a principios de abril para la Unión Europea. Unas tasas, por ahora suspendidas durante tres meses hasta principios de julio, pero ante las que el Gobierno quiere estar preparado. El voto contrario de los morados apuntaba a una derrota parlamentaria, pero atada esa abstención y el voto de Junts a favor junto al resto de la mayoría de la legislatura, dejan al PP con un papel secundario y sin efectos.

Los populares, hasta hace unas horas, se veían con capacidad de condicionar la votación si el Gobierno no atendía a sus demandas, especialmente la de extender la vida útil de las nucleares. Ello después de que el miércoles pasado el PP rompiese las negociaciones con el Ministerio de Economía al no ver recogidas esa y el resto de demandas mínimas exigidas. Se alejó la posibilidad de alcanzar un nuevo pacto de Estado, escasos en esta legislatura. Hasta este punto, fuentes de la dirección del PP creen que no han pedido nada que no sea "coherente" y tenga solidez.

El Gobierno tiene clara su hoja de ruta hacia un sistema de producción energético ampliamente sostenido con las renovables y donde la nuclear no tiene cabida. Los populares lo reprochan, instando al Ejecutivo a mirar a los socios europeos, a Francia y Alemania, e incluso a la exvicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de signo socialista. Ésta, ahora comisaria de Competencia y Vicepresidenta primera para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, en su examen para el cargo a finales de octubre del año pasado, afirmó que la nuclear "garantiza una sólida cadena de suministro" y que el fomento de pequeños reactores "aumentará la capacidad de producción e innovación de la UE". Ello sin mencionar la situación de España. Hasta Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y líder socialista en la región pide no descolgarse de esa tendencia europea.

Sin Podemos, el Gobierno dependía del PP sí o sí, lo que otorgaba a Génova un canal directo para presionar a Moncloa a hacer un movimiento en favor de la nuclear directamente desde el Consejo de Ministros. A cambio de ver materializados el cómputo de puntos que contiene el decreto del Gobierno. Hasta la fecha, los populares han presentado varias propuestas para logar ese objetivo. La penúltima en abril, con el registro de una proposición de ley para asegurar la descarbonización de la mano de las nucleares que no tiene visos de salir adelante.

Hay varios inconvenientes para que llegue a pleno y para que prospere. La primera es que la Mesa del Congreso, controlada mayoritariamente por PSOE y Sumar, prolongue su toma en consideración con prórrogas sine die de plazo de enmiendas como se hizo en el pasado, por ejemplo, con la ley de la ELA de Ciudadanos. En el caso de pasar ese filtro, tomarse en consideración y trabajarse en comisión, una hipótesis poco palpable, la posición de ERC y Junts sería clave. En caso del voto afirmativo de uno de los dos socios del Gobierno, éste debería modificar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2023-2030). Este no es el único intento.

El decreto antiaranceles era la oportunidad más clara del PP para hacer moverse al Gobierno de sus objetivos de desmantelamiento de las nucleares. La PL registrada en abril no tiene visos de prosperar

Nada más coger el testigo de la presidencia, Alberto Núñez Feijóo incluyó la demanda de cara a un plan de contingencia y de ahorro de energía del Gobierno a mediados de 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania y ante posibles cortes de suministro de Rusia a la UE. Más recientemente, en febrero, el PP llevó una proposición no de ley al Congreso para alargar esa vida útil de los reactores españoles. Salió adelante con los votos Vox y UPN, y se abstuvieron tanto Junts como ERC, para motivar al Gobierno a contemplar el escenario energético del país y de Cataluña. No obstante, ninguna de ellas, como podría ocurrir con la negociación arancelaria era de carácter vinculante para el Ejecutivo.

Una PNL del PP para meter presión

Sin garantías con esa PL de abril, los populares llevan al pleno del Congreso este martes una PNL que tampoco será de carácter vinculante, y que sí podría atraer de nuevo a la abstención a Junts y ERC. Se pide al Gobierno un Plan Nacional de Seguridad de Suministro Energético que, entre otras cosas, reconsidere la fecha de caducidad de los reactores nucleares españoles. Para asegurar bajos costes en la electricidad y reforzar la red y la producción. Aunque fue presentada en octubre, con el debate sobre la mesa, los populares decidieron incluirla en su cupo. Más tras el apagón generalizado de la semana pasada. El PP apuesta por una estrategia que transite hacia un modelo limpio de producción, justo y competitivo, pero que sea equilibrado e incluya la nuclear.

