El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados un paquete de 15 medidas contra la corrupción para dar respuesta a las exigencias de sus socios parlamentarios, que le reclamaban actuaciones concretas tras los escándalos vinculados al 'caso Koldo', un episodio que ha tensado la legislatura hasta el límite y que ha sacudido los cimientos del Ejecutivo.

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No obstante, la legislación española ya contempla un conjunto amplio de herramientas para prevenir y combatir la corrupción. La Ley de Contratos del Sector Público, por ejemplo, obliga en su artículo 64 a los órganos de contratación a adoptar medidas activas frente al fraude, el favoritismo y la corrupción, y a prevenir, detectar y resolver los conflictos de intereses en los procedimientos de licitación. La norma amplía el concepto de conflicto de intereses más allá del vínculo económico directo e incluye cualquier situación que pueda comprometer la imparcialidad del personal implicado en una adjudicación. Además, impone el deber de comunicar de inmediato cualquier posible conflicto al órgano de contratación.

Asimismo, en el artículo 71, establece un catálogo de prohibiciones de contratar que afecta a personas y empresas condenadas por delitos como cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o financiación ilegal de partidos, entre otros. Esta inhabilitación se extiende a las personas jurídicas cuyos administradores hayan sido condenados o sancionados por infracciones muy graves en materia laboral, medioambiental o de igualdad. El objetivo es evitar que fondos públicos terminen en manos de personas con antecedentes penales o sanciones administrativas.

Por otro lado, el Código Penal también recoge los principales delitos vinculados a la corrupción, tanto en el ámbito público como privado. Entre ellos figuran el cohecho, la prevaricación, la malversación de caudales públicos o el tráfico de influencias. Estos delitos están penados con sanciones que van desde la inhabilitación hasta penas de prisión, en función de la gravedad y del tipo de conducta. También contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que permite sancionar a empresas por hechos delictivos cometidos por sus directivos o empleados si no existían mecanismos eficaces de prevención.

Además, España cuenta con mecanismos administrativos orientados a la prevención, como el Portal de Transparencia, creado al amparo de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que obliga a las administraciones públicas a publicar de forma periódica y actualizada información sobre su actividad. A través de esta plataforma, cualquier ciudadano puede solicitar información a las administraciones, que están obligadas a dar respuesta.

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