El Banco de España ha expuesto este martes en su Informe Anual 2024 que el PIB de la economía española en 2024 se situó en el 3,2%, cifra que cuadriplica el PIB de la Unión Económica Monetaria (0,8%). Un dato que ha sorprendido al Banco, en marzo de 2024 estimaban un crecimiento anual del 1,9%, el informe ha destacado que una de las claves que han determinado este incremento ha sido el "notable aumento del empleo y de la población activa, en gran parte por los flujos migratorios netos". En este sentido, ha advertido que el 76% de todos los puestos de trabajo creados entre finales de 2019 y finales de 2024 han sido ocupados por "nacidos fuera de nuestro país".

La autoridad bancaria ha explicado que este incremento de los flujos migratorios ha sido fundamental para cubrir los puestos de trabajo en sectores donde, según la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE), las empresas han tenido unas mayores dificultades para encontrar mano de obra. De acuerdo con los indicadores disponibles para el Banco, desde 2021 se ha producido un incremento significativo del porcentaje de empresas que declaran dificultades para encontrar mano de obra, pasando del 10% hasta el 43% en 2024, especialmente en el sector de la hostelería (64%) y de la construcción (56%).

No obstante, han advertido que existe una "notable incertidumbre" sobre si este aumento es un reflejo de la situación cíclica de la economía o de un desacople entre las habilidades requeridas y las disponibles.

Con todo, el peso de la población residente en España nacida en el extranjero habría alcanzado un 19,1% del total a finales de 2024, desde el 13,4% de 2011, un porcentaje que "previsiblemente, seguirá aumentando de manera notable en las próximas décadas", han estimado desde la entidad.

Nuevo Reglamento de Extranjería

La importancia que han adquirido los flujos migratorios en el dinamismo de la economía es algo que ya ha interiorizado el Ejecutivo. En este sentido, el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado noviembre, ha entrado en vigor este martes.

Con la nueva legislación, el Gobierno pretende simplificar procedimientos y eliminar duplicidades mejorando los requisitos para que las personas extranjeras puedan obtener una autorización de residencia por "circunstancias excepcionales únicas". Además, introduce un título específico para los visados, clarificando el esquema de autorizaciones, los requisitos y los trámites. Así, las autorizaciones iniciales serán de un año y las renovaciones de hasta cuatro, y también amplía a un año el visado para búsqueda de empleo, limitado anteriormente a tres meses. Sin embargo, la iniciativa no ha quedado exenta de críticas.

Diversas entidades sociales como Red Acoge, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Servicio Jesuita Migrantes (SJM) o Cáritas han explicado que el Reglamento "no va a resolver de manera inmediata la situación de irregularidad en la que se encuentran miles de personas", por lo que instan al Gobierno a aprobar en paralelo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de migrantes.

La ILP ha sido presentada también este martes por el grupo socialista en el Congreso. Se trata de una propuesta promovida por organizaciones sociales que llevaba más de un año estancada y que podría suplir las limitaciones del nuevo Reglamento. Con ella, se aspira a conceder permisos de residencia y trabajo a los inmigrantes que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2024, una medida que podría beneficiar a unas 470.000 personas.

La iniciativa fue aprobada para su tramitación parlamentaria el pasado 9 de abril de 2024, con el único voto en contra de Vox. Desde entonces, los grupos parlamentarios han ido presentado enmiendas aunque las negociaciones han avanzado lentamente. Aunque la propuesta contempla un marco temporal determinado, eso no implica que todas las personas en situación administrativa irregular presentes en España en ese momento vayan a beneficiarse automáticamente. Se establecerán criterios específicos —como la ausencia de antecedentes penales, la acreditación de la estancia en el país o la situación de vulnerabilidad— que aún deben ser definidos en el proceso negociador.