El Gobierno espera al sumario para confirmar o cambiar su línea de defensa de Zapatero

El Ejecutivo se aferra a su mástil. Entiende que por el momento debe mantener intacta su confianza en José Luis Rodríguez Zapatero, porque no hay nada nuevo sobre la mesa, nada que le señale directamente, según su lectura del auto del juez José Luis Calama. Se impone la cautela hasta la declaración del expresidente en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio. O tal vez las cosas puedan cambiar antes, porque el lunes se conocerá el sumario que sustenta la resolución del magistrado. Y si contuviera nuevas evidencias que le acorralasen, el Gobierno asume que tendrá que recalcular su posición. De cualquier modo, ya advierte de que nada afectará a su estabilidad, pase lo que pase: el horizonte de fin de la legislatura es el mismo, 2027, como se encargó de repetir Pedro Sánchez este pasado miércoles en la sesión de control en el Congreso.

Se preveía que la siguiente pantalla que empujase el caso Zapatero pudiese llegar este mismo viernes, al poder acceder las partes a todo el sumario que permaneció secreto hasta el pasado martes, cuando el juez Calama lo levantó. Pero al final todo apunta a que se conocerán en su integridad todos los informes y diligencias practicadas el próximo lunes.

Que salga todo el sumario a la luz es relevante porque podría contener esas pruebas documentales de los delitos de los que se acusa a Zapatero y que sin embargo no están reflejadas en el auto, que no deja de ser una resolución resumen de 88 páginas con la que el magistrado apoya su decisión de citar al expresidente como imputado para el 2 de junio y de proceder a los registros de su oficina en la calle de Ferraz y de las empresas que forman parte de la red societaria que supuestamente él encabeza.

La tesis esgrimida por la Moncloa y por Ferraz es que el auto, aunque es "sólido", y "serio", aunque se aprecie el "esfuerzo" argumentativo en el juez Calama —que no ven en Juan Carlos Peinado, el instructor del caso Begoña Gómez—, no contiene ninguna pistola humeante. Recoge "indicios, que no pruebas" contra Zapatero.

Es decir, que no hay en él, en sus 88 páginas, "material probatorio" concluyente contra el expresidente, puesto que lo que sí aporta son conversaciones de terceros, pero no de él, ni grabaciones o capturas de sus dispositivos. La resolución judicial, no obstante, sí describe que Gertrudis Alcázar, Gertru, la secretaria de toda la vida del exjefe del Ejecutivo, es una "pieza operativa esencial dentro de la red organizada", y del análisis de los correos electrónicos intervenidos se desprende que, "junto con Cristóbal Cano [la mano derecha de Julio Martínez Martínez, administrador de la mercantil Análisis Relevante], desempeña funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red —también denominada Finance Boutique—, recibiendo instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos recibidos y emitidos por el entramado societario".

En la sala de máquinas del Gobierno indican que, si hubiera evidencias más potentes contra Zapatero, deberían encontrarse en el sumario, pero su sensación, por ahora, es que eso no pasará. Es decir, que tampoco en los informes policiales o de la Agencia Tributaria habrá nada que le pueda señalar. "Nuestro feeling es que nada cambiará lo que pensamos hoy. Tenemos máxima confianza en el expresidente y en su inocencia. Es una persona honorable", esgrimen.

Esa confianza en sus palabras, en lo que él mismo ha venido diciendo, se escucha por boca de muchos dirigentes del partido, también por amigos personales suyos que insisten en que no les encaja en absoluto que Zapatero pudiera haber cometido actividades presuntamente delictivas. "Parece que hay evidencias de que había gente que utilizaba su nombre para hacer negocios. La duda que tengo es si él era consciente —señala una persona muy cercana—. Creo que es inocente y que su error ha sido ser un inocente. Luego estará el tema de si el informe de la UDEF [Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional] es poco riguroso o si el juez ha ido demasiado lejos al dibujar ya una conclusión un poco aventurada". En el fondo, nadie en el partido y en el entorno de Zapatero quiere creer que puede haber algo ilegal. La imputación ya ha supuesto una enorme sacudida, el avance de la investigación sería un mazazo aún mayor.

Sin rueda de prensa

El expresidente ya ha trasladado que, pese a lo que prometió el martes por la tarde, antes de que se conociera el auto, no concederá entrevistas ni dará una rueda de prensa, por consejo de su letrado, Víctor Moreno Catena. "En todo caso, él ya respondió muchas preguntas", añaden, "tanto en su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado [el pasado 2 de marzo] como en la posterior entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero".

Zapatero, en ambas ocasiones, y también en su vídeo grabado y difundido a los medios del martes, niega haber realizado gestión alguna a favor de Plus Ultra, niega haber desempeñado cualquier labor de lobby, niega haber tenido ninguna empresa ni a través de terceros ni en España, ni fuera de España. El juez sí subraya que las diligencias practicadas evidencian "la existencia de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias", liderada por el exmandatario socialista, cuyo fin habría sido "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la compañía Plus Ultra". Además, Zapatero, según infiere el magistrado, dio las "instrucciones" para la constitución de una empresa offshore en Dubái.

En la Moncloa insisten en que nada de lo que pueda pasar con el expresidente afectará a la estabilidad del Gobierno. Recuerdan que los socios, aunque hayan puesto más tierra de por medio con Zapatero respecto a las primeras horas, tras el estallido de su imputación, siguen pensando que la línea roja es la financiación ilegal del PSOE, una cuestión que, al menos de momento no ha aflorado. La Audiencia investiga los pagos en b a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, pero el sumario de esa pieza continúa secreto y se desconoce si puede desembocar en la detección de financiación irregular del partido, algo que en Ferraz y en la Moncloa niegan que haya podido pasar.

"No hay nada que afecte a la estabilidad de la legislatura. Quien quiera presentar una moción de censura, que la presente", retan en el corazón del Ejecutivo al PP. Los populares ya han dejado claro que quieren emprender una "ofensiva total" con este caso y ayer anunciaron que llamarán a comparecer en la comisión SEPI del Senado —Cámara que controlan con mayoría absoluta— a Gertru Alcázar y a José Luis Escrivá, ministro de 2020 a 2024 y hoy gobernador del Banco de España. Según el auto, Escrivá, cuando era titular de Seguridad Social, se reunió con el expresidente el 7 de septiembre de 2020 y, un mes más tarde, Plus Ultra consiguió un nuevo aplazamiento de la deuda contraída con la Seguridad Social por importe de 451.954,79 euros. Desde el entorno del exministro explicaban este jueves a El Independiente que se encontró con Zapatero para hablar de las medidas del covid, pero no para hablar de ningún aplazamiento de la deuda de la compañía aérea.

Por el momento, en la Moncloa, a la espera de conocer el sumario, subrayan que siguen instalados en la "tranquilidad y el sosiego". "Nuestra opinión está clara hasta que haya una posible novedad. Presunción de inocencia hasta el final", remarcan.

El rescate "cumplía los requisitos"

Lo que sí hizo el Gobierno este jueves fue volcarse de nuevo en la defensa del rescate de Plus Ultra, para insistir, como siempre ha hecho, en que fue una operación legal en la que no hubo ningún trato de favor. La compañía aérea recibió el 9 de marzo de 2021 una ayuda con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por importe de 53 millones de euros.

En el Ejecutivo recuerdan que Plus Ultra, como compañía aérea, "formaba parte de un sector estratégico, como así lo marcaba la normativa, y cumplía los requisitos en una empresa de este sector". Las ayudas recibidas respondían a un procedimiento administrativo tasado, esgrimen. Así, las aerolíneas que necesitaron una ayuda del Estado para cubrir el paro de actividad por la pandemia de covid y que cumplían los requisitos, recibieron los préstamos del FASEE. "Un total de 890 millones de euros para Air Europa, Volotea. 200, Air Nostrum, Plus Ultra, Wamos Air y Evelop Airlines (como beneficiaria de la ayuda de Avoris)".

"La adjudicación de los préstamos se basa en un marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad y ni la discriminación. La normativa exige el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos". El Gobierno explica que en el procedimiento administrativo "participan los servicios técnicos de SEPI, asesores externos y la compañía".

La resolución favorable del expediente de Plus Ultra por parte del consejo gestor del FASEE —el 2 de marzo de 2021— "se tomó en base a media docena de informes técnicos", y "todos ellos avalaron y confirmaban el cumplimiento" por parte de la aerolínea de las exigencias previstas. Después, el Consejo de Ministros, en su reunión del 9 de marzo, aprobó definitivamente la operación.

Estos préstamos, sigue el Ejecutivo, "tienen un exhaustivo control por parte de la Administración, con un procedimiento administrativo y garantista". Y este fue el caso de Plus Ultra. El expediente, rubrica la Moncloa, fue "tramitado y avalado por los servicios técnicos de la SEPI", "contó con el asesoramiento de sendos asesores financiero y jurídico externos", "fue revisado infructuosamente por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, por la Fiscalía, por numerosas acusaciones populares y también por un perito judicial". También fue "analizado por la Comisión Europea, que "no halló ninguna irregularidad en el régimen de ayudas de Estado", está incluido en la auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), fue "fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, concluyendo la legalidad de la ayuda" y "ha sido objeto de puntual seguimiento por la Comisión Europea". Además, el Tribunal de Justicia de la UE "ha avalado el régimen de ayudas".

También sobre el aplazamiento de la deuda

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que desde noviembre de 2023 dirige Elma Saiz, apuntaron a su vez que la tramitación de los aplazamientos de deuda —como consiguió Plus Ultra en 2020— está dentro del ámbito de competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), y se efectúan siguiendo "el máximo rigor y la legalidad vigente y sin ánimo de perjudicar o favorecer a una compañía concreta". Es decir, que la TGSS "actúa de acuerdo con criterios estrictamente técnicos".

La figura del aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social, defiende el ministerio, es una "herramienta habitual" que solicitan muchas empresas en momentos "puntuales". En pandemia se utilizó "de forma más intensiva", porque el Gobierno de coalición "puso a disposición varios instrumentos de este tipo para mejorar la liquidez del tejido empresarial en este periodo tan complicado". Pone un ejemplo: en 2020 se concedieron más de 137.000 aplazamientos, el doble que el año anterior.

"Para recibir un aplazamiento, las empresas tienen que acreditar una dificultad transitoria de liquidez y su viabilidad de pagar los vencimientos del aplazamiento, que se debe justificar con garantías. Además, se tiene en cuenta a la hora de aprobarlo, en caso de que haya habido aplazamientos anteriores, que se hayan abonado en el periodo previsto, y que a la vista de la documentación aportada acrediten viabilidad". Según apunta el ministerio de Elma Saiz, la concesión del aplazamiento de la deuda a Plus Ultra "se ciñó en ese momento a la normativa vigente y al proceder normal en una situación de este tipo". "Todos los aplazamientos concedidos finalizaron por pago". Concluye asegurando que los certificados de estar al corriente de pago con la Seguridad Social "se expiden de forma automática, como si se tratase del certificado de vida laboral, sin que lo tenga que conceder un funcionario en concreto".

El Ejecutivo, por tanto, volvía ayer sobre sus pasos, sobre lo que siempre ha defendido, empezando por el propio Sánchez, que la operación de rescate siempre fue pulcra, acorde con los procedimientos reglados y revisada por la Justicia española y europea y por la Comisión. El juez no pone en duda el auxilio a Plus Ultra, lo que investiga es si en torno a él orbitaba una presunta red urdida por Zapatero para el cobro de comisiones ilegales. El Gobierno confía en que no fue así, que el expresidente, icono absoluto de la izquierda, podrá salir indemne, largo proceso judicial mediante.