Los correos del 'caso Montoro' muestran que el ministro abusó de su poder al frente de Hacienda

Los correos que se hallaron en el marco de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona evidencian que el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro abusó de su poder cuando formaba parte del Gobierno utilizando datos fiscales de sus rivales políticos, de periodistas o tratando de modular la respuesta de la Agencia Tributaria a determinadas causas judiciales para que éstas les fueran más favorables. Distintas fuentes con acceso a las diligencias aseguran que el material que se incautó refleja el modus operandi de Montoro, que ayer dejó su militancia 'popular', dentro del Ejecutivo. "Es muy grave", advierten. El juez Rubén Rus Vela, sin embargo, ha circunscrito la causa únicamente a lo relativo a las empresas gasísticas y los tratos de favor que supuestamente se hicieron desde el Ejecutivo, según explican fuentes jurídicas, y ha ordenado un expurgo de emails antes de dar traslado a las partes del sumario. La duda está ahora en qué es lo que quedará incorporado dentro de la investigación y si el asunto escalará.

El Independiente desveló por primera vez en octubre de 2023 la existencia de unas diligencias secretas que afectaban a Montoro y al 'lobby' que presuntamente ejercía sobre su Ministerio el despacho de Equipo Económico, al que él había pertenecido. Un mes antes, el 26 de septiembre de ese año, se produjo un cónclave en la Fiscalía Anticorrupción precisamente para determinar la postura que seguiría el Ministerio Público en esta causa en la que se habían hallado numerosos correos que podían acarrear un posible delito de revelación de secretos en el seno de Hacienda.

Lo cierto es que esta investigación deviene de un "hallazgo casual" de los Mossos d'Esquadra en el marco de una entrada y registro a la empresa Messer Ibérica Gases S.A. en la localidad de Vilaseca y Morell en 2017. Los empresarios hablaban de que había que contratar a la mercantil Equipo Económico para obtener modificaciones legislativas favorables para las empresas de gas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales, y esto hizo saltar la alarma de los investigadores que vieron en esta acción una trama delictiva.

Comenzaron a tirar de este hilo en 2018, y durante 7 años la causa ha estado bajo llave. En un momento dado, el magistrado requirió a Hacienda que entregaran los correos de la etapa de Montoro y la Agencia Tributaria entregó todo el material. Fue entonces cuando aparecieron decenas de emails que, sin estar relacionados concretamente con las empresas de gas, revelaban malas prácticas dentro del Ministerio. La decisión de si había o no había delito y si había que indagar en este asunto provocó fricciones en la Fiscalía Anticorrupción.

En esa correspondencia entre Montoro y miembros de su equipo ministerial --buena parte ahora imputados en el Juzgado de Tarragona-- se hallaron informaciones muy relevantes sobre la situación fiscal de algunos rivales políticos del ministro como de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre o del exvicepresidente del Gobierno del PP Rodrigo Rato. De hecho, la abogada de éste llegó a solicitar antes del juicio que se celebró a principios de 2024 que se le diera acceso a estos correos sin éxito. Rato siempre ha defendido que la cúpula de Hacienda entonces conspiró contra él.

También existen emails de persecuciones a informadores, como ha venido publicando este medio y otros como 'El Periódico'. Entre ellos, el periodista de ABC, Javier Chicote, que ayer explicó cómo en el Ministerio se realizó el "informe Chicote" y se inspeccionó hasta el más mínimo detalle de su vida financiera y la de toda su familia cuando él publicó en el periódico el 'lobby' que se estaba produciendo en el Ejecutivo que dirigía Mariano Rajoy de la mano del despacho en el que había estado Montoro.

Los investigadores han tenido acceso igualmente a correos hallados en Hacienda sobre el empresario y adjunto a la presidencia de Atresmedia Mauricio Casals; o sobre el banquero y empresario Mario Conde.

Las prácticas oscuras de Montoro no eran ningún secreto y públicamente han denunciado desencuentros el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, cuyos problemas fiscales terminaron filtrados en la prensa, o la propia Aguirre. Ayer mismo, el periodista y presentador radiofónico Carlos Alsina denunció cómo Montoro le amenazó en 2017: "Soy el ministro de Hacienda, yo decido el IVA del libro digital y no creo que a los accionistas de tu grupo les guste que lo suba. Tenlo presente". Y añadió que el político "entendía el poder como una vía para premiar favores, beneficiar a afines y castigar a quien no traga". "No hace falta, al menos por mi parte, que el juez se esfuerce en demostrarlo", apuntó el locutor.

Otras fuentes del mundo periodístico aseguran que ese proceder no era aislado y que el exministro filtró información fiscal de algunos políticos a medios afines y amenazó con inspecciones tributarias a quienes no se portaran bien con su gestión.

Lo que aparece en los correos incautados por los Mossos y la Guardia Civil va más allá. Las fuentes consultadas describen emails en los que el equipo ministerial trata de manipular procedimientos judiciales, como respuestas al juez Pablo Ruz que instruía en ese momento en la Audiencia Nacional el 'caso Gürtel'. Al poder de Montoro llegaban, además, informes relativos a procedimientos judiciales en curso, incluso aunque estuvieran secretos, y le advirtieron de entradas y registros que se iban a producir en determinadas localidades.

Anticorrupción decidió no investigar y el juez lo ha dejado fuera

En el escrito del juez de Tarragona por el que decidió este miércoles levantar el secreto de sumario, se observa cómo los correos han sido eje medular para apuntalar las imputaciones a los miembros más cercanos a Montoro. De Miguel Ferre Nete, exsecretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016, apunta que, "como evidencian los correos intervenidos", ejerció un papel decisivo en el cambio de anteproyecto de leyes y proyectos de reglamento para recoger las pretensiones de las empresas gasísticas; lo mismo que señala con Óscar de la Amo, exsubdirector de Tributos Locales en 2011: "Los correos intervenidos revelan que mantuvo contacto y reuniones con las gasistas".

Sin embargo, el magistrado ha puesto la frontera de la investigación únicamente en lo relativa a las empresas gasísticas. Según aseguran fuentes del Tribunal Superior de Justicia Catalán no existe ninguna pieza separada en la que se está indagando nada diferente, puesto que la Fiscalía entendió que en los correos recabados por la Agencia Tributaria no había delito.

En el auto de ayer, el juez pedía "el expurgo de los correos de interés para la causa" sin aclarar efectivamente a cuáles se refería. Las fuentes consultadas entienden que en el sumario que se dará traslado a las partes se incorporará el rastro de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encontraron esos correos y la existencia de un informe de la Fiscalía en el que rechaza un posible delito de revelación de secretos, pero no los correos en sí. Ahora bien, dichas voces jurídicas entienden que la instrucción es una "causa viva" y las partes personadas a partir de ahora pueden pedir cuantas diligencias quieran.

La fiscal que se encargaba del caso hasta septiembre de 2023, Carmen García Cerdá, entendía que sí había que analizar si en todos estos intercambios existían hechos delictivos cuando los trabajadores de Hacienda informaban a Montoro de procedimientos en curso o de la situación fiscal de personas concretas con nombre y apellido.

La Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón celebró un cónclave para acoger una postura y la mayoría de la Junta (19 votos contra 5) decidió apoyar al jefe que consideraba, por el contrario, que no existía una revelación de secretos. La tesis de los fiscales es que Montoro tenía derecho por ley a tener información de todos los procesos judiciales incluidos aquellos que estuvieran secretos porque cuando un inspector de Hacienda acude en auxilio judicial debe dar cuenta a su superior para que exista unidad de criterio y, en este caso, el máximo representante de la Agencia Tributaria era Montoro.

Se debatió la idea de que pudieran remitirse estos correos a los diferentes procedimientos que afectaban, o que pudiera crearse una pieza nueva dentro de esta investigación o abrir una nueva causa con los emails de Hacienda. Anticorrupción, en cambio, decidió que estos debían omitirse porque no tenían que ver con el objeto de la causa y porque no había delito. Ahora habrá que esperar a lo que decida hacer el instructor Rubén Rus con esta documentación y qué diligencias pedirá la única acusación popular que, de momento, está personada en el procedimiento, Adade juristas, según confirman en el TSJCat.