Tanto posconvergentes como republicanos saben que la nuclear tiene gran importancia en Cataluña, donde hay dos reactores en Tarragona —Ascó I y II—de los que dependen miles de empleos. Por ello, se espera un voto similar a la abstención de febrero.

El debate, además, se produce con el objetivo de cierre de los dos reactores de Almaraz (Cáceres) entre 2027 y 2028, y un diseño de desmantelamiento del sistema hasta 2035 como máximo. El Gobierno acaba de autorizar a la empresas pública responsable de la gestión de residuos radiactivos, Enresa, para lanzar la licitación de los trabajos de desmontaje por valor de 23,7 millones de euros más IVA.

Está previsto que las empresas propietarias, caso de Iberdrola, Naturgy y Endesa, se reúnan en junio —se fijaba previamente el 20 de mayo— para decidir si piden un rediseño del plan del Gobierno para fijar 2030 como nuevo límite de cierre. De esa demanda, depende una extensión de plazos del resto de los reactores españoles. Incluso el PSOE extremeño exige esa prórroga, lo que le ha llevado al choque con el Gobierno.

El PP pide que se escuche al Congreso

A sabiendas de la escasa capacidad de que su proposición de ley prospere en el Congreso, por los "intereses" que unen a Junts y ERC con Sánchez y por "el congelador" de propuestas parlamentarias de Francina Armengol, denuncian desde el partido asiduamente, el PP insiste con iniciativas no vinculantes para presionar de manera pública. Aunque la principal demanda del partido es que el Gobierno escuche tanto al sector eléctrico como la voluntad del Parlamento.

El PP exige que el Goberno escuche al Congreso y permita debatir las iniciativas parlamentarias

Con la de hoy y la PNL de febrero el PP cree que el Gobierno hace dejación de funciones al no escuchar el criterio del poder legislativo, de la Cámara Baja. Incluso las invitaciones de sus socios catalanes a replantearse sus objetivos. "No hemos pedido nada que no sea coherente, que no pidan los sectores", afirman fuentes de la dirección nacional del PP, apuntando al criterio y el deseo de las empresas eléctricas así como todos los engranajes productivos y de gestión que hay tras ellas. "No es que lo pida el PP, es que la prolongación de las nucleares fue algo que pidió la mayoría del Congreso, lo pide el sector, lo pide Ribera desde Europa. La nuclear es esencial para mantener el suministro y los precios bajos" en el futuro, aseguran los populares.

Si el motivo es económico, añaden, entienden que con la sobrerecaudación del Gobierno, con más de 9.000 millones de euros en lo que va de año respecto al 2024, creen que hay margen para que el mantenimiento y la prolongación de esos reactores por 10 años no supongan coste alguno para los ciudadanos. Tampoco la gestión de los residuos derivados.

Además de la PNL en favor de la nuclear ya aprobada, el PP solicitó a Carlos Cuerpo la eliminación —o imposición al cero— del impuesto de producción energético. Se reprocha al Ejecutivo que retirase en febrero la ley por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Ya que dentro PP y Junts pactaron una enmienda para suprimir el 7% de gravamen de esa tarifa de producción. No se entiende que ante propuestas pedidas por el sector y la ciudadanía, que tienen respaldo parlamentario, el Gobierno las deniegue.

Aunque el Ejecutivo no tendrá inconvenientes en sacar adelante este jueves la convalidación del decreto antiaranceles, el PP sigue dejando la puerta entreabierta a sentarse con Cuerpo si hay un deseo de hacer un plan "ambicioso" y "realista". "Saben lo que queremos", dicen, al mismo tiempo, sin querer perder más horas en una negociación donde "el Gobierno no se mueve". Al mismo tiempo se insiste en que el PP es quien ha presentado realmente un plan contra esos aranceles, y limitan la propuesta del Gobierno a un conjunto de planes de deuda o de avales cuando hay sobrerecaudación. "Los ciudadanos lo entienden, entienden nuestra posición", reivindican los populares.