La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una advertencia clara a las administraciones públicas: es necesario mantener las ayudas al transporte público más allá del 1 de julio de 2025, fecha en la que está previsto que finalicen las actuales bonificaciones financiadas por el Gobierno y complementadas por las comunidades autónomas. 

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El temor de la organización es que la supresión de estas ayudas provoque un aumento significativo del uso del coche privado, con el consiguiente incremento del tráfico, la contaminación y el deterioro de la calidad de vida en las ciudades españolas.

Desde 2022, los usuarios del transporte público han disfrutado de importantes descuentos, que en algunos casos han alcanzado hasta el 60% gracias a la financiación conjunta del Estado y las administraciones autonómicas. 

Sin embargo, a partir del 1 de julio, estos descuentos se reducirán o desaparecerán, lo que se traducirá en una subida notable de los precios de abonos y billetes. 

Por ejemplo, en Madrid, el abono mensual de la zona A pasará de 21,80 a 32,80 euros, y el de 10 viajes subirá de 6,10 a 7,30 euros. Aunque se mantienen algunas ayudas para jóvenes, menores y mayores, la mayoría de los usuarios verá encarecidos sus desplazamientos diarios.

La OCU advierte que el fin de las ayudas puede revertir los avances logrados en los últimos años en materia de movilidad sostenible. Según una encuesta reciente de la organización, tres de cada cuatro ciudadanos consideran que el transporte público es la mejor herramienta para reducir el tráfico y la contaminación urbana. 

Además, los datos muestran que, tras la implantación de las ayudas, el uso del coche descendió un 4% en Barcelona y se incrementó el número de usuarios del transporte público en Madrid. El temor es que, con el encarecimiento de los títulos de transporte, muchos ciudadanos opten de nuevo por el vehículo privado, lo que supondría más atascos, ruido, polución y un aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

La OCU insiste en que las ayudas al transporte público no solo deben mantenerse para colectivos específicos como jóvenes y mayores, sino que deberían ampliarse a toda la población. 

Además, reclama una apuesta firme por la mejora de la calidad, la puntualidad y la extensión de las redes de transporte, así como la integración de alternativas sostenibles como carriles bici y servicios de coche compartido. 

Para la organización, el transporte colectivo debe ser el pilar central de una movilidad urbana eficiente, limpia y saludable, en línea con las exigencias de las zonas de bajas emisiones y los objetivos de sostenibilidad de las ciudades españolas.

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