La Junta de Portavoces del Congreso fijó para el próximo martes 22 de julio un pleno parlamentario extraordinario —el periodo de sesiones acaba este mes— para el debate y votación de diversos asuntos en los que se estima que se dé encaje a las votaciones de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts contra el proyecto de ley del Gobierno para la reducción de la jornada laboral. Llevarlo a septiembre, se considera dentro de Sumar, sería alargar demasiado el trámite.

Este debate es el segundo paso parlamentario al que se enfrenta el texto del Ejecutivo —tras la calificación de la Mesa—, propuesto inicialmente por Sumar y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Es su propuesta estrella, aunque se ha pactado con el Ministerio de Economía del Carlos Cuerpo, de la cuota socialista.

Sin contar con PP y Vox, la posición en Sumar es la de confiar en que habrá un giro por parte de Junts. Creen que los neoconvergentes, que ahora rechazan en su totalidad el proyecto del Gobierno, rectificarán y admitirán que la propuesta avance en la tramitación legislativa para abordar ya un debate más detallado dentro de la Comisión de Trabajo del Congreso, que es la que estudiará y modificará la propuesta. Fuentes magentas consultadas por El Independiente esperan que "la presión" pueda a los de Carles Puigdemont. "Es una forma de desbloquear" la situación, enquistada desde hace semanas atrás en las distintas reuniones mantenidas. Obliga a Junts a moverse, explican.

Desde el entorno de la vicepresidenta segunda, se muestra tranquilidad pese a esa negativa de Junts para dar recorrido a la ley de Trabajo. Se pide "confiar" en la capacidad de negociación. Mientras Junts —socio clave de la investidura para el Gobierno— se opone, fuentes próximas a Díaz prevén que se podrá avanzar y que una de sus medidas clave no quedarán en papel mojado. De hecho, se pone la presión sobre el PP: "¿Ellos qué harán? ¿Van a rechazar una medida que piden tres de cada cuatro españoles? Luego [Alberto Núñez] Feijóo hablarán de conciliación".

Lo cierto es que en el entorno de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo gana la positividad. Contrasta de bruces con las posturas sostenidas por diferentes voces de Junts, que repudian la propuesta magenta. De hecho, se puede apreciar en la exposición de motivos de la propia enmienda general presentada contra la ley. Se habla de poca rigurosidad del texto y se aquejan de la falta de consideración que hay respecto al impacto que puede tener esta norma sobre la actividad económica y el empleo. Además, creen que nace tocada por no consensuarse entre empleadores y trabajadores.

Los de Puigdemont, de hecho, han recibido presiones de la patronal catalana, de Foment del Treball, para oponerse a esta norma. Internamente, creen que su electorado, en gran parte autónomos y propietarios de pyme, entenderán la negativa a la reducción de la jornada.

Una forma de negociación

Fuentes de Junts replican que mientras se reducen horas a los trabajadores, los pequeños propietarios y autónomos terminarán asumiendo esas horas vacías y aumentando a más de esas 37,5 horas semanales su actividad particular. Junts, pide poner el foco en lo "verdaderamente importante", que a su juicio es "la lucha contra el absentismo labora, el paro juvenil y conseguir general valor añadido". Y eso no pasa por la negociación, según los independentistas catalanes, sino por arrojar el proyecto a la basura y ponerse a trabajar en una nueva propuesta "seria". Por ahora, el rechazo de Junts añadido al de PP y Vox, garantiza 177 votos en contra de la ley.

Junts prioriza atajar el absentismo laboral o fomentar medidas para reducir el paro juvenil. Sumar contempla ayudas a las pymes para que los de Puigdemont se abran a apoyar la ley

Dentro de Sumar hay quien ve esa enmienda a la totalidad como una forma de negociación por parte de Junts. Pero, de mantenerse en las mismas los neoconvergentes, Trabajo garantiza que buscaría alternativas para ver cumplidas algunas de sus propuestas en el marco de ese proyecto de ley. Se sugiere la posibilidad de endurecer el registro horario vía decreto, sin necesidad de que pase por el Congreso. A priori, los de Míriam Nogueras en la Cámara Baja niegan que vayan a abrirse a concesiones. Ni si quiera desistir en este control de las entradas y salidas de los trabajadores, para fiscalizar la jornada y las horas extra que se hagan, abriría a Junts a replantearse la posición.

Confianza en las contrapartidas

Sin embargo, Díaz viene trabajando con el resto de socios —que avalan la norma— de cara a la posibilidad de avanzar a comisión. Pese a las diferencias, no se ha desistido de seguir sentándose con Junts. "Nos hemos sentado en varias ocasiones, hay pocos avances y bastante asentamiento de las posiciones", dicen fuentes conocedoras de lo allí tratado. El martes de la semana pasada se estimaba una nueva reunión con Junts, pero el escándalo de Santos Cerdán por supuesta corrupción enmarcada dentro del caso Koldo, la crisis del PSOE y la ronda de encuentros mantenida por Pedro Sánchez con los socios para evaluar el estado del Gobierno, aplazó los planes de los magentas.

Tras ese encuentro de Sánchez con Nogueras y Jordi Turull, secretario general de Junts, los independentistas vieron "garantías" por parte de Sánchez para dar continuidad a la legislatura y cumplir con los compromisos pactados para la investidura de 2023. La disposición a seguir sentándose con el Gobierno es clara, siempre que beneficie a los intereses de Cataluña, y sobre eso quiere pivotar Díaz. Fuentes de Trabajo insisten en mantener la discreción sobre las negociaciones con los socios, especialmente con los de Puigdemont. No obstante, hay confianza en que una oferta de ayudas a las pymes y a los autónomos sirva como herramienta de negociación. Para que Junts tumbe su propia enmienda, haga lo mismo con la del PP y Vox en colaboración con el resto de socios y se abra a negociar